**Escrito por Diana Hernández Gómez .
08.08.2023 /CimacNoticias.com /Ciudad de México.- El pasado 2 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que las recientes declaraciones del mandatario contra Xóchitl Gálvez Ruiz sí pueden considerarse violencia política en razón de género. Obrador se niega a reconocer esta sentencia que pone sobre la mesa la necesidad de hablar de este tipo de violencia de cara a un proceso electoral donde probablemente haya dos mujeres en las boletas de la votación por la presidencia.
En por lo menos siete ocasiones —contabilizadas por el TEPJF—, López Obrador ha hecho declaraciones contra la candidatura (aún no oficial) de Xóchitl Gálvez Ruiz para las elecciones 2024, lo que llevó a la funcionaria a solicitar medidas cautelares frente a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, en un primer momento, esta comisión le negó las medidas a la funcionaria argumentando que las declaraciones de AMLO son “críticas duras” propias del debate.
La respuesta del órgano interno del INE desató diversas críticas y abrió la puerta a un debate importante sobre qué es la violencia política en razón de género y en qué casos debe reconocerse. Y es que, aunque dicha violencia está clasificada en México desde hace poco más de tres años, la negativa del propio presidente de reconocer este tipo de agresiones ha sido una barrera para que los casos de violencia política en razón de género se expongan como tales ante la sociedad.
¿Qué es la violencia política en razón de género?
Desde el 14 de abril de 2020, la violencia política en razón de género está incluída en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). El artículo 20 Bis de dicha ley define este tipo de violencia como:
“Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.”
En pocas palabras, la violencia política es aquella que impide que las mujeres ejerzamos derechos como el derecho al voto, a ser candidatas para distintos cargos o a discutir las leyes que rigen nuestro país. Es muy importante explicar que la obstaculización de estos derechos para las mujeres (es decir, la violencia política en razón de género) puede darse de diferentes formas.
Un ejemplo es el caso de Rosa María Aguilar Antonio, quien en 2020 denunció que pese a ser elegida como regidora en el municipio de Reforma de Pineda, Oaxaca, no se le permitió ejercer su cargo y únicamente se le asignó la labor de “adornar” y barrer las calles (algo que, por otro lado, reproduce los estereotipos de género sobre el supuesto rol de la mujer en una comunidad).
En entrevista para Cimacnoticias, Georgina Cárdenas Acosta (investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, CIEG-UNAM) explicó que la violencia política en razón de género tiene que ver precisamente con esos estereotipos históricos que todavía son actuales en nuestro país.
De acuerdo con Cárdenas Acosta, desde el siglo XVIII, en la sociedad mexicana se ha replicado una y otra vez la idea de que las mujeres no deberían estar en la esfera pública y mucho menos incidir en ella porque no tienen la capacidad para hacerlo. Y esto aplica no solo para aquellas que desean ser parte de la política con algún partido o candidatura sino, también a las ciudadanas “de a pie” que desean ejercer derechos como el voto en las elecciones o en el uso de recursos públicos.
“Cuando se iba a legislar respecto a que las mujeres tuvieran derecho al sufragio, justo era el debate de los constituyentes: que las mujeres eran influenciables”, explica la investigadora al respecto y agrega que, además, los políticos varones también han sacado a relucir otros “argumentos” como la presunta imposibilidad de las mujeres de tener autonomía o de “dominar sus pasiones”.
Pero los políticos no son los únicos que perpetúan estas ideas. Al respecto, Georgina Cárdenas detalló que los medios de comunicación, las instituciones públicas y también la familia y el contexto social contribuyen a la representación de las mujeres como personas incapaces de participar en la vida política de México.
Entonces, ¿qué pasa con Xóchitl Gálvez Ruiz y AMLO?
Luego de revisar el caso nuevamente, la Sala Superior del TEPJF falló a favor de Xóchitl Gálvez Ruíz el pasado 2 de agosto. De acuerdo con un comunicado oficial, el Tribunal determinó que en sus conferencias matutinas de los días 3, 4, 5, 10, 11, 14 y 17 de julio, el presidente mexicano hizo declaraciones “que pretenden transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres”. Pero, ¿por qué es esto violencia política?
“Históricamente se ha dicho a las mujeres que no pueden gobernar porque ni siquiera pueden controlar sus pasiones y no tienen autonomía (…). De una u otra forma, las expresiones apuntan hacia allá: a que las mujeres no deberían estar en la esfera pública porque no tienen esa capacidad sino que alguien las está condicionando”, explicó Georgina Cárdenas Acosta a Cimacnoticias.
Esto se refuerza, además, con la forma de López Obrador de referirse a Gálvez Ruiz y a otras mujeres de la esfera política mexicana, a quienes el mandatario llama “señoras” y, con ello, evita reconocer su trayectoria política o académica. Desde la perspectiva de Cárdenas Acosta (quien además es doctora en Antropología Social), en este caso, “señora” se usa como un término peyorativo y despectivo cuyo único fin es denostar la trayectoria de las mujeres. En este sentido, la investigadora pregunta: ¿cuándo hemos escuchado a López Obrador llamar “señor” a un político contra el que esté declarando?
De esta forma, López Obrador no solo pone en duda la autonomía de Xóchitl Gálvez sino también su capacidad de gobernar al invisibilizar la trayectoria que la llevó a convertirse en senadora. Pero, pese a estos elementos que entretejen un caso de violencia política en razón de género, tanto Obrador como Mario Delgado Carrillo (presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena) rechazan la decisión del Tribunal, quien le ordenó limitar sus declaraciones contra Gálvez Ruiz.
El Tribunal, por su parte (y muy en línea con lo desarrollado por la investigadora del CIEG-UNAM), consideró que las expresiones del presidente demeritan las aspiraciones políticas y las capacidades de Gálvez Ruiz. “Se generan estereotipos al atribuirle un papel subordinado limitando a la mujer y estableciéndola como dependiente a los intereses de los hombres”, dijo el magistrado Felipe Fuentes Barrera del TEPJF en una entrevista para la prensa nacional el pasado 4 de agosto.
Aún con esta explicación, todavía hay resistencia de parte de AMLO para reconocer que incurrió en violencia política por razón de género. Desde el punto de vista de Georgina Cárdenas, esta negación puede relacionarse con el hecho de que la clasificación de dicha violencia es reciente en México. No obstante —afirma la especialista— es importante hablar sobre ella para evitar que acciones como estas priven a las mujeres de ejercer sus derechos políticos.
Violencia política puede influir en resultados electorales
La participación de las mujeres en la vida política de México comenzó hace cerca de dos siglos, en los cuales, las ideas sobre nuestra supuesta incapacidad para gobernar o elegir gobernantes no han dejado de reproducirse en mayor o menor medida. De acuerdo con Georgina Cárdenas Acosta, estas ideas y la violencia que desencadenan pueden resultar inhibitorias y convencer a las mujeres de no participar en la esfera pública ya sea por algún tipo de síndrome de la impostora o por el temor a ser blanco de ataques.
Esta situación se agrava aún más cuando los discursos violentos salen de un lugar como Palacio Nacional, en cuyo caso el mensaje llega a un público más amplio. “Si a una senadora en función de su cargo y con fuero la puede violentar el presidente, ¿qué te podría pasar a ti, candidata a una diputación federal, a un cargo en el ayuntamiento?”, opina la antropóloga al respecto.
Así, para una mujer que no está en los reflectores como Xóchitl Gálvez, la violencia política puede ser invisibilizada y quedar impune con mucha mayor facilidad. Con ello, se desincentiva la participación de aquellas mujeres en esferas políticas más locales y se pierde la oportunidad de que su agenda quede fuera de las prioridades de los gobiernos.
Pero no solo eso. Georgina Cárdenas explica que, además, en este caso en específico se abona a un proceso electoral inequitativo que beneficiará a las candidatas alienadas con el proyecto obradorista. Al respecto, la académica apunta que aún falta mucho por analizar sobre cómo es que este tipo de actos repercuten en los márgenes de diferencia entre candidatas a cargos de elección popular.
No obstante —opina Cárdenas Acosta—, el reciente fallo del TEPJF contra Andrés Manuel López Obrador da esperanzas acerca de la impartición de justicia en estos casos. “Puedes denunciarlo y se puede llegar a sancionar o por lo menos va a haber una medida”, dice la especialista sin dejar de señalar que aún hay detalles por afinar como el hecho de hacer los mecanismos de denuncia y justicia más asequibles para otras mujeres.
En el caso de Xóchitl Gálvez Ruiz, además, Cárdenas opina que borrar el contenido donde quedaron plasmadas las declaraciones contra la senadora no es suficiente pues “el mensaje ya está dicho”. “Me parece que hace falta una disculpa pública”, declaró al respecto. Si esta disculpa se difundiera como lo hicieron las descalificaciones, entonces el tema de la violencia política contra las mujeres podría tener un eco diferente desde Palacio Nacional.
