19.07.2023.- Jeysol Amaya fue apuñalada 37 veces por su expareja y estuvo dos meses en terapia intensiva. Jeysol todavía está procesando el trauma físico y emocional que supuso el ataque, producido en 2015. Las deudas económicas contraídas para cubrir abogados y la estancia en el hospital provocaron que cayera en la pobreza.
“Él está libre y yo todos los días vivo con miedo de salir a la calle”, contó Amaya, una ex bailarina que vive ahora en la ciudad de Campeche, en el sur de México. “¿Cómo sé que no va a tratar de hacer algo?”
Amaya es una sobreviviente de feminicidio, un crimen de odio definido como el asesinato intencional de mujeres y niñas por su género.
En México, aproximadamente 10 mujeres y niñas son asesinadas cada día, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los asesinatos de mujeres han provocado numerosas protestas y han colocado la violencia de género entre los primeros lugares de la agenda política de México.
Pero quienes sobreviven a intentos de feminicidio quedan desamparadas por la justicia en México, aseguró la periodista Gloria Piña.
“Regularmente en México suelen contarse los feminicidios, pero no se cuentan las mujeres que sobreviven a actos de violencia extrema y esa fue la circunstancia que a mí me hizo tomar esta decisión de hacer este proyecto periodístico”, afirmó Piña, ganadora del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2023 por su documental “Las sobrevivientes, olvidadas por la justicia”.
Un grito de guerra
Contado a través de entrevistas con sobrevivientes, abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, el documental ha impulsado llamados a reformas legales para acabar con la violencia de género en el país latinoamericano y se ha convertido en un lugar de encuentro donde estas mujeres pueden romper su silencio y forjar alianzas con otras sobrevivientes para reconstruir sus vidas.
El Premio Breach/Valdez es impulsado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, otras agencias de Naciones Unidas, las embajadas de Francia, Unión Europea y Suiza, la Universidad Iberoamericana, la agencia de noticias France-Presse y Reporteros sin Fronteras para reconocer el trabajo de periodistas que cubren temas de derechos humanos en México.
“Pensé que era importante contar su historia. Si no nombramos las cosas es como si no existieran, pero al nombrarlas existen y al nombrarlas podemos hacer un cambio respecto a ellas”, aseguró Piña.
Negligencia y vacíos legales
Para su investigación, Piña revisó denuncias y sentencias abiertas en todo el país a través de más de mil solicitudes de acceso a la información. La investigación documenta cómo una combinación de vacíos legales, negligencia, falta de perspectiva de género en el sistema legal y normas sociales y culturales que discriminan a las mujeres permiten que la gran mayoría de los casos de tentativa de feminicidio queden impunes, dejando a las víctimas desprotegidas y sin reparación y, en muchos casos, sin apenas sanciones para los agresores.
Según el documental, los fiscales mexicanos en los últimos ocho años han abierto 1.7 millones de investigaciones penales por golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con arma blanca o armas de fuego contra mujeres. De éstos, sólo 781 fueron iniciados como tentativa de feminicidio. El resto fueron catalogados como lesiones dolosas o violencia doméstica, delitos que conllevan sanciones menores.
Al no investigar tales ataques como intento de feminicidio, a pesar de la abrumadora evidencia, se minimiza el problema de la violencia contra las mujeres y se alimenta una cultura de impunidad, dijo Piña. La mayoría de las sobrevivientes que aparecen en el documental viven con el temor a ser atacadas nuevamente por los mismos agresores, quienes continúan libres o en espera de juicio.
“El mensaje más fuerte que se da al no atender estos casos de manera eficiente es la impunidad, [es decir], que en México se puede agredir o se puede matar a una mujer y no habrá consecuencias, y no solamente consecuencias legales o jurídicas, sino que no pasa absolutamente nada para atender a las mujeres”.
Piña culpó del problema a una falta de perspectiva de género por parte de jueces y fiscales, y a patrones sociales y culturales profundamente arraigados que resultan en discriminación contra las mujeres.
“Hay una responsabilidad del Estado de proteger a las mujeres de ser asesinadas y de juzgar adecuadamente los casos de intento de feminicidio, pero esta negligencia institucional es parte de un problema estructural más grande en la cultura mexicana”, dijo.
“Las supervivientes de intentos de feminicidio quieren justicia para poder reconstruir su vida personal y emocional.“
LA PERIODISTA MEXICANA GLORIA PIÑA.
Punta del iceberg
A pesar de las cifras que se muestran en el documental, la difícil situación de las sobrevivientes de violencia de género es sólo la punta del iceberg, dijo Piña.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2,481 mujeres y niñas fueron reportadas oficialmente como desaparecidas en 2022. No obstante, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una organización de la sociedad civil, el número real puede ser mayor. Las desapariciones de mujeres en México esconden otras formas de violencia contra las mujeres, entre ellas el feminicidio, el secuestro y la trata de personas, señaló el instituto en un informe reciente.
La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres permanecen invisibles. Muchas víctimas deciden no presentar una denuncia por temor a ser estigmatizadas o para evitar un proceso legal costoso y engorroso que puede prolongarse durante años sin que se castigue a los agresores, dijo Piña.
El feminicidio es la manifestación más extrema y brutal de la violencia contra mujeres, y afecta a todas las regiones y países. México reformó su código penal para incluir el feminicidio en 2012, como respuesta a años de protestas públicas tras casos muy publicitados de asesinatos de mujeres y niñas.
ONU-DH en México apoya los esfuerzos de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para poner fin a la violencia de género. Dichas iniciativas están dirigidas a mejorar la investigación de casos de feminicidio mediante el fortalecimiento de la debida diligencia y la capacitación de médicos forenses y personal de la administración y procuración de justicia para que incorporen la perspectiva de género en sus diligencias.
La Oficina también trabaja para mejorar la recogida de datos en estrecha coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y ofrece apoyo para reforzar la atención psicosocial para mujeres y niñas víctimas de violencia por razones de género, que brindan actoras de la sociedad civil.
Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto de ONU-DH en México, expresó que si bien México ha implementado varias medidas para abordar la violencia contra mujeres, todavía hay retos pendientes.
“La violencia contra las mujeres es una temática prioritaria para la Oficina, en la que venimos trabajando desde hace años, con acciones desde un enfoque primeramente preventivo, considerando las múltiples causas y formas de discriminación contra las mujeres; también desde el enfoque de la respuesta que ha dado el Estado y las políticas públicas específicas y existentes para atacar el feminicidio, con acciones de fortalecimiento técnico para lograr que las mujeres en México gocen de una vida sin violencias”.
Peña Palacios asegura que el gran número de carpetas de investigación, una financiación insuficiente y la falta de un trabajo que incorpore adecuadamente la perspectiva de género por parte del funcionariado encargado de investigar adecuadamente los casos de violencia de género también son factores que influyen en la situación actual.
Reconstruyendo sus vidas
“Existe el firme convencimiento, como ilustra el documental, de que la capacitación en perspectiva de género no es un fin en sí mismo”, sostiene Peña Palacios. “La perspectiva de género, además de reflejarse en los talleres o cursos, debe ir en el núcleo mismo de la investigación y ser una guía a lo largo de los juicios, es decir, en cada paso del proceso de justicia, incluida la fase de reparación” expresó Peña Palacios.
“Resulta también esencial colaborar estrechamente con las familias de las víctimas, la sociedad civil y las comunidades que enfrentan la dura y difícil realidad de esta violencia. La sinergia en las acciones conjuntas es fundamental en nuestra aspiración y camino hacia la erradicación de la atroz realidad que es el feminicidio y la violencia contra las mujeres”.
Las mujeres que aparecen en el documental han transformado sus experiencias en una lucha por la justicia y han formado grupos de apoyo que las están ayudando a sanar la pérdida y el dolor. En el documental, estas mujeres relatan con crudeza sus experiencias de abuso y su lucha diaria para recuperar su dignidad. Las mujeres que aparecen en el documental han transformado sus experiencias en una lucha por la justicia y han formado grupos de apoyo que las están ayudando a sanar la pérdida y el dolor. En el documental, estas mujeres relatan con crudeza sus experiencias de abuso y su lucha diaria para recuperar su dignidad.
Tal es la historia de Carolina Ramírez Suárez, quien fue secuestrada y brutalmente torturada por su esposo, de quien se había separado después de que ella enfermara y necesitara cuidados. El esposo recibió una sentencia mínima por tentativa de homicidio y murió en prisión, mientras que Ramírez Suárez recibió $750 dólares en concepto de reparación por parte del Estado.
“Cuando tú eres sujeto a una violencia de esta magnitud como que tus piezas quedan rotas”, dijo Ramírez Suárez, quien dirige un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia de género.
“Es como volver a armarte y saber que esa sanación tiene que ver con lo emocional, con lo energético, con tu corazón, con tu manera de conectarte con el mundo. Las sobrevivientes también contamos y vivimos para contarlo”.