*Escrito por Wendy Rayón Garay.
05.05.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El creciente uso de tecnologías emergentes, sobre todo las de inteligencia artificial (IA), que son empleadas en el ámbito de la seguridad pública y vigilancia por parte del Estado mexicano, generan preocupaciones sobre la protección de derechos humanos, porque no solo afectan la privacidad y libertad de expresión, sino que exacerban las vulnerabilidades de ciertos grupos como las mujeres periodistas, los cuales son importantes remarcar en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Actualmente, México se enfrenta a diversos cambios, uno de ellos es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual está inspirada en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México cuando fungió como Jefa de Gobierno (2018-2024).
Esta instancia se encargó de gestionar datos, ofrecer servicios públicos de manera digital e implementar nuevas tecnologías en la capital. Con la nueva agencia a nivel federal, se busca replicar y ampliar esta experiencia enfocándose en servicios digitales gubernamentales, modernizar la infraestructura tecnológica, impulsar proyectos de desarrollo y hacerlo sin generar un gasto adicional al presupuesto público.
El 28 de noviembre de 2024, se publicó una reforma legal que oficializó la creación de la Agencia y también le otorgó funciones que antes ejercía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Según apunta Articulo 19 en su informe ‘Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México’, en teoría la reforma representaría un avance en política digital federal al mejorar la eficiencia y reducir costos, modernizando al Estado.
Para ello, es probable que se adquieran tecnologías emergentes, es decir, que están en proceso de desarrollo o han sido introducidas recientemente en los mercados, por ejemplo, las inteligencias artificiales de análisis de datos, en la búsqueda de automatizar ciertos procesos, que no cuentan con suficientes regulaciones que prevengan, eviten o mitiguen violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, la organización apuntó que ciertas tecnologías no son compatibles con los derechos humanos como el reconocimiento facial en tareas de seguridad pública. Tanto actores públicos como privados emplean estas tecnologías en distintos entornos para observar, escuchar, seguir y analizar en tiempo real los movimientos y comportamientos de las personas en contextos de delincuencia armada y control fronterizo, pero también en la vigilancia masiva que atenta contra el derecho a la privacidad.
Como lo fue en 2015 con el uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para espiar a la periodista Carmen Aristegui después de publicar la investigación sobre una propiedad del expresidente Enrique Peña Nieto. Si bien no se trató de ninguna IA, sí forma parte de un ecosistema de vigilancia digital sofisticado que provocó no solo intrusión estatal, sino una campaña de desprestigio contra la periodista.
En su informe, Articulo 19 se dio a la tarea de realizar 68 solicitudes de información a 24 instituciones estatales y federales para conocer el uso de tecnologías como IA generativa, sistemas biométricos, predicción conductual, geolocalización, intervención de comunicaciones y toma de decisiones automatizada. De ellas encontraron que 77.4% de las instancias respondieron con inexistencia de información, 16.7% admitieron haber adquirido tecnología, 4.2% no entregaron la información, y 1.7% fueron desechadas.
Asimismo, la organización identificó 35 contratos, principalmente para sistemas de identificación biométrica (88.6%). Destacaron dos casos: el Instituto Nacional de Migración (INM) que contrató a Priorato Mercantil S.A. de C.V. para el registro biométrico de personas migrantes (estos sistemas pueden ser coercitivos y generar falsos positivos, resultando en detenciones o deportaciones injustas); y la Fiscalía General de la República (FGR) que contrató a Mycros Electrónica para crear una base de datos de llamadas (Geostar), aunque gran parte del contrato está testado. La FGR también ha tenido vínculos con el uso de Pegasus y contratos con IDEMIA, empresa implicada en violaciones de derechos humanos en otros países, según reveló Articulo 19.
Finalmente hallaron que algunas instituciones niegan tener estas tecnologías, pero que investigaciones en fuentes abiertas revelan lo contrario. Por ejemplo, la SEDENA ha adquirido al menos cuatro tecnologías de vigilancia y la FGR tenía contratos activos con IDEMIA, una empresa multinacional francesa especializada en tecnologías de identidad digital y biometría, para sistemas de huellas dactilares.
¿Cómo se insertan las mujeres periodistas en este panorama?
Ellas se encuentran en contante riesgo debido a dos factores: su labor periodística y su género. El reciente informe ‘Voces en Resistencia’ de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) reveló que de las periodistas entrevistadas sufrieron las siguientes agresiones: 80% violencia psicológica, 53.3% violencia económica, 33.3% violencia sexual, 13.6% violencia patrimonial, 26.6% violencia física, 20 % violencia familiar, 40% violencia institucional, 6.6% violencia en la comunidad, 26.6% violencia digital, y 93.3% violencia laboral.
También se encontró que, el 81.8% no contaba con mecanismos para prevenir y atender la violencia experimentada, 45.5% señaló que fue desplazada, 100% de las periodistas ha denunciado los actos de violencia, 81.8% mencionó haberse sentido revictimizada al denunciar la violencia que vivió, 27.3% de las periodistas son beneficiarias actualmente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y 36.4% ha considerado dejar de ejercer el periodismo en otros momentos de su vida.
En este entorno, las mujeres periodistas enfrentan un riesgo, ya que la vigilancia digital se entrecruza con patrones de violencia de género, ascoso, estigmatización y criminalización. El uso de IA contra ellas no se queda atrás, desde el programa de Registros del Programa de Libertad y Expresión de Género de CIMAC se han documentado diferentes tipos de violencias ejercidas a mujeres periodistas en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, dentro de las que se encuentran 8 casos de alteraciones o remociones de contenido y 7 espionajes a mujeres periodistas. De igual manera, el informe ‘Palabras impunes’ de CIMAC encontró que, durante la gestión de AMLO los principales agresores de las mujeres periodistas fueron las y los servidores públicos y que los ataques se han multiplicado en espacios digitales.
En México se desconoce el uso de tecnologías emergentes por parte del sector público y es especialmente preocupante cuando existen capas de opacidad para saber cómo son obtenidas. Además, existe la falta de protocolos para la protección y resguardo de datos en archivos y expedientes, la ausencia de infraestructura adecuada para operar estas tecnologías, y una carencia de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales en manos de las autoridades.
A esto se suma que, las empresas proveedoras de estas tecnologías no son transparentes mediante argumentos de propiedad intelectual o secreto comercial. Esta situación debilita la transparencia gubernamental, especialmente cuando la información sobre una tecnología no está en manos del gobierno, sino de contratistas o proveedores privados.
Por ello, los riesgos de una entidad como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, (si se asume que se implementan tecnologías de vigilancia, inteligencia artificial y otros sistemas de control digital) podrían incluir varios aspectos como la violación a la privacidad y desprotección de datos personales que se agrava con la eliminación de los órganos autónomos como Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
