/ Verónica Malo Guzmán /
El pacto federal y la conformación republicana de nuestro país se encuentran bajo asedio. Los ataques provienen de Palacio Nacional. López Obrador, como recurso de presión para obtener la aprobación de su iniciativa de reforma en materia energética, advirtió que no dará más dinero a las entidades para que “sigan robando”. ¿Pruebas para sostener tal afirmación? Si acaso sus otros datos.
El pacto federal que preside y juró respetar, supone el envío de recursos conforme a una serie de lineamientos específicos que poco o nada tienen que ver con sus apreciaciones personales, menos aún cuando estas carecen de fundamento.
Imposible negar que hay corrupción —está en todos los niveles del gobierno: federal, estatal y municipal—, pero ponerle fin no requiere estrangular a las entidades federativas (entiéndase a sus poblaciones).
La petición de algunos gobernadores de replantear el pacto federal con base en las contribuciones estatales —lo que aportan y lo que reciben—merece ser analizada, pues entre otras cosas significa escuchar el reclamo de los contribuyentes. Claramente sigue pendiente una reforma fiscal integral; una que lleva más de 30 años de no haberse realizado.
Por eso, lo dicho por López Obrador: “antes de pensar en una reforma para dar más dinero a las entidades, los gobernadores deben gastar con austeridad y combatir la corrupción porque la Federación no va a dar más dinero para que sigan robando” no es de estadistas. Demuestra, en cambio, que no entiende ni de las necesidades de los entidades, ni de prioridades de sus gobernados.
AMLO pasa por alto que los estados contribuyen grandemente a lo recaudado por la Federación. Mismo cuando se habla de impuestos federales, de las entidades federativas que más participan son Jalisco y Nuevo León, además del Estado de México y CDMX. Debiera ser atendible el reclamo de los gobernantes que más recursos están aportando al país como un todo. Y estos no solicitan se les quite presupuesto a los estados más necesitados, sino que los gastos de la Federación en su conjunto reconvengan prioridades y que estas beneficien a todos los mexicanos.
En México ni siquiera el 1% del PIB se dedica a salud, meta por cierto prometida por la Cuarta Transformación. La cifra real que se destina a dicho rubro es un 0.37%. Mientras, el INSABI, que se supone cubre y mejora el extinto Seguro Popular sufrirá un recorte de más del 20% el próximo año; un presupuesto que además no define qué ocurrirá con la población que ya no está cobijada por este Instituto.
Para el 2022 se tiene proyectado en infraestructura un gasto 14.3% mayor al de este año, para situarse en un 3.5% del PIB. Pero 55.1% del mismo se destinará a los proyectos insignia del presidente, mientras que solo 1.8% de ese incremento será para educación y 1.7% para salud.
Así, diversas entidades no cuestionan invertir en el sureste mexicano. Critican que no se permita siquiera replantear el esquema de inversión pública para dirigirla a asuntos como los antes mencionados, en lugar de seguir tirando el presupuesto en proyectos inservibles, que además generarán mayor pobreza.
La descalificación diaria que hace el primer mandatario de legisladores, ejecutivos estatales y habitantes de ciertas regiones del país que no han votado por él no es algo menor. Es muestra de la degradación diaria que hace López Obrador del pacto federal. AMLO no es ningún republicano; se asemeja cada día más a un monarca que habita el Palacio Nacional.
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