Retrovisor .
/ Ivonne melgar /
Además del debilitamiento de la división de Poderes y de la presencia del crimen organizado que la socava, nuestra democracia padece de partidos antidemocráticos.
Siendo, en teoría, entes de interés público, nuestros institutos políticos actúan bajo la opacidad de las definiciones personales.
Así hemos podido constatarlo en esta etapa de precampaña electoral, a concluir el próximo 18 de enero. Ninguno se salva.
Las imposiciones, el dedazo, el amiguismo, los arreglos en lo oscurito y el autoritarismo campean sin excepción en todos los partidos políticos mexicanos.
Y el comportamiento de sus líderes y dirigentes oscila entre el caudillismo, la vulgaridad y el agandalle.
Porque, más allá de adoctrinamientos mañaneros, encuestas, mareas rosas y jingles contra la vieja política, las definiciones partidistas siguen siendo discrecionales.
En ningún partido existe un mecanismo que resista a la transparencia en la selección de sus candidaturas. En los siete casos hay una, dos o, a lo sumo, tres personas que palomean, tachan, incluyen y eliminan nombres.
Hemos escuchado suficientes testimonios para sostener que, en la interna de Morena, “el voto de calidad”, del que siempre estuvieron esperanzados Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, también existe en los otros partidos.
“No me ha dicho nada Dante”, se escucha en Movimiento Ciudadano. “Es que Zambrano dice que ese espacio ya está dado”, comentan en el PRD.
“Eso lo vio Marko con el gobernador y ahí él decidirá”, se cuenta en Yucatán, Guanajuato y en el PAN. “Sólo Alito sabe cómo van a quedar los pluris”, se normaliza en el PRI.
Mientras que, en una revisión de las precandidaturas al Senado de Morena, sobresalen personajes afines al Presidente de la República y a los gobernadores.
De manera que no se trata sólo de dirigentes ajenos a las prácticas democráticas, sino de una realidad estructural, la de un sistema político de cúpulas.
También es cierto que, en un sexenio de renovado presidencialismo, contrario a la división de Poderes y al diálogo político, la oposición ha estado sujeta al acoso.
Ese acoso se ha traducido en persecución judicial y en riesgo de volver irrelevantes a los partidos que no se someten a la agenda gubernamental.
La versión de que la presidencia de Alejandro Moreno en el PRI contó con el visto bueno de Palacio Nacional mantiene vigente la preocupación de no pocos panistas de que los pactos alguna vez tomados por la dirigencia priista con el gobierno revivan en plena campaña.
Esa sospecha se activó cuando la representación del PRI en el INE respaldó, junto con Morena, a la presidenta Guadalupe Taddei en su estrategia contra las decisiones colegiadas que la mayoría de los consejeros le proponían tomar.
Igualmente, trascendió que la dirigencia priista apoyó a los magistrados que en el Tribunal Electoral depusieron a Reyes Rodríguez para ser relevado por Mónica Soto.
Y es que las definiciones del INE y del Tribunal resultan fundamentales para que los partidos sean sometidos a la Constitución como los entes de interés público que son.
De los consejeros y los magistrados autónomos depende que el arbitraje y la justicia electoral sean en favor de los derechos políticos de los ciudadanos.
Pero cuando el INE y el Tribunal Electoral están más preocupados en quedar bien con los dueños de las marcas partidistas, la democracia pierde.
Consecuentemente, las prácticas antidemocráticas que ocurren en esas franquicias políticas pasan de noche y sus dueños pueden palomear a gusto las listas de candidatos. O firmar convenios con otros partidos para repartirse notarias. O pedir porcentajes a trabajadores de la administración pública para financiar campañas. O promover electoralmente los programas sociales.
¿Tendrán los precandidatos presidenciales la fuerza y el talento para ofrecer proyectos de país que trasciendan a la partidocracia que los llevará a la boleta del 2 de junio?
Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, tendría que ir más allá de los millones de me gusta que en redes tiene el video chelero de su destape.
No es trivial que el candidato y la dirigencia de Dante Delgado hayan terminado de pleito con quien fuera la principal figura del partido, el gobernador Enrique Alfaro.
Xóchitl Gálvez, del frente PAN, PRI y PRD, ha sabido deslindarse del vergonzoso acuerdo de Coahuila y es sincera al declarar que ella no palomea candidatos.
Avalada por un millón de firmas, la presidenciable surgida de la marea rosa necesita lograr que la coalición que la respalda vaya más allá de sus pactos de sobrevivencia para responderle a la auténtica oposición, la de los ciudadanos.
Y Claudia Sheinbaum, la abanderada de la continuidad, tendrá el desafío de construir una agenda de futuro que no sea sólo la que le ha diseñado el Presidente de la República con el paquete de reformas que enviará al Congreso.
Apuntalada por y con la popularidad y el poder de quien hasta hoy actuó como su jefe de campaña, cuidadosa en no contradecirlo, la candidata oficialista deberá administrar su ventaja, ofreciendo cuidar la democracia ahora debilitada.
Porque, una vez inscritos ante el INE por nuestra antidemocrática partidocracia, Máynez, Xóchitl y Sheinbaum deberán hablarles a los ciudadanos e ir por su cobijo.
Bueno. Así sucede en las democracias.
