Xóchitl Gálvez responsabiliza a López Obrador de eventuales agresiones en su contra

*Los retó a que cumplan su amenaza de demoler su casa.

13.09.2023 Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, representante del Frente Amplio por México, ha sido el centro de una controversia marcada por acusaciones y amenazas relacionadas con su residencia. Estos acontecimientos han contribuido a un clima político ya de por sí tenso en el país.

La polémica se desencadenó cuando el partido Morena, actualmente en el poder, planteó la posibilidad de demoler la residencia de Xóchitl Gálvez en la Ciudad de México y divulgó públicamente la dirección de esta, alegando irregularidades en su construcción.

La coordinadora del Frente Amplio los retó que “Demuelan mi casa, viviré en la de millones de mexicanos que me reciban con las puertas abiertas le dijo en un mensaje en video en redes sociales.

Estos hechos fueron interpretados por Gálvez como un intento de intimidación política, llevándola a responsabilizar directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por su seguridad y la de su familia, luego de la revelación de datos personales sensibles.

Durante una rueda de prensa realizada en el Senado, la aspirante a la presidencia expresó con firmeza su temor a ser agredida al revelarse du dirección particular por parte de un ex funcionario acusado por ella de corrupción.

“Existe temor hacia mi candidatura, un temor que se ha transformado en un miedo extremo. Sin embargo, quiero enfatizar que la vivienda en la que resido está completamente en regla”. Gálvez reaccionó así a las acusaciones de Morena en relación a la legalidad de una de sus propiedades, la cual fue construida durante el mandato de un exdelegado que hoy la señala como ilegal.

Gálvez sostiene que su residencia no incumple ninguna normativa legal y que las amenazas de demolición forman parte de una estrategia coordinada desde Palacio Nacional para sacarla de la contienda electoral del 2024. Esta serie de ataques, desde su perspectiva, son una táctica más en su contra en el contexto político actual.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, respondió a las acusaciones de Víctor Hugo Romo, quien denunció supuestas irregularidades en la construcción y en los permisos otorgados al departamento de Xóchitl Gálvez.
Tabe recordó que la obra en cuestión fue erigida precisamente durante el mandato de Romo como alcalde, y calificó los señalamientos del exfuncionario morenista como una maniobra para desviar la atención de las disputas internas de Morena en su elección interna.

Por su parte, Morena presentó una demanda ante la alcaldía Miguel Hidalgo con el fin de que esta clausure y derribe el conjunto residencial en el que se encuentra la vivienda de Xóchitl Gálvez. El partido alega que el alcalde Mauricio Tabe debe solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, siguiendo el precedente de otros inmuebles, el aseguramiento del fraccionamiento, que comprende cinco casas, incluyendo la de la candidata.

La respuesta de Gálvez no se hizo esperar y la compartió en sus redes sociales: “Han intentado socavar mis raíces, mis empresas, a mis clientes y ahora, incluso, mi hogar. ¿Será que quieren llevarse mi bicicleta al depósito vehicular?”. Estas palabras reflejan el clima de tensión que se ha instalado en el ámbito político y personal en relación a esta controversia.

La alcaldía Miguel Hidalgo confirmó que la residencia de la senadora no cuenta con autorización de Uso y Ocupación, aunque aclaró que esto no implica necesariamente una demolición, sino que conlleva una multa económica para el constructor y el Director Responsable de Obra (DRO).

De acuerdo con la alcaldía, el proceso de Autorización de Uso y Ocupación es responsabilidad del constructor y el DRO, quienes deben notificar a la alcaldía sobre la terminación de la obra para obtener la autorización correspondiente, siguiendo lo establecido en el Artículo 70 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. La omisión de este trámite no justifica la clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, sino que implica únicamente una multa económica, que sería impuesta al desarrollador y al DRO, no al comprador, como se especifica en el mismo artículo.

Este episodio, que ha generado un intenso debate en la esfera política, refleja las tensiones y divisiones políticas en México a medida que se acerca el proceso electoral del 2024.

 

 

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