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14.04.2026 Ciudad de México.- Víctimas y sobrevivientes de abusos sexuales vinculados a la organización religiosa La Luz del Mundo han denunciado públicamente que la Fiscalía General de la República (FGR) decidió cerrar las investigaciones que se seguían contra su líder, Naasón Joaquín García, así como contra otros integrantes de la cúpula de la iglesia.
La decisión, que implica el no ejercicio de la acción penal en México, contrasta con el proceso judicial en Estados Unidos, donde Joaquín García cumple una sentencia tras declararse culpable de delitos sexuales y aún enfrenta nuevas acusaciones en el ámbito federal.
El cierre de la investigación mexicana, abierta desde 2019, ha sido calificado por las víctimas como un retroceso en la búsqueda de justicia.
“Es una revictimización. Nos están diciendo que nuestras denuncias no importan”, expresó Sochil Martin, una de las sobrevivientes que ha llevado el caso a instancias internacionales. En la misma línea, Sharim Guzmán sostuvo que la resolución de la fiscalía “manda un mensaje de impunidad y protección a los poderosos”.
De acuerdo con los testimonios y documentos presentados por las víctimas, las investigaciones en México abarcaban delitos de alto impacto, incluyendo abuso sexual infantil, trata de personas, lavado de dinero y evasión fiscal.
Sin embargo, la FGR determinó que no existían elementos suficientes para proceder penalmente, lo que derivó en el archivo del caso, a dos meses del cambio de titular, cuando Alejandro Gertz Manero fue relevado por Ernestina Godoy.
Este desenlace ha generado fuertes cuestionamientos, particularmente por el contraste con el sistema judicial estadounidense. En ese país, Joaquín García fue condenado en 2022 tras aceptar cargos relacionados con abuso sexual de menores, y actualmente enfrenta nuevas acusaciones que lo vinculan con una presunta red de crimen organizado y explotación sexual conocida como la “empresa Joaquín Luz del Mundo”.
Las autoridades estadounidenses han señalado que dicha estructura operaba de manera sistemática para captar y abusar de víctimas, muchas de ellas menores de edad.
Para las sobrevivientes, esta disparidad entre ambos países evidencia fallas estructurales en el sistema de justicia mexicano. “En Estados Unidos sí nos escucharon, sí investigaron. En México parece que hay intereses que pesan más que la verdad”, afirmó Martin.
El caso también ha reavivado señalamientos sobre la influencia política y económica de La Luz del Mundo en México. La organización, fundada en Guadalajara y con presencia en decenas de países, ha mantenido históricamente vínculos con actores políticos y ha logrado una amplia base de seguidores, lo que, según las víctimas, ha dificultado el avance de las investigaciones.
Ante el cierre del caso, las denunciantes han anunciado que buscarán impugnar la decisión de la FGR mediante recursos legales y acudirán a instancias internacionales si es necesario. “No nos vamos a quedar calladas. Esto no termina aquí”, declaró Guzmán.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han comenzado a pronunciarse sobre el caso, advirtiendo que el archivo de investigaciones de esta naturaleza podría sentar un precedente negativo en la lucha contra la violencia sexual y la trata de personas en México.
Mientras tanto, el proceso en Estados Unidos continúa su curso, manteniendo abierta una vía de justicia que, para muchas víctimas, sigue siendo la única esperanza frente a lo que consideran un sistema nacional que les ha fallado.
