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19.01.2026.- Campeche.- Una jueza de control dictó este domingo auto de vinculación a proceso en contra de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), por la presunta comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (posesión simple).
Aunque el académico enfrentará el juicio en libertad, el caso ha desatado una ola de críticas que señalan una supuesta operación de Estado orquestada por la administración de la gobernadora Layda Sansores San Román para hacerse del control de la máxima casa de estudios.
Tras una intensa audiencia inicial, la jueza Guadalupe Martínez Taboada determinó que existían elementos suficientes para procesar a Abud Flores, basándose primordialmente en el reporte homologado de la detención ocurrida a inicios de esta semana.
Según la Fiscalía General del Estado de Campeche, el rector fue detenido en posesión de 10 bolsas de polvo blanco (presunta cocaína) que, aseguran, se encontraban “a simple vista” en el portavasos de su camioneta al momento de una revisión policial.
La defensa legal del rector, quien también es un reconocido catedrático de la UNAM y doctor en Ciencias Políticas, ha calificado la acusación como inverosímil y fabricada.
Durante la audiencia, los abogados argumentaron que se trató de una “siembra de evidencias” y denunciaron irregularidades flagrantes en la cadena de custodia, señalando que la detención fue ejecutada por agentes estatales con el propósito político de removerlo del cargo.
A pesar de la vinculación, la juzgadora concedió que Abud Flores lleve su proceso en libertad, imponiendo medidas cautelares menores, lo que fue celebrado por sus simpatizantes como una victoria parcial ante lo que consideran un intento de encarcelamiento injustificado.
Apenas horas después de la detención de Abud Flores, y mientras este se encontraba incomunicado en los separos, el Consejo Universitario —en una sesión que opositores califican de “ilegal” y “fast-track”— designó a Fanny Guillermo Maldonado como rectora interina. Esta maniobra ha sido descrita por académicos, diputados federales de oposición y organizaciones civiles como un “golpe de Estado” a la autonomía universitaria.
Más de 80 académicos e investigadores, respaldados por instituciones nacionales como la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), emitieron un pronunciamiento exigiendo el respeto al debido proceso y alertando sobre la intromisión del Poder Ejecutivo estatal en la vida universitaria.
La narrativa de la oposición sugiere que la acusación de narcomenudeo fue simplemente el vehículo instrumental para decapitar a la rectoría actual e instalar una administración afín al gobierno de la Gobernadora Sansores.
El origen del conflicto
La tensión entre el gobierno de Layda Sansores y la rectoría de José Alberto Abud Flores no es nueva. Fuentes al interior de la universidad señalan que el rompimiento se agudizó meses atrás, cuando autoridades universitarias presuntamente impidieron la realización de actos de proselitismo del partido Morena dentro del campus universitario, citando la pluralidad y autonomía de la institución.
Este acto de resistencia habría colocado a Abud Flores en la mira de la gobernadora, conocida por su estilo confrontativo y el uso de su programa “El Martes del Jaguar” para exhibir a adversarios políticos. En semanas recientes, la administración estatal había intensificado la presión mediática, filtrando supuestas facturas irregulares y acusaciones de corrupción administrativa en la UACAM, preparando el terreno para la ofensiva judicial.
El escándalo ha escalado hasta el Palacio Nacional. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada sobre la detención, marcó distancia de las prácticas locales. Aunque pidió esperar el informe detallado, lanzó una advertencia clara que resuena en el palacio de gobierno de Campeche: “No se puede usar la justicia como vendetta política”.
Esta declaración ha sido interpretada como un llamado de atención a la gobernadora Sansores, sugiriendo que el gobierno federal no avalará excesos que comprometan la legitimidad de las instituciones de justicia, especialmente cuando se trata de figuras académicas.
Mientras tanto, en Campeche, la sociedad civil y la comunidad estudiantil permanecen en la incertidumbre, observando cómo la lucha por el poder político ha cruzado los muros de la universidad, transformando un presunto delito de narcomenudeo en un referéndum sobre la democracia y la autonomía en el estado.
