*Avance en investigación expone omisiones institucionales en caso El Pinal.
27.04.2026 Chihuahua.- La fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada creada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, presentó este lunes el primer informe oficial sobre uno de los casos de seguridad más delicados del año, confirmando hallazgos que profundizan la crisis institucional derivada de la presencia de ciudadanos estadounidenses en un operativo estatal sin conocimiento formal del Gobierno federal.
Durante su comparecencia, Chávez informó que las investigaciones preliminares apuntan a que existieron elementos de una posible colaboración de carácter extraoficial entre mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y personas extranjeras que se integraron al convoy que participó en el operativo de desmantelamiento de uno de los mayores narcolaboratorios de metanfetaminas localizados recientemente en México.
Según el informe oficial, desde el jueves 16 de abril, cuando el convoy partió de la ciudad de Chihuahua hacia la zona serrana de Morelos, se incorporaron cuatro personas no identificadas, vestidas de civil, sin insignias institucionales, sin portar armas visibles y con el rostro cubierto durante gran parte del trayecto. Entre ellas se encontraban dos ciudadanos estadounidenses que posteriormente fallecieron junto con funcionarios mexicanos en un accidente vehicular ocurrido al término del operativo.
Wendy Chávez precisó que estos individuos no formaban parte formal del despliegue operativo institucional, no participaron en reuniones de planeación, no tuvieron contacto con mandos militares ni intervinieron directamente en la ejecución táctica del aseguramiento del narcolaboratorio. Su interacción, explicó, se mantuvo limitada exclusivamente al entonces director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, y a su círculo inmediato de seguridad personal. ([turn0news12](https://elpais.com/mexico/2026-04-28/renuncia-el-fiscal-de-chihuahua-tras-el-escandalo-por-la-colaboracion-del-estado-con-dos-agentes-de-la-cia.html))
La funcionaria subrayó que la inclusión de estas personas extranjeras en el convoy nunca fue reportada a los mandos superiores de la Fiscalía General del Estado, lo que constituye una omisión grave en los mecanismos de control institucional. Esta falta de información fue uno de los principales factores que detonó la posterior renuncia irrevocable del fiscal general César Jáuregui Moreno, quien asumió responsabilidad política por las inconsistencias y fallas de supervisión.
El informe se basa en aproximadamente 50 entrevistas ministeriales, peritajes técnicos, reconstrucción de rutas, análisis de comunicaciones y revisión documental sobre los movimientos del convoy durante los días de operación. Chávez indicó que aún se investiga con mayor profundidad la naturaleza exacta de la relación entre funcionarios estatales y los ciudadanos extranjeros, así como posibles responsabilidades administrativas o penales de servidores públicos involucrados.
Uno de los puntos más sensibles del caso es que, aunque el Gobierno federal confirmó que los estadounidenses ingresaron a México utilizando pasaporte diplomático, su presencia en un operativo de seguridad estatal no fue notificada oficialmente a instancias federales, incluidas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Fiscalía General de la República.
La investigación también busca determinar si la presencia de los extranjeros estaba vinculada con labores de capacitación tecnológica, inteligencia o asesoría táctica, como sugirieron algunas versiones iniciales, o si existieron facultades operativas no reconocidas oficialmente.
El caso El Pinal se convirtió en un escándalo nacional e internacional luego de que el operativo, inicialmente presentado como un éxito en el combate al narcotráfico, derivara en cuestionamientos sobre soberanía, cooperación internacional y posible injerencia extranjera fuera de protocolos legales.
La gobernadora María Eugenia Campos creó la Unidad Especializada encabezada por Wendy Chávez con el objetivo de centralizar las investigaciones, garantizar transparencia y deslindar responsabilidades. El trabajo de esta instancia será clave para definir si hubo actos de colaboración irregular, abuso de funciones o violaciones legales dentro de la estructura estatal de seguridad.
Las revelaciones presentadas este lunes consolidan la gravedad institucional del caso y colocan a Chihuahua en el centro de un debate nacional sobre los límites de la cooperación con agencias extranjeras, la autonomía de las entidades federativas en materia de seguridad y la necesidad de fortalecer controles sobre operaciones de alto impacto.
Mientras continúan las investigaciones, Wendy Chávez dejó claro que el proceso aún no concluye y que las siguientes etapas estarán enfocadas en precisar responsabilidades, esclarecer la verdadera dimensión de la participación extranjera y garantizar que cualquier actuación fuera del marco legal sea sancionada conforme a derecho. La crisis derivada del caso El Pinal se perfila así como uno de los mayores desafíos recientes para la institucionalidad de seguridad en México.
