HORA LIBRE.
Álvaro Belin Andrade.
Si una integrante del Grupo Panteras es asesinada a pleno luz del día en una colonia popular, la rectora de una universidad privada es balaceada frente a su propio negocio despuntando la mañana, una joyería céntrica es asaltada a unos pasos del edificio de la SSP, y una integrante de la policía industrial y bancaria fallece de un tiro en la cabeza mientras cumplía sus rondines en la sede del Poder Judicial Federal, todo ello en Xalapa y en menos de siete días, quiere decir que nuestras autoridades solo están perdiendo el tiempo en sus famosas mesas de coordinación para la construcción de la paz.
Podemos ver en Xalapa el despliegue de patrullas y el sobrevuelo de un helicóptero de la SSP en cada ocasión en que un hecho duro mediáticamente ocurre, pero pasados varios crímenes sin solución y sin haberse tomado las estrategias adecuadas para prevenirlos, la certeza que queda es que el gobierno estatal y, por ende, el federal, siguen perdiendo batallas en las que los únicos afectados son ciudadanos comunes.
Pese a ello, sociedad y gobierno seguimos viviendo en mundos paralelos: mientras el gobernador Cuitláhuac García y su gabinete de seguridad, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y sus secretarios de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional, observan una caída en el índice delictivo en Veracruz, los veracruzanos no alcanzamos a comprender un delito grave cuando ya están ocurriendo otros diez.
Muy difícilmente gobernador y presidente reconocerán que sus encargados de seguridad no le están funcionando y, aunque pareciera que en Veracruz hay interés en el tema por parte del responsable, lo cierto es que –parafraseando a Lenin– la policía de Veracruz da un paso adelante y dos pasos atrás.
Este miércoles, ante la noticia del “suicidio” de una policía casi frente a la Fiscalía y el asalto violento a una joyería en el mero centro de la ciudad, las reacciones no se hicieron esperar. Aunque lleva miga política, el dirigente estatal del PRD, Jesús Alberto Velázquez, señaló de incompetente e inútil al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, sobrino por cierto de la NoPrimeraDama, que cayó en las redes sociales y decidió nuevamente cerrar su cuenta de Twitter. Pero el líder del sol azteca dijo algo más del neoleonés:
“Ha sido señalado de manera reiterada de tener presuntos vínculos con la delincuencia; incluso, cuando estuvo en Nuevo León, fue señalado por corrupción por lo que fue destituido del Centro de Operaciones Estratégicas de la Procuraduría de Justicia en 2016; antes, en 2012, fue despedido de la Secretaría de Seguridad de Saltillo, Coahuila, por su presunta vinculación a secuestro y cobro de piso”.
Independientemente de filias y fobias políticas, de que las acusaciones sean válidas o carezcan de prueba, lo cierto es que no se está abatiendo la criminalidad, y eso que apenas estamos a la mitad de los meses más calientes.
Junio, cuarto mes más sangriento en México… y en Veracruz
Sólo baste mencionar que junio es considerado ya el cuarto mes más violento en el país, con 2 mil 413 homicidios dolosos, unos 80 por día, lo que acumula en los dos primeros años del gobierno morenista 38 mil 912 asesinatos dolosos.
Luego de Guanajuato (377 casos), Estado de México (223), Baja California (214), Jalisco (176), Chihuahua (145) y Michoacán (124) que, juntos, sumaron mil 267 homicidios dolosos (52.5% de los cometidos en el país), la lista sigue con Veracruz, con 114, arriba de Zacatecas (105) y la Ciudad de México (98), lo que indica que, si las hay, las estrategias comentadas con café y galletitas en las reuniones de seguridad celebradas en Xalapa y en varios municipios, solo han servido para generar publicaciones de autocomplacencia en las redes sociales.
En el caso del país, la comparación de los primeros 18 meses de gobierno entre los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador en materia de homicidios en general (dolosos y culposos) pone en entredicho al gobierno actual. Mientras que en los primeros 18 meses de Felipe Calderón (Guerra contra el narco incluida) se contabilizaron 15 mil 694, y en los de Peña Nieto 35 mil 116, en los primeros 18 meses de López Obrador, la cifra es más espeluznante: 53 mil 628 casos, todo ello según los datos oficiales.
Por ello destaca, por su cinismo, la petición de López Obrador al gobierno panista de Guanajuato para iniciar una limpia en las instituciones de seguridad en esa entidad y, con ello, disminuir el número de homicidios dolosos, “ya que la población no merece vivir en zozobra”.
Y digo cinismo porque en Guanajuato han estado totalmente ausentes las fuerzas policiacas del gobierno federal, que no ha logrado contener al Cartel de Santa Rosa de Lima, pese a que en su batalla con el Cartel Jalisco Nueva Generación y otros actores delictivos de Michoacán, han provocado un escenario sangriento, sobre todo a partir de la supuesta lucha contra el huachicoleo en la zona de la refinería de Salamanca, con que el gobierno lopezobradorista dejó la zona sur de ese estado, como se dice en tono popular, con la víbora chillando.
Un reporte del periodista Arturo Ángel para el portal Animal Político, publicado el martes 30 de junio, señala que en Guanajuato “la violencia se multiplica, pero no la fuerza del Estado para investigarla ni prevenirla”.
Si en 2016, “un agente del Ministerio Público especializado en homicidios tenía a su cargo más de 200 nuevos casos por año, para 2019 tiene que hacerse responsable de más de 440”. Como resultado: 9 de cada 10 homicidios no se esclarecen nunca, dejando una estela de impunidad que también es el nutriente perfecto para seguir con el negocio.
Y añade un dato interesante sobre la estrategia política del gobierno federal para ganar elecciones a costa de los ciudadanos: “El número de elementos de la Guardia Nacional desplegados por el gobierno federal en Guanajuato (…) es inferior al de otros estados con una población similar. Incluso, la tasa de guardias enviados al estado está por debajo de entidades como Querétaro, donde los niveles de violencia son mucho más bajos”.
Como dice Juan Alcántara Soria, exprocurador de Guanajuato y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en esa entidad “la federación está desaparecida”. Y añade:
“Es urgente que el gobierno federal aparezca. El robo de combustible que por años se permitió y fortaleció a los grupos criminales en el estado es una responsabilidad federal. Se supone además que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado denuncias ante la Fiscalía federal sobre el lavado de estos grupos. Pero esos resultados no llegan”.
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador prefiere usar las cifras y la incapacidad local de las autoridades policiacas de Guanajuato para sacar tarraja política.
El Covid-19 y la lucha política en Veracruz
Y si en el ámbito federal, la violencia se usa con un cariz electoral, en Veracruz parece una batalla campal la que se han declarado el actual gobierno estatal y Fernando Yunes Márquez, alcalde panista y hermano del candidato a gobernador perdedor, por el tema de los contagios del Covid-19.
Lo más reciente ha sido declarar el ayuntamiento porteño en semáforo rojo mientras que a su vecino Boca del Río, con más diálogo con el gobierno estatal morenista, lo ha declarado en semáforo naranja, justo donde se concentra la actividad turística de la zona conurbada, pero tan ensamblado al primer ayuntamiento del continente que no se logra diferenciar a veces qué territorio se está pisando.
Según medios informativos, Fernandito está que trina. Dijo que el gobierno del estado manda mensajes confusos respecto a la pandemia, y calificó de una estupidez que en el semáforo epidemiológico regional de la Secretaría de Salud estatal, el municipio Boca del Río se encuentre en color naranja y Veracruz en color rojo, mientras que la entidad veracruzana está en color naranja.
“Decir que Boca del Río es naranja y Veracruz es rojo, y que el estado todo es naranja, pero a fin de cuentas no todo es naranja, pues es una completa estupidez, y lo que genera es que la gente se confunda, que la gente se confíe y que la gente empiece a salir; yo lo dije claramente desde la semana pasada ojalá corrijan, sé que no lo harán, la soberbia es más grande que la ignorancia desgraciadamente para ellos, pero lo que va a traer como consecuencia es más contagios, más muertes, es una tremenda estupidez, perdón que lo diga”.
Pues lo dijo. Y en breve hallará su respuesta. Lo grave es que en medio del pleito ranchero, los habitantes de la zona conurbada son los más afectados, no solo porque congregan una cantidad extraordinaria de contagios y fallecimientos por Covid-19, muy por encima de Coatzacoalcos y Poza Rica que le siguen de lejos en la lista, sino porque ya se ha desatado lo que a una colega periodista le ha hecho definir a Veracruz como un manicomio con vista al mar: la salida masiva de pobladores a las calles a realizar su vida normal, muchos de ellos sin las mínimas precauciones.
Mientras Cuitláhuac y su antecesor Miguel Ángel Yunes se pelean, la lista de contagiados y muertos por la pandemia crecerá desmesuradamente en el único diamante del turismo veracruzano, y eso nos calificará a todos.
Frases sin disfraces
“Hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento”. Andrés Manuel López Obrador
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