RETROVISOR.
Ivonne Melgar.
Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad al inicio de la actual administración, planteó que el poder de los cárteles del país sólo podía entenderse por la corrupción de las instituciones que decían combatirlos
Hace 25 meses, el Presidente electo presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad que contenía promesas a la altura del ofrecido cambio de régimen.
Ese 14 de noviembre de 2018, en un hotel de la colonia Roma, López Obrador y quien sería su primer secretario del ramo, Alfonso Durazo, confirmaron que la militarización continuaría porque las policías estaban descompuestas.
Pero había tres novedades: desmontar la narcopolítica; pacificación con amnistía incluida y uso legítimo de la fuerza del Estado.
Aquel documento expuesto 15 días antes de la toma de posesión nos permite señalar que hay logros importantes en dos metas, aun cuando éstos no se traducen en el descenso de la violencia ni en menos muertes por su causa. Apenas la madrugada de ayer fue asesinado, en Puerto Vallarta, el exgobernador Aristóteles Sandoval, desatando las especulaciones sobre presuntos mensajes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Cabe recordar que entonces Alfonso Durazo planteó que el poder de esas organizaciones sólo podía entenderse por la corrupción de las instituciones que decían combatirlas.
“El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos”, se planteó en aquel documento.
Un año después, en diciembre de 2019, la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, por presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, le permitió al presidente López Obrador mostrar el caso como prueba de su diagnóstico de que la criminalidad respiraba gracias a los delincuentes de cuello blanco y señalar incluso que México había sido en ese sexenio “un narcoestado”.
Hay una segunda meta presidencial cumplida que, a finales de 2018, parecía imposible después de 14 años de señalarlas como protagonistas de “la guerra de Calderón”: reivindicar a las Fuerzas Armadas y convertirlas en el fiel escudero de la autoproclamada Cuarta Transformación.
Porque no se trata sólo de un discurso de exaltación al “pueblo uniformado”, sino de un gobierno que consiguió el marco regulatorio del uso de la fuerza del Estado que sus dos antecesores buscaron infructuosamente; que integró la Guardia Nacional desplegada en todo el territorio y que entregó al Ejército y a la Marina una larga lista de encargos: desde las aduanas hasta el resguardo de las futuras vacunas contra el covid-19, pasando por migrantes, obras y siembra de árboles.
Y por si eso no fuera suficiente para acreditar cómo puso su popularidad al servicio de la reivindicación de los militares, cuando las autoridades de EU detuvieron al extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, con acusaciones similares a las de García Luna, el presidente López Obrador instruyó a su canciller Marcelo Ebrard a buscar que se los regresaran. Y lo consiguió.
El gran pendiente, sin embargo, es la tarea de pacificar a México: “Tendremos leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando sus derechos y ofreciéndoles reducciones de pena e incluso amnistías, condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida”, ofreció el exsecretario Durazo, ahora en precampaña por la gubernatura de Sonora.
Es cierto que el Presidente decidió liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, y se encontró con la madre del capo encarcelado. Pero una golondrina no hace verano.
También supimos de los acercamientos con grupos delictivos del exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Pero cuando éstos fueron balconeados por gobernadores, la secretaria Olga Sánchez Cordero declaró que él actuaba por la libre.
Y, sin embargo, a la espera de la total recuperación por covid de la nueva titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, destacada por su sensibilidad para la operación política de tierra, 2020 concluirá con varios cambios en puerta que bien podrían configurar el escenario de la postergada pacificación: límites legales a la presencia de la DEA y anexas y, por lo tanto, freno a sus pesquisas contra jefes del narco; despenalización en el cultivo y comercio de la marihuana, distancia con la próxima administración de Joe Biden y hasta una reforma al Banco de México (Banxico) para darle valor de uso a los dólares incautados al crimen.
Porque si algo hemos aprendido en estos dos años de gobierno es que el presidente López Obrador no olvida sus propósitos. Y hace 25 meses prometió justicia transicional, tregua y tribunales de paz. ¿Habrá llegado la hora de cumplir? ¿O es que abrazos, no balazos, sólo fue un lema de campaña?
PD: Gracias por estar aquí cada sábado. Con la expectativa de mejores tiempos, nos reencontramos el 9 de enero.
