*Junto a 7 personas más les imputan presunto huachicol fiscal y delincuencia organizada
23.07.2926 Estado de México.- El exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, identificado públicamente como Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso junto con otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, y por el delito de delincuencia organizada, en una de las investigaciones de mayor relevancia emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el tráfico ilegal de hidrocarburos.
La determinación fue emitida por la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega al término de una audiencia que se prolongó por poco más de 35 horas, en la que el Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba reunidos durante la investigación para sustentar las imputaciones contra los ocho acusados.
Con esta resolución, la juzgadora consideró que existen datos de prueba suficientes para continuar el proceso penal, aunque ello no implica una sentencia condenatoria, sino únicamente que la investigación judicial seguirá su curso mientras las partes presentan las pruebas correspondientes para el juicio.
La causa penal está relacionada con una presunta estructura dedicada a introducir combustibles al país mediante mecanismos irregulares para evitar el pago de impuestos y controles aduaneros, una modalidad conocida como huachicol fiscal, distinta al robo de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con las investigaciones federales, este esquema consistiría en declarar falsamente la mercancía importada, alterar la documentación aduanera o utilizar empresas fachada para internar hidrocarburos sin cubrir las contribuciones correspondientes, generando pérdidas millonarias para la Hacienda pública y ventajas indebidas frente a los comercializadores legales.
La FGR sostiene que los hechos investigados no sólo implican delitos fiscales, sino la posible existencia de una organización criminal con funciones definidas para facilitar el ingreso, almacenamiento y comercialización ilícita de combustibles.
Durante la audiencia, la defensa de los imputados rechazó las acusaciones y argumentó que no existen pruebas suficientes para acreditar la participación de sus representados en una organización delictiva. Sin embargo, la jueza estimó que los elementos presentados por la representación social son suficientes para sujetarlos a proceso mientras continúa la investigación complementaria.
En las semanas previas, la Fiscalía General de la República informó que la investigación deriva de diversas indagatorias relacionadas con operaciones de importación de combustibles detectadas desde hace más de un año, como parte de la estrategia federal para combatir el mercado ilegal de hidrocarburos.
La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado anteriormente que este expediente no surgió de manera reciente, sino que forma parte de investigaciones iniciadas desde administraciones anteriores, tras detectarse movimientos irregulares de embarcaciones y cargamentos ferroviarios con combustibles que presuntamente ingresaron al país de manera ilegal.
El combate al huachicol fiscal se ha convertido en una de las prioridades de las autoridades federales debido al impacto económico que representa. A diferencia del robo de combustible mediante perforaciones clandestinas en ductos, esta modalidad opera principalmente a través de operaciones de comercio exterior, evasión fiscal y simulación de importaciones, lo que dificulta su detección y requiere la participación coordinada de autoridades aduaneras, fiscales y de procuración de justicia.
Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia contemporánea de México al asumir el gobierno de Baja California en 1989, bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Tras concluir su mandato, también se desempeñó como senador de la República y ha mantenido presencia en la vida política nacional.
Con la vinculación a proceso, la investigación entra en una nueva etapa en la que la Fiscalía y las defensas podrán aportar pruebas adicionales antes de que un juez determine si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio. Mientras tanto, los imputados conservan la presunción de inocencia, conforme al marco constitucional mexicano, hasta que exista una resolución definitiva.