*
/ Por Marisol Escárcega /
Para esta fecha, supongo que tod@s vieron la entrevista que le hicieron a la cantante Cazzu, en la que comparte, entre otras cosas, que su hija no puede viajar con ella, me refiero fuera de Argentina, donde radica, porque el padre, Christian Nodal, no firma el permiso que se requiere. Mientras ella hablaba, a veces con la voz entrecortada, con la mirada evidentemente llena de dolor, de rabia y de impotencia, yo sólo pensaba en dos palabras: violencia vicaria.
Cazzu, como millones de madres en el mundo es víctima de este tipo de violencia de género tipificada e integrada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro país. Durante años ha sido un tema recurrente en la agenda feminista, porque no era tomada en cuenta en los juzgados familiares, sobre todo a la hora de acordar la pensión alimentaria y la guarda y custodia de l@s hij@s.
La violencia vicaria es toda “acción u omisión cometida en contra de una mujer, por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, con la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar desapego en el vínculo materno-filial, utilizando la violencia”.
En ejemplos simples es: hablar mal de la madre a l@s hij@s para manipularl@s y ponerl@s en su contra; amenazar a la madre con hacerle daño a l@s hij@s o quitársel@s; impedir viajes o traslados; negarse a pagar pensión alimentaria; amenazar con retirar la custodia; hacer complicada la vida de la madre a través de l@s hij@s, como no cumplir reiteradamente con los acuerdos de crianza, es decir, pago de colegiatura, llevar o recoger a la escuela a los hij@s, asistir a juntas escolares, etcétera.
Aunque la violencia vicaria es reconocida en 29 de las 32 entidades del país, sólo en 22 está tipificada como un delito. La penalización varía en cada estado, pues va desde los seis meses hasta los ocho años de prisión.
De acuerdo con la Encuesta Nacional El reconocimiento de la Violencia Vicaria en México, realizada por el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, 88% de los agresores de violencia vicaria han iniciado trámites legales en contra de las víctimas y en al menos 86% de los casos las han amenazado con causarles daño a través de sus hij@s.
En la entrevista a Cazzu se hace evidente una situación que llamó poderosamente mi atención: pese a que no llegó a un acuerdo con respecto a la pensión alimentaria ni a la autorización de viaje, decidió que no iba a ir a los tribunales por paz mental para ella y su hija, porque sabe que en los tribunales de Argentina o de cualquier parte del mundo no favorecen a las mujeres, pero, sobre todo, porque tiene la solvencia económica para mantener a su niña.
Sin embargo, pese al privilegio social, cultural y económico que tiene Cazzu (y que admitió) es víctima de violencia vicaria, es decir, no hay distinción entre mujeres pobres o con mejores posibilidades financieras; sin escolaridad o con estudios de posgrado ni mucho menos en una madre promedio y una famosa, el sistema patriarcal lastima de igual forma, sólo que a Cazzu sus circunstancias le permiten elegir “no pelear legalmente”, a diferencia de la mayoría de las madres.
Reitero, si hay una mínima red de apoyo, esas madres ejercerán la crianza de sus hij@s con un poco menos de obstáculos, pero quienes no cuentan con gente que cuide a sus hij@s y con recursos limitados, el panorama es diferente.
Yo creo que al no denunciar legalmente al deudor alimentario y/o al violentador, le damos la oportunidad de vivir tranquilamente y de que le haga lo mismo a otras mujeres, sin embargo, también sé que iniciar una batalla legal no es una opción que todas las mujeres puedan librar, pues, insisto, no sólo requieren dinero para mantenerse, proporcionar lo indispensable a sus hij@s y pagar una buena abogada, sino que además requieren estar informadas sobre sus derechos, tiempo y energía que, honestamente pocas tienen.
No todas las mujeres tienen el privilegio de elegir, y eso es muy injusto.
