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08.10.2026 Ciudad de México.- La investigación federal por el presunto contrabando de combustibles mediante operaciones aduaneras avanzó este jueves 8 de octubre con la vinculación a proceso de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como el Capitán Sol, exintegrante de la Secretaría de Marina señalado por su probable participación en la estructura investigada por huachicol fiscal.
Una jueza federal determinó que existen elementos para que el exmarino enfrente un proceso penal por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La resolución no implica una declaración de culpabilidad, sino que permite continuar la investigación judicial sobre los hechos que le atribuye la Fiscalía General de la República (FGR).
Como parte de la decisión, se mantuvo la prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Durante ese periodo, el Ministerio Público podrá reunir más pruebas, mientras que la defensa tendrá oportunidad de cuestionar los elementos que sustentan la acusación.
Solano Ruiz permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La audiencia se realizó después de que su defensa solicitara la ampliación del plazo constitucional para que se resolviera su situación jurídica.
La FGR lo señala como presunto integrante de la organización conocida como Los Primos, relacionada con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Las autoridades investigan si esa estructura facilitó la entrada de combustibles al país mediante operaciones marítimas y documentación aduanera que presuntamente registraba los cargamentos como productos distintos de gasolina o diésel.
De acuerdo con las imputaciones difundidas durante las audiencias, Solano Ruiz habría tenido funciones de enlace entre integrantes de la organización y personal vinculado con operaciones aduaneras y navales. La Fiscalía también le atribuye presuntas gestiones para entregar sobornos a cambio de facilitar el movimiento de los cargamentos. Estos señalamientos forman parte de la acusación y deberán ser examinados durante el proceso.
El llamado huachicol fiscal consiste en introducir o comercializar combustibles mediante mecanismos de evasión de obligaciones tributarias y aduaneras, por ejemplo, declarando los hidrocarburos bajo otra clasificación para reducir o evitar el pago de impuestos. A diferencia del robo de combustible directamente de ductos, esta modalidad se apoya en operaciones comerciales y documentación que presuntamente encubre la naturaleza real de la mercancía.
Las autoridades buscan establecer cómo ingresaron los cargamentos, quiénes participaron en la documentación y revisión aduanera y de qué manera se habrían distribuido los beneficios económicos de las operaciones investigadas.
De acuerdo con reportes periodísticos sobre las indagatorias, entre los puntos vinculados con la investigación se encuentran aduanas marítimas como las de Tampico, Ensenada y Veracruz. La hipótesis ministerial sostiene que la llegada de los buques y la descarga del combustible requerían coordinación entre operadores, trámites y personas con capacidad para intervenir en los controles.
Las autoridades investigan la presunta introducción de al menos 564 millones de litros de combustible declarados como aditivos para lubricantes entre 2023 y 2026, mediante 69 embarcaciones y cuatro aduanas. Se trata de una cifra asociada con la investigación reportada por ese medio, no de un volumen cuya responsabilidad penal haya quedado establecida en una sentencia definitiva.
La dimensión del caso ha llevado a revisar posibles vínculos entre operadores privados y servidores públicos. Sin embargo, la aparición de nombres en una investigación no demuestra por sí misma que todas las personas mencionadas hayan cometido un delito; la responsabilidad individual debe acreditarse en los tribunales.
Solano Ruiz fue detenido el 2 de octubre en Zapopan, Jalisco, después de labores de localización realizadas por las autoridades. Tras su captura fue trasladado a El Altiplano para quedar a disposición de la justicia federal.
La investigación también incluye a los hermanos Farías Laguna, señalados por las autoridades como presuntos responsables de dirigir la estructura. Las diligencias buscan determinar el papel de cada persona y la posible participación de funcionarios o integrantes de instituciones públicas en la operación.
Durante la audiencia, según reportes periodísticos, Solano Ruiz decidió reservarse su derecho a declarar. Esa decisión es una garantía procesal y no constituye prueba de culpabilidad. La defensa también cuestionó la solidez de los testimonios que sustentan la acusación y anunció que impugnará la resolución judicial.
El plazo de seis meses concedido para la investigación complementaria será clave para que la Fiscalía fortalezca su expediente y para que la defensa examine y controvierta las pruebas. Al concluir esa etapa, el procedimiento continuará conforme a las determinaciones del Ministerio Público y del órgano judicial.
La vinculación a proceso del Capitán Sol representa un avance en la causa penal relacionada con el presunto ingreso irregular de combustibles, pero no resuelve por sí sola las interrogantes sobre el alcance de la red, las responsabilidades de otros posibles participantes ni el monto definitivo de las operaciones investigadas. Esos aspectos deberán establecerse a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de las resoluciones que se dicten durante el proceso.
Agencias