*Montaña adentro .
/ Abel Barrera Hernández /
En la Montaña las comunidades indígenas no solo arrastran siglos de olvido, sino que soportan males añejos por la ausencia de las instituciones del Estado y la carencia de servicios básicos. En los riscos más recónditos yacen vestigios de la cultura Olmeca y sobresalen los pueblos amurallados que resistieron las embestidas colonizadoras. Las guerras de exterminio, la hambruna y las enfermedades diezmaron su población y menguaron su fuerza combativa. Lidiaron contra el yugo español y los caciques desalmados. Nunca sucumbieron ante la monstruosidad del poder militar ni se replegaron ante los gatilleros del régimen autócrata. Desde la clandestinidad se han organizado y emergido como pueblos autónomos. Han desafiado a un sistema que les niega el derecho a regirse bajo la égida de sus sistemas de justicia y seguridad comunitarias. Los pueblos indígenas y afromexicano de Guerrero se mantienen en la línea de fuego, resistiendo y defendiendo sus territorios ancestrales ante gobiernos y empresas coludidas con el crimen organizado.
Por más de medio siglo libraron batallas cruentas contra el ejército que incursionó en sus territorios para perseguir a guerrilleros y luchadores sociales. Sembraron el terror con las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias y los vuelos de la muerte. Arrasaron comunidades y desplazaron a decenas de familias para desmantelar a las organizaciones sociales y arrancar de tajo a la guerrilla. Destruyeron el tejido de la solidaridad comunitaria y anclaron sobre esos crímenes las estructuras del poder piramidal que protegen a los perpetradores y encubren sus atrocidades. La jerarquía militar sigue gozando de inmunidad y de todos los privilegios de la elite gobernante. Los generales asesinos reciben condecoraciones y honores y los caciques son homenajeados por la cauda de crímenes que dejaron a su paso.
En Guerrero el gobierno caciquil tiene el sello distintivo que caracteriza a todas las cúpulas partidistas, mantienen un control férreo de los presupuestos públicos y son los que palomean los cargos estratégicos. Los líderes de todos los colores partidistas establecen alianzas con los jefes de la delincuencia que controlan los municipios y las regiones del estado. Son los intereses mafiosos los que predominan, los que están muy lejos de cualquier proyecto democrático. Los candidatos no son emanados de la voluntad del pueblo sino de los intereses económicos de las elites. En estos enroques los ciudadanos de las comunidades rurales son ignoradas, sus opiniones y propuestas no cuentan, solo requieren su presencia para legitimar los enjuagues cupulares, a través de la compra de votos, que operan de manera truculenta.
El poder real en la mayoría de comunidades indígenas es el poder que imponen las organizaciones criminales. Con su dinero y su poder destructor se han enquistado en las estructuras del poder municipal: manejan las candidaturas como franquicias. El candidato debe tener dinero para sufragar los gastos de campaña y ofrendar sumisión y obediencia como súbditos del jefe de la plaza. Se adscriben al partido que les brinde las garantías para acceder al poder, porque lo fundamental es asegurar las presidencias municipales con todo lo que esto implica: controlar los giros comerciales, monopolizar el negocio de transporte, de la obra pública y los ingresos de los ayuntamientos.
Los gobiernos municipales a través del Coplademun y la presión de la delincuencia someten a las comunidades indígenas que las hunden en el pantano de la miseria: les recortan los recursos asignados para infraestructura social con el pretexto de que ya cuentan con el Faispiam que les asigna directamente el gobierno federal. Las comunidades tienen que negociar el presupuesto que les corresponde con el riesgo de que los amedrenten los grupos de la delincuencia. Cuando logran negociar alguna obra de mayor impacto tienen que aceptar las condiciones de la autoridad municipal y abstenerse de ejercer presión porque es desafiar a los poderes fácticos.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) no debería tener problemas para su reconocimiento una vez que se apruebe la Ley para ejercer su derecho a la libre determinación y autonomía, sin embargo, este sistema ha sido criminalizado desde su origen. Tanto los ministerios públicos como jueces, al igual que el ejército y la policía ministerial se han encargado de darles un trato de delincuentes, a pesar de que se rigen bajo el marco de sus sistemas normativos y sin que les importe que la policía comunitaria es un sistema exitoso, que ha bajado los índices de criminalidad.
Lo trágico es que la violencia que impera en varias comunidades indígenas y afromexicanas se ha enraizado como un cáncer que daña todo el tejido comunitario. La ausencia de las autoridades encargadas de prevenir e investigar delitos y la colusión de los presidentes municipales con los grupos delincuenciales colocan a las poblaciones pobres en un dilema; resistir y enfrentar a la delincuencia o pactar con ella. Las autoridades no tienen el peso que les da la ley para hacer valer el estado de derecho. Las consecuencias son funestas porque la arremetida delincuencial arrasa con toda la población.
Del 6 al 11 de mayo la violencia estalló en las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, dejando 12 muertos, varios heridos y más de 800 personas desplazadas que se tuvieron que refugiar en Alcozacán y otras más tuvieron que huir del estado para ponerse a salvo. Algunos heridos fallecieron fuera de la entidad. Desde el 2015 a la fecha hay un registro de 84 asesinatos y 25 desaparecidos. El promotor del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, denunció estas atrocidades y evidenció la colusión que hay con las autoridades municipales y estatales. Dos meses después la Unidad de Inteligencia Financiera lo agregó a la lista de personas bloqueadas. En lugar de detener y desarticular al grupo delincuencial que agredió a las comunidades indígenas, el 17 de julio detuvieron a Jesús, tendiéndole una trampa en un retén en San Marcos para trasladarlo al penal de Almoloya de Juárez acusado de homicidio.
La ola de violencia se extendió a comunidades de Olinalá. Después de que irrumpió un grupo armado en la comunidad de Teticic, que se llevó a 3 miembros de una familia, a los pocos días aparecieron sus cuerpos desmembrados en un carro abandonado. Las familias agraviadas dejaron todo ante la fiereza con la que actuaron los maleantes.
Lo mismo sucedió en San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac. En el mes de mayo el grupo delincuencial quemó viviendas y las familias tuvieron que refugiarse en la comisaría. Sus llamadas de auxilio no fueron atendidas por la autoridad municipal que con su omisión dejó entrever su complicidad con los que delinquen. El maestro bilingüe Federico García Parra, quien tiene un hijo desaparecido, se armó de valor y solicitó al gobierno federal que reforzara la seguridad, con la presencia de la guardia nacional y del ejército, pero su voz no fue escuchada. En lugar de que las autoridades estatales priorizaran la seguridad de los pobladores de Huitzapula, los amenazaron con investigarlos. Lo más grave sucedió el 26 de agosto cuando el profesor Federico al salir de una escuela de Zapotitlán Tablas, fue arteramente asesinado. La población agraviada ha contabilizado 24 personas asesinadas en un período de dos años.
A punto de concluir el sexenio de la gobernadora Evelyn Salgado el escenario estatal es atroz, porque en las 8 regiones el crimen tiene una fuerte presencia al grado que controla los giros comerciales más redituables y sus empresas, son las que tienen asignadas las obras más importantes de los municipios. En estos años los grupos de la delincuencia encontraron los resquicios y los vacíos de las instituciones gubernamentales para expandir su poder. Consolidaron su presencia en las principales ciudades y lograron incrustarse en los 85 municipios de la entidad. Es un balance funesto que ha dejado en la orfandad y en la calle a decenas de familias agraviadas y la cauda funesta de personas desaparecidas se extiende por toda nuestra geografía agreste.