*
22.07.2026.- Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar apoyo y protección consular, luego de denunciar presuntos actos de hostigamiento derivados de sus pronunciamientos públicos en defensa de su padre, quien enfrenta una investigación por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La hija del exmandatario estatal informó que buscó acercamiento con representantes diplomáticos estadounidenses para exponer la situación que atraviesa su familia y pedir acompañamiento ante lo que considera una persecución política en contra de Ernesto Ruffo Appel.
A través de mensajes difundidos públicamente, Verónica Ruffo afirmó que las acciones emprendidas contra su padre tienen un trasfondo político y cuestionó el proceso judicial que mantiene al exgobernador bajo investigación. “Mi padre es un preso político”, expresó al referirse a la situación legal del exgobernador, cuya defensa ha rechazado las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República.
También responsabilizó al Gobierno de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum por la integridad física y el estado de salud de su padre durante el desarrollo del proceso judicial. Hasta el momento, la Presidencia de la República y otras autoridades federales no han emitido una respuesta pública a estos señalamientos.
Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue el primer mandatario estatal de oposición tras décadas de gobiernos priistas, fue detenido recientemente como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con el llamado “huachicol fiscal”, una modalidad de contrabando de combustibles que implica la presunta evasión de impuestos mediante esquemas irregulares de importación y comercialización de hidrocarburos.
La autoridad ministerial sostiene que existen elementos para investigar una posible participación del exgobernador dentro de una estructura vinculada con operaciones ilícitas. Sin embargo, hasta ahora no existe una sentencia definitiva en su contra y será el Poder Judicial el encargado de determinar si las pruebas presentadas son suficientes para acreditar responsabilidades penales.
La defensa de Ruffo Appel ha insistido en que el exgobernador no participó en actividades ilegales y ha argumentado que su relación con empresas bajo investigación no implica responsabilidad directa en los delitos que se le atribuyen.
El caso ha generado una disputa política entre sectores que consideran que la investigación representa un combate contra redes de corrupción vinculadas al contrabando de combustibles y quienes sostienen que se trata de una acción con motivaciones políticas contra un personaje histórico del Partido Acción Nacional.
La visita de Verónica Ruffo a la representación diplomática estadounidense ocurre mientras continúa el proceso judicial para definir la situación jurídica del exgobernador. Paralelamente, autoridades financieras mantienen medidas de revisión sobre posibles movimientos económicos relacionados con la investigación.
La solicitud de apoyo consular abre un nuevo capítulo en un caso que ha trascendido el ámbito judicial y se ha convertido en un punto de confrontación política entre familiares del exmandatario, sectores de oposición y autoridades federales.
Hasta ahora, ninguna instancia del Gobierno de México ha informado sobre acciones relacionadas con las acusaciones de hostigamiento denunciadas por Verónica Ruffo ni sobre los señalamientos de supuesta persecución política formulados en defensa de su padre.