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09.09.2025 Xalapa, Ver.- La violencia familiar continúa siendo el delito más recurrente en contra de mujeres y niñas en el estado de Veracruz, seguido por la pederastia, de acuerdo con datos revelados por Pamela Ortega Medina, Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM). En lo que va del año, el centro ha atendido cerca de 4 mil casos, lo que refleja un incremento en la disposición de las mujeres a denunciar agresiones que antes permanecían en silencio.
De los 4 mil casos registrados en lo que va del año, la mayoría se concentran en Xalapa y municipios aledaños. En localidades como Teocelo y Xico, se han atendido casos que involucran a menores de edad, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las redes de protección comunitaria.
Pederastia: segundo delito con mayor incidencia
Ortega Medina detalló que la pederastia representa el 14.5% de los casos atendidos por el CEJUM, con un total de 267 expedientes abiertos entre enero y septiembre del presente año. Este delito, que vulnera gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes, se ha posicionado como el segundo más frecuente en el estado, lo que ha encendido alertas entre las instituciones encargadas de la atención y protección de víctimas.
Cada caso, explicó, recibe seguimiento y acompañamiento personalizado, en coordinación con instancias como el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), que colabora en la canalización y localización de redes de apoyo.
“Cuando no se encuentran redes de apoyo, se activa la estancia temporal que tenemos en el centro. No contamos con refugio, pero sí con un espacio de resguardo por 72 horas, que puede extenderse según las necesidades de cada persona”, señaló Ortega Medina. Aunque actualmente no hay usuarias en la estancia, la semana anterior se brindó alojamiento a una familia completa.
Incremento en las denuncias y atención integral
La funcionaria celebró que el 85% de las mujeres que acuden al CEJUM ya se atreven a denunciar, lo que representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad. “Lo que más se denuncia es la violencia familiar, que abarca desde agresiones físicas y psicológicas hasta violencia económica”, explicó.
Aunque la mayoría de las usuarias provienen de Xalapa, también se atienden casos de municipios como Banderilla, Tlalnehuayocan, Coatepec, Teocelo y Xico. Las edades de las mujeres atendidas oscilan entre los 20 y 35 años.
Además, se han recibido personas con ideación suicida, quienes son canalizadas a servicios especializados como SESVER y Salud Mental. “Van no más de 10 casos de mujeres con intención suicida, principalmente entre los 30 y 45 años”, precisó.
Campañas de sensibilización y nuevos centros de justicia
Con el objetivo de fomentar la denuncia y fortalecer la confianza en las instituciones, el CEJUM desarrolla campañas de sensibilización dirigidas a mujeres de todo el estado. “Queremos que se acerquen, que confíen un poco más en nosotras. Ya lo están haciendo, pero buscamos que esa confianza crezca”, expresó Ortega Medina.
En cuanto a la expansión de la infraestructura de atención, informó que se trabaja en la construcción de nuevos centros de justicia para las mujeres, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). Aunque aún no se definen los municipios, se contempla la posibilidad de establecer sedes en Orizaba, Coatzacoalcos y Tuxpan, cubriendo así las regiones de altas montañas, centro y norte del estado.
Responsabilidad institucional ante incidentes
En otro tema, Ortega Medina informó sobre el caso de una trabajadora comisionada por la Secretaría de Gobierno que provocó un accidente. “Se puso de inmediato a disposición, se aplicó el proceso administrativo correspondiente y se determinó su cese”, indicó, subrayando el compromiso del CEJUM con la transparencia y la rendición de cuentas.
El panorama que presenta el CEJUM refleja tanto la gravedad de los delitos que enfrentan las mujeres y niñas en Veracruz como el avance en la articulación institucional para brindar atención integral, acompañamiento y espacios seguros.
La apuesta por ampliar la infraestructura y fomentar la denuncia es clave para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y derechos humanos.
