*CIMAC / La Red Nacional de Refugios pidió un presupuesto de al menos 580 millones de pesos para garantizar la atención y protección de mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.
/Escrito por Georgina Monroy Vázquez/
27.10.2026 /CimacNoticias.com/ La violencia contra las mujeres tiene consecuencias que trascienden el ámbito personal y social: también representa un costo económico para los países. Mientras el Banco Mundial (BM) estima que puede alcanzar hasta 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel internacional, en México la Red Nacional de Refugios (RNR) alertó que los recursos propuestos para 2027 ponen en riesgo la capacidad de atención de estos espacios de protección.
En una carta abierta publicada el 22 de octubre, la RNR, junto con organizaciones de la sociedad civil y colectivas, entre ellas CIMAC, exigió a las autoridades federales y legislativas garantizar un presupuesto suficiente, oportuno y transparente para los refugios que reciben a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos.
La organización advirtió que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 no resuelve las insuficiencias de financiamiento y plantea una reducción real de los recursos destinados a estos espacios. Por ello, pidió a la Cámara de Diputadas y Diputados revertir el recorte y avanzar hacia una asignación de al menos 580 millones de pesos.
La exigencia ocurre en medio de la discusión presupuestaria, cuya aprobación debe realizarse a más tardar el 15 de noviembre, de acuerdo con la carta.
Prevenir la violencia también es una inversión
A principios de octubre, durante el foro De la protección a la autonomía, organizado por la RNR, Alejandra Alzérreca, especialista de Programa en Género y Violencia Basada en Género del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, señaló que el costo de la violencia de género puede alcanzar 3.7 por ciento del PIB, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial.
Ante ese panorama, sostuvo que prevenir las violencias y garantizar la atención a las sobrevivientes constituye una inversión estratégica.
Los refugios, explicó, no son únicamente espacios de resguardo: también ofrecen acompañamiento psicosocial y herramientas para recuperar la autonomía. Su labor permite que las mujeres reconstruyan sus proyectos de vida y encuentren alternativas para salir de los entornos violentos.
Dosia Calderón, representante auxiliar de la Oficina de México del UNFPA, coincidió en que estos espacios contribuyen a salvaguardar la vida de las mujeres y prevenir feminicidios. Por ello, llamó a garantizar presupuestos sostenibles y progresivos, sin retrocesos que debiliten los servicios de atención.
El impacto económico de la violencia también se manifiesta en la pérdida de ingresos, las dificultades para incorporarse o permanecer en el mercado laboral y los gastos asociados con la atención de sus consecuencias. Estas afectaciones pueden limitar la independencia económica de las sobrevivientes y dificultar que abandonen los contextos de violencia.
Red Nacional de Refugios alerta por recursos insuficientes
En su carta abierta, la RNR señaló que el componente destinado a refugios dentro del programa U012 pasaría de 536 millones de pesos en 2026 a 518 millones en 2027. Según el análisis de la organización, esto representa una reducción real de 3.35 por ciento y 18 millones de pesos menos para proteger a mujeres y sus hijas e hijos.
La Red también advirtió sobre una disminución de 11.75 por ciento en el programa presupuestario que agrupa acciones de prevención y atención de las violencias feminicidas. Asimismo, señaló reducciones reales para los Centros de Justicia para las Mujeres y las acciones en entidades con Alerta de Violencia de Género.
En contraste, el Anexo 13, relativo a las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, crecería 2.1 por ciento y alcanzaría 636 mil millones de pesos. Para la organización, esta diferencia evidencia que el incremento general del gasto etiquetado para la igualdad no necesariamente se traduce en mayores recursos para atender la violencia contra las mujeres.
La RNR, que agrupa 60 espacios de protección en el país, sostuvo que los recursos insuficientes, los retrasos en su entrega y la falta de certeza presupuestaria afectan la continuidad de los servicios especializados.
Exigen presupuesto suficiente y entregas oportunas
Entre sus demandas, la organización pidió a la Cámara de Diputadas y Diputados garantizar un presupuesto de al menos 580 millones de pesos para los refugios y revertir los recortes previstos para otros componentes de atención a las violencias de género.
También solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer un calendario de ministraciones que permita entregar los recursos desde el inicio del año, con el objetivo de evitar que los refugios operen durante meses sin financiamiento.
A la Secretaría de las Mujeres le pidió publicar los lineamientos y la convocatoria correspondiente antes del 10 de diciembre de 2026, garantizar que los recursos asignados por proyecto no disminuyan en términos reales y evitar reducciones en los honorarios del personal especializado.
Otra de las exigencias consiste en vincular la salida de las mujeres de los refugios con programas de vivienda, ingresos, cuidados y acceso a la justicia, para que puedan sostener su proyecto de vida una vez que abandonen los espacios de protección.
La organización también llamó a incorporar a las mujeres y a las agrupaciones que trabajan directamente en los territorios en el diseño de las políticas públicas.
Protección y autonomía requieren financiamiento
La necesidad de fortalecer estos espacios también se refleja en sus cifras de atención. De acuerdo con información difundida por la RNR, entre enero y agosto de 2026 la organización atendió a 6 mil 84 mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La Red reportó, además, que en 84 por ciento de las niñas, niños y adolescentes atendidos, la persona agresora era la misma que ejercía violencia contra su madre.
Estos datos muestran que la atención a las mujeres en situación de violencia también requiere medidas de protección para sus hijas e hijos, así como acompañamiento especializado para reconstruir sus condiciones de vida.
Frente a las estimaciones internacionales sobre el costo económico de la violencia y las necesidades de atención en México, la discusión presupuestaria coloca en el centro la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Para la RNR, asegurar recursos suficientes para los refugios no debe depender de decisiones administrativas temporales, sino formar parte de una política pública que garantice la continuidad de la protección, la restitución de derechos y la autonomía de las mujeres.