* El caso de Leidy y Alexa pone a prueba a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación en su capacidad de garantizar una investigación diligente y un juicio justo, apegados a los estándares de derechos humanos
Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- A casi un año de la muerte de Leidy y Alexa, dos niñas de 11 y 7 años que fueron abatidas por disparos de elementos del Ejército mexicano en Sinaloa, el caso ha dado un giro relevante con la vinculación a proceso de 13 militares, señala el .
La decisión judicial, que incluye cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio, abre una nueva etapa en un proceso que ha sido señalado como emblemático de los riesgos asociados a la creciente militarización de tareas de seguridad pública en el país.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, en Sinaloa, cuando una familia se dirigía a la escuela. Tras encontrar un bloqueo en la carretera, decidieron regresar a su domicilio. Fue en ese momento cuando un convoy de tres vehículos del Ejército abrió fuego contra la camioneta en la que viajaban, sin que mediara advertencia ni justificación aparente. En el ataque murieron las dos niñas y resultaron heridos otros integrantes de la familia, incluidos dos menores de edad.
En un inicio, autoridades difundieron la versión de un enfrentamiento, narrativa que no fue corregida públicamente pese a las inconsistencias señaladas por los familiares y sus representantes legales. Desde entonces, la familia —acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez— ha sostenido que se trató de un uso arbitrario e ilegítimo de la fuerza letal.
El pasado 31 de marzo, las víctimas fueron notificadas de la ejecución de órdenes de aprehensión contra 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante la audiencia, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía General de la República presentaron pruebas que apuntan a que los militares dispararon sin apegarse a los principios establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, sosteniendo además que su actuación fue dolosa.
Las defensas de los imputados argumentaron que los hechos ocurrieron en un contexto de alta violencia en la región y que los elementos actuaron bajo tensión y nerviosismo. Sin embargo, el juez de control Josué Noé Egure Yáñez determinó que existían elementos suficientes para vincularlos a proceso bajo la figura de dolo eventual, considerando que su formación y adiestramiento les permitía prever las consecuencias letales de sus acciones.
La resolución judicial, emitida desde el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, representa un avance significativo para las víctimas, pero también plantea desafíos importantes para las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Por un lado, la Fiscalía General de la República deberá robustecer la investigación durante la etapa complementaria; por otro, el Poder Judicial tendrá la responsabilidad de garantizar un proceso imparcial, especialmente en un caso que involucra a fuerzas armadas, donde históricamente ha prevalecido la impunidad.
Un punto que continúa generando controversia es la intervención de la jurisdicción militar, que abrió una investigación paralela pese a los estándares internacionales que limitan el uso del fuero castrense en casos de violaciones graves a derechos humanos. Este aspecto permanece en litigio y podría incidir en el desarrollo del proceso.
Durante la audiencia, los padres de las niñas expresaron el profundo impacto que la tragedia ha tenido en sus vidas, señalando que el uso desproporcionado de la fuerza destruyó de manera irreversible su proyecto familiar. También manifestaron su exigencia de que la justicia avance con celeridad y sin dilaciones.
Más allá del ámbito judicial, el caso ha reavivado el debate sobre la política de seguridad basada en el despliegue militar. Organizaciones de derechos humanos advierten que, sin controles efectivos, este modelo incrementa el riesgo de violaciones graves, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.
El asesinato de Leidy y Alexa no solo representa una tragedia familiar, sino también un llamado urgente a revisar las estrategias de seguridad y a garantizar que hechos similares no se repitan. En este sentido, la actuación de las autoridades en las próximas etapas será clave para determinar si el Estado mexicano es capaz de ofrecer verdad, justicia y reparación en uno de los casos más dolorosos y representativos de los últimos años.
Mientras tanto, las familias continúan su lucha, decididas a que la memoria de las niñas no quede en la impunidad y a que su caso marque un precedente en la defensa de los derechos humanos frente al uso indebido de la fuerza militar.
COMUNICADO PRO DH
El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la profundización de la política de despliegue militar y pone a prueba a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación en su capacidad de garantizar una investigación diligente y un juicio justo, apegados a los estándares de derechos humanos.
La privación arbitraria de la vida de dos niñas por elementos del Ejército es un hecho intolerable que debe impulsar la adopción de medidas para evitar su repetición.
Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- El pasado 6 de abril, a 11 meses de que las dos niñas, Leidy y Alexa fueron privadas de la vida por elementos del Ejército, 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio de las dos niñas de 11 y 7 años respectivamente, así como por la tentativa de homicidio de una adolescente de 14 años, un adolescente de 12 años y dos adultos más, todos integrantes de una misma familia.
El 6 de mayo de 2025, en la comunidad de La Cieneguilla, en el estado de Sinaloa, la familia transitaba en una camioneta por una carretera con dirección a la escuela. Al darse cuenta de que el camino estaba bloqueado, retornó hacia su casa, cuando sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo en el que transitaban. En un inicio, se anunció que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades.
La familia de las dos niñas, desde el momento de los hechos, denunció el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza y han impulsado frente a las instituciones de procuración de justicia y jurisdiccionales –acompañadas por el Centro Prodh– que se tomen acciones para acceder a la justicia. Cabe resaltar, que contrario a la demora en la justicia civil, la jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos, contrario a lo que dictan los estándares internacionales sobre la indebida extensión del fuero militar en casos de violaciones graves a derechos humanos –lo que actualmente se encuentra bajo litigio.
Así, el pasado 31 de marzo de 2026, las víctimas fueron notificadas de que se habían ejecutado diversas órdenes de aprehensión en contra de 13 elementos del Ejército Mexicano. Durante la audiencia las Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR presentaron diversos datos de prueba que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada en contra de la familia, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y estableciendo, adecuadamente, que se trató de una actuación dolosa.
Las defensas de los elementos –incluyendo una por parte la Defensa de Oficio Militar– entre otros argumentos destacó que los militares actuaron en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo.
Dentro de la duplicidad del término constitucional, el Juez de Control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en los Mochis, dictó un auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura del dolo eventual. Esto, porque los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Los padres y madres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia y pudieron manifestar cómo este evento de uso arbitrario de la fuerza letal destruyó irreparablemente su proyecto de vida, así como su interés en que la justicia sea diligente y expedita.
La determinación conlleva nuevos retos por delante para que la FGR continúe fortaleciendo y perfeccionando la indagatoria en la siguiente etapa de investigación complementaria, y en tanto el Poder Judicial de la Federación debe llevar a cabo un proceso respetuoso de los derechos humanos, en el que demuestre su independencia en casos relacionados con Fuerzas Armadas. La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad.
El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la política de despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia. También, es un reflejo de la necesidad de que, desde las más altas autoridades, se emitan mensajes claros de que este tipo de hechos no pueden volver a repetirse.
Las familias continuarán denunciando y exigiendo justicia para estas dos niñas y para quienes han sido objeto de graves violaciones a derechos humanos derivadas de la profundización de la militarización, que se ha perpetuado a lo largo de las diversas administraciones.
