*Miscelánea, Salud y Política.
/Judith Álamo López/
«El precio de la libertad es la eterna vigilancia»: Thomas Jefferson.
Cuánta preocupación generó en la opinión pública la disminución de la calidad educativa en México y su relación con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que implantó en libros de texto gratuitos la llamada Cuarta Transformación, bajo el mando de Marx Arriaga, quien, como director de Materiales Educativos de la SEP, se caracterizó por su militancia obradorista y por querer adoctrinar a niños y jóvenes mexicanos con ideas comunistas.
Según resultados oficiales de la aplicación de la prueba PISA entre países miembros de la OCDE, publicados en septiembre de 2026, México en 2025 registró la caída más grave en matemáticas y lectura, donde el puntaje promedio disminuyó siete puntos en comparación con la edición de 2022.
Desde que se dieron a conocer los libros de texto gratuito, los docentes criticaron que la NEM haya sustituido materias tradicionales como las matemáticas por enfoques comunitarios, lo que diluye el rigor científico de una materia esencial para el desarrollo cognitivo personal, básica para la comprensión de ciencia y tecnología.
También consideran que los nuevos criterios son contrarios a la comprensión de la lectura, y explican: al fusionar la tradicional materia Español con Lenguajes –juntaron inglés, artes y lenguas indígenas–también diluyeron la materia en proyectos comunitarios transversales, consiguiendo pérdida del rigor científico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lecto-escritura desde la educación primaria.
Denunciaron que detrás de la retórica humanista de la NEM existe un sesgo ideológico o político orientado a debilitar la competitividad internacional en evaluaciones globales (como la prueba PISA).
Para el segundo piso de 4T, autodenominación asumida por la presidente Claudia Sheinbaum, la prueba PISA tiene limitaciones al evaluar a todas las naciones con los mismos parámetros sin considerar las características regionales o de cada sistema educativo.
Tiene razón en lo que dice, pero nunca es tarde para corregir los desaciertos de un sistema ineficiente, como lo es el de la Nueva Escuela Mexicana, sistema educativo adoptado en México por la 4T a partir del ciclo escolar iniciado en agosto de 2023 a julio de 2024, que reconfiguró el sistema para usar la educación como una herramienta de emancipación que dignificara a sectores históricamente vulnerados.
Con la idea de que hay que romper con un esquema que trataba a los alumnos como capital humano intercambiable, ahora en la nueva escuela no se preocupan por darle al alumno formación educativa de calidad que logre introducirlo en el mercado de trabajo de un mundo globalizado altamente competitivo.
En este mundo industrializado, la educación científica y tecnológica es necesaria para la supervivencia de las naciones. En la NEM se privilegia a inclusión por encima de aptitudes: todos deben pasar de año escolar al nivel superior, aunque no sepan leer, escribir ni contar. Esa es la instrucción literal que reciben los maestros de primaria y secundaria, aunque las autoridades lo nieguen.
Resulta contradictorio buscar el bienestar sin productividad, bandera usada de forma programática por este gobierno, ya que el bienestar social sostenible a largo plazo no existe sin productividad económica, y esta es la única que garantiza la generación de recursos para financiar la salud, la educación y la infraestructura pública, entre otros.
La economía mexicana atraviesa por un periodo de estancamiento con bajas expectativas de crecimiento, según analistas independientes y del sector privado.
Según el proyecto de Presupuesto de Egresos 2027, el gobierno ejercerá un gasto neto total de 10.63 billones de pesos, y seguirá contratando deuda externa para “regular” el presupuesto público, tal como lo declaró el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien intervino en la conferencia presidencial de este miércoles, donde consideró que la deuda pública total del país es plenamente sostenible y manejable, la cual representa entre el 51% y el 55% del PIB.
En este contexto, el secretario Amador reveló que México no ha pagado la deuda del Fobaproa, contratada en 1998 por el entonces presidente Ernesto Zedillo para lograr el rescate bancario, el monto original fue de 552 mil 300 millones de pesos.
En 28 años y cinco administraciones presidenciales (dos priistas, dos panistas, y dos morenistas -contando la actual–) solo se han pagado gravosos intereses por 1.6 billones de pesos. La deuda actual asciende a 1.1 billones de pesos. ¿De quién o quiénes es la responsabilidad?
La presidente Sheinbaum sigue en campaña preelectoral por estados de la república, sin temor alguno a sanciones o apercibimientos del INE –autoridad que ya perdió autonomía y legitimidad ciudadana al no sancionar a quienes violan las leyes–. Así, la jefe del Ejecutivo ya normalizó usar un lenguaje proselitista a favor de Morena y en contra de la oposición.
Este día, la presidente Sheinbaum luego de conocer el informe del titular de la SHCP sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), lamentó que sea una “deuda impagable para las y los mexicanos” y aludió a las responsabilidades políticas e históricas del PRI y los gobiernos neoliberales del llamado “PRIAN” y precisó: bajo el esquema actual es inviable liquidar dicho pasivo para el año 2050.
Lo que no se dijo en la Mañanera del Pueblo es que el saldo total de la deuda pública general de México –incluido el Fobaproa–, es de 19.22 billones de pesos, lo curioso es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien se comprometió a no endeudar al país, asumió la presidencia con una deuda de 10.5 billones de pesos (2018) y sí recurrió al endeudamiento externo, contrató 6.9 billones de pesos.
La deuda externa contraída por López Obrador está por encima de la obtenida por sus tres antecesores: Enrique Peña Nieto requirió 4.9 billones; su archienemigo Felipe Calderón contrató deuda por 3.24 billones de pesos y Vicente Fox quien obtuvo una cifra menor a 0.4 billones.
También la presidente Sheinbaum ha recurrido al endeudamiento externo para “regular” el presupuesto público: recibió la deuda en 17.4 billones de pesos (2024) y ya la incrementó en 1.82 billones de pesos, para totalizar los 19.22 billones actuales, que representan el 51.5 del PIB (Producto Interno Bruto).
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., para julio de 2026 cada mexicano debía 143 mil pesos, y esta cifra crecerá antes de concluir el presente año.
Aunque un grupo de expertos financieros consideran manejable el nivel de endeudamiento de México, debido a que se compone principalmente de instrumentos en moneda nacional a tasa fija, lo que protege las finanzas públicas de volatilidad externa (Mundo Ejecutivo). Sin embargo, otras voces alertan sobre el elevado costo financiero de las tasas de interés.
El pago de los intereses absorbe cada vez más recursos que se distraen de las necesidades del gasto social (salud, educación, sectores de infraestructura y agropecuario, entre otros). Lo peor es que se mantiene el déficit fiscal en 4% del PIB (se gasta más de lo que ingresa).
La teoría económica indica que endeudarse es sano, si el dinero se usa para crear proyectos que generen riqueza futura (como son: carreteras, puertos, tecnología), pero no es así. Los analistas advierten que una proporción importante de la deuda mexicana reciente se ha destinado a cubrir el gasto corriente del gobierno y los programas sociales.
En este panorama, la paraestatal que alguna vez financió el desarrollo nacional, PEMEX, está quebrada, es una de las petroleras más ineficientes y endeudadas del mundo, a la que el gobierno federal ha tenido que rescatar continuamente con cuantiosos recursos públicos que se suman a las pérdidas, solo para presionar de forma artificial la calificación crediticia del país.
Y mientras tanto, sigue sin explicación lógica, sin investigaciones creíbles ni presuntos culpables todopoderosos capaces de movilizar y hacer delinquir a un ejército de servidores públicos de cuando menos siete secretarías de Estado, incluido personal de Marina de todos los niveles, disponer de buques, aduanas terrestres y marítimas, ocupar cientos de tráileres y tejer una red comercial y empresarial ilegal dedicada a la compra y distribución de hidrocarburos.
¿Quién o quiénes son los responsables del delito de huachicol fiscal, quiénes antepusieron ambiciones personales y cometieron el fraude más cuantioso y abominable en la historia del país?
La fiscal Ernestina Godoy, mejor vestida y maquillada, no logra convencer a nadie de que fueron los exmandos navales Manuel Roberto Farías Laguna (exvicealmirante) y Fernando Farías Laguna (excontraalmirante), conocidos como “Los primos”, las cabezas de una red criminal dedicada al contrabando de combustible o huachicol fiscal por la elusión de pago de impuestos.
Obvio que a los hermanos Farias Laguna también se les conoce como los sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, a quien se ha tratado de mantener al margen del caso, ilocalizable, según dijo primero la FGR, luego pasó a ser acusador de los sobrinos, pese a que conoció del delito de huachicol fiscal por medio del contralmirante Fernando Guerrero Alcántar y su sobrino político, el contralmirante Fernando Farías Laguna. ¿A quién se protege? Con Guerrero ya son ocho los conocedores del fraude que fueron asesinados.
Como si no se supiera que en las Fuerzas Armadas existen códigos de obediencia a la autoridad superior, aplicable a elementos de la Marina y el Ejército, lo que dejaría solo al jefe del más alto rango como posible jefe de una operación de ese nivel, afirma con lógica el abogado defensor de los acusados, Epigmenio Mendieta Valdez, quien insiste en que mientras a los sobrinos Farias Laguna se les inculpa y siembra pruebas, los responsables de este daño a la nación siguen libres, gozando de total impunidad.
La paradoja es que, hasta hoy, el huachicol fiscal sigue siendo un productivo negocio ilícito, según el informe oficial de junio de 2026 de Natural Gas Imports and Exports Monthly, publicado el pasado 3 de septiembre, si se cotejan los volúmenes de las ventas de hidrocarburos de Estados Unidos a México, con los registros fiscales de su ingreso a nuestro país, hay tal disparidad, que esta sería prueba de que el ilícito contra la nación sigue viento en popa.
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