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13.11.2025. Zacatecas.- La Escuela Secundaria Técnica Número 1 de Zacatecas se encuentra en el centro de una investigación penal y social tras revelarse que al menos 400 estudiantes, en su mayoría mujeres, fueron víctimas de un catálogo pornográfico generado con inteligencia artificial.
El material fue creado por un alumno de tercer grado, de apenas 14 años, quien manipuló imágenes de sus compañeras para simular desnudos y las difundió en redes sociales.
El caso ha desatado protestas, bloqueos y una profunda indignación por la dimensión de la agresión y la falta de respuesta institucional.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, se abrió una carpeta de investigación por delitos contra la intimidad sexual, en el marco de la Ley Olimpia.
Las imágenes falsas estaban organizadas por grado y grupo, e incluían nombres y datos personales de las menores. El catálogo fue compartido en plataformas digitales, lo que agravó el daño y la exposición de las víctimas.
Madres de familia y estudiantes afectadas bloquearon el bulevar Adolfo López Mateos el pasado 10 de noviembre para exigir justicia y protección. Denunciaron que la dirección del plantel intentó minimizar el caso y que las autoridades educativas no han ofrecido acompañamiento psicológico ni medidas de reparación.
La protesta visibilizó una nueva forma de violencia sexual que se vale de herramientas tecnológicas para vulnerar la intimidad de niñas y adolescentes.
Organizaciones feministas y defensoras de derechos digitales han señalado que este tipo de agresiones, aunque no físicas, tienen consecuencias devastadoras.
La manipulación de imágenes con IA para simular desnudos constituye una forma de violencia sexual simbólica, que atenta contra la dignidad, la privacidad y el desarrollo emocional de las víctimas. Además, reproduce patrones de cosificación y control sobre los cuerpos femeninos, ahora amplificados por la tecnología.
El caso de Zacatecas revela la urgencia de actualizar los protocolos escolares, judiciales y comunitarios frente a la violencia digital.
Aunque la Ley Olimpia contempla sanciones por difusión de contenido íntimo sin consentimiento, los mecanismos de prevención y atención siguen siendo insuficientes. La edad del agresor, menor de 15 años, plantea además desafíos legales y éticos sobre la responsabilidad penal y la educación en derechos humanos.
La comunidad educativa enfrenta ahora el reto de reconstruir la confianza, garantizar la seguridad de las estudiantes y establecer límites claros sobre el uso de tecnologías en entornos escolares.
Las víctimas, por su parte, han exigido que se reconozca el daño como violencia sexual, no como una travesura digital. La agresión no fue solo contra su imagen, sino contra su derecho a vivir sin miedo, a estudiar sin ser vigiladas, y a crecer sin ser convertidas en objetos de consumo virtual.
