*A Juicio de Amparo .
/ María Amparo Casar /
No creo que la unidad esté en riesgo, al menos todavía, pero hay signos inquietantes que se dejan ver por todos lados. Pleitos sucesorios en las candidaturas, funcionarios públicos heredados que la presidenta no puede remover, coordinadores parlamentarios de dudosa lealtad, conductas cotidianas que dañan los supuestos principios del morenismo. No se nos olvide la misiva de la Sheinbaum a los militantes de su partido con “modestas recomendaciones” que provocaron descontento por su tono crítico y propuestas no consensadas: aviones y helicópteros privados, viajes en primera clase, séquito de camionetas y guardaespaldas, otros privilegios y una iniciativa contra el nepotismo electoral.
Algo serio ocurre en Morena. Además de los pleitos internos que salen a la luz pública, van calando las críticas. Particularmente las de corrupción. Difícilmente pueden ufanarse de haber acabado con las lacras del pasado. Si cabe las han reproducido y, con mucha enjundia.
Los casos se cuentan a granel. Hay algunos que se tratan del abuso de poder que atenta contra la dignidad de las personas como el que cometió Fernández Noroña llevando a un ciudadano a ofrecer una disculpa pública por el trato que le dispensó en un aeropuerto.
Los casos de corrupción pura y dura saltan todos los días como producto de las investigaciones del periodismo de investigación y la investigación aplicada. Son casos en los que se denuncia a políticos y funcionarios de Morena por lucrar con los recursos públicos, proteger al crimen organizado o practicar el tráfico de influencias.
En el Congreso del pasado domingo 20 Luisa María Alcalde, presidenta del partido, dijo que “Morena no protegerá a ningún militante corrupto” y que los militantes deberán responder por sus actos.
A la vista está que estas declaraciones no tienen ningún sustento. Las que sí tienen sustento son las indagaciones académicas sobre el uso y abuso de recursos públicos, las investigaciones periodísticas que develan los actos y redes de corrupción junto con la impunidad que los ampara y los reportes de empresarios de diferentes giros y fortunas que denuncian la corrupción en trámites y permisos por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el derecho de piso, la inseguridad en las carreteras y vía ferroviarias, las extorsiones de las que son objeto y la falta de certidumbre jurídica.
Pero dejemos a todos estos actores sociales que han sido calificados como enemigos del régimen y centrémonos en los de casa.
Iván Escalante, director de la PROFECO, acaba de denunciar ante legisladores que ha recibido presiones de “sus compañeros de movimiento” para evitar sanciones a gasolineras y un hotel por incumplimientos legales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene 13 investigaciones por faltas administrativas relacionadas con presunta corrupción en la compra de medicamentos por parte de Birmex pero se reserva los nombres y cargos de los implicados.
Los servidores de la nación reconocen distribuir los programas sociales con el santo y seña de Morena.
Según La Jornada “un grupo de diputados de Morena pidió la renuncia de la secretaria del Bienestar, a la que señalaron de actuar de forma despótica hacia los legisladores e incluso ventilaron presuntos casos de corrupción en la dependencia”. Entre ellos, la diputada Irma Juan Carlos declaró que “la corrupción está muy fuerte hasta el último rincón de las comunidades rurales e indígenas”.
Omar García Harfusch, a raíz de la exitosa Operación Enjambre en el Edomex, revela y reconoce la colusión entre crimen organizado y al menos 14 autoridades municipales de todos los partidos incluido Morena.
Funcionarios del gobierno morenista acusan a Hernán Bermúdez Requena, ex-secretario de Seguridad de Tabasco, por sus vínculos con los grupos criminales La Barredora y el CJNG.
Y qué decir de la complicidad de las autoridades aduaneras, otras dependencias y gobernadores morenistas en el negocio del huachicol.
Estos ejemplos echan por tierra la honestidad valiente de la 4-T, de Morena y de sus gobiernos. Son acusaciones hechas por ellos mismos.
Igualmente lo es eso de que se revisará con lupa a aquellos aspirantes a militar o a obtener un cargo en los gobiernos morenistas. Qué garantía o qué credibilidad puede tener Morena cuando ofreció al senador Yunes el retiro de demandas y órdenes de aprehensión a cambio de su voto para la reforma judicial. Por lo pronto, el cuestionado diputado Arturo Ávila ya cubrió a los que ya militan en Morena. Serán investigados sólo los nuevos.
Los críticos o las oposiciones, “voces mal intencionadas” las llamo Durazo, no andan buscando rendijas. Las grietas que se abren en Morena son de manufactura propia y de su entera responsabilidad.
Ni el huachicol, ni los cargos contra el tabasqueño Hernán Bermúdez, ni los excesos y complicidades de las adjudicaciones directas, ni el cobro de derecho de piso, ni las expropiaciones forzadas para el tren maya son infundios.
Las críticas y “voces mal intencionadas” están en casa. Partido y gobierno has dado cuenta de sus propias pifias.
