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/ Francisco Cabral Bravo /
Con solidaridad y respeto a Ricardo Ahued Bardahuil
¿En qué estabas pensando?
Es una de las preguntas más simples y sin embargo, es tan abierta que las respuestas son incontrolables. Los pensamientos podrían clasificarse en grandes, como cuando alguien imagina caminos para resolver un problema grave.
Otros son preocupantes: pensar en el futuro del país, de tu estado, de tu ciudad.
Comenzamos el segundo tiempo. El balón se colocó de nuevo en media cancha y comenzó el juego. Los dados mandan y las cartas juegan. Lo afirmo y reitero constantemente. La paz pública es una enorme riqueza. Poco apreciada cuando impera, redimensiona su valor cuando escasea.
La paz pública es el pilar de la convivencia. Permite y alienta el desarrollo individual y colectivo. Paz pública es libertad, confianza, armonía, valores de todos los días que hacen posible que transitemos por la vida, la única que tenemos, la de hoy y no la de un mañana eternamente lejos. La paz pública nos da libertad de elección en esos pequeños detalles que hacen la existencia, es ir a donde se quiera y a la hora que se quiera, es ensanchar el horizonte porque se sabe que no sólo en los metros cuadrados de cada casa hay seguridad, sino también en la gran casa de todos, que es el país.
Retomo aquí ideas que han sido reiteradas y parecen claves: y esta vez no por razones políticas o ideológicas. Hoy se tambalea la paz pública porque gradualmente se ha impuesto la ruta fácil hacia el dinero.
Endiosado por una combinación de causas y factores, entre los que están la presencia del tener sobre el ser y el hacer, el dinero parece la aspiración suprema. Tener es más que ser, amar pensar, crear, educar, trabajar, saber, ayudar.
Esta supremacía de la posesión de bienes materiales hace que se le busque como fin sin importar los medios.
Tan obsesiva es esta convicción, que se busca acumular a cualquier precio. Puesto que es más el que más tiene, hay que tener más para ser más. Al fin, en una sociedad distorsionada, el que tiene poco es poco y el que nada tiene es nada.
La importancia del verbo tener podría ser inocua, pero no lo es por dos razones: porque deforma la percepción del valor intrínseco de las personas y porque son muchos los que para tener son capaces de violentar cualquier principio.
Una sociedad puede vivir con algunos transgresores de la ley, ese porcentaje de personas que se aloja en todo grupo humano.
A partir de la fuerza de todos, se pueden contener las maldades de algunos.
La impunidad pavimenta la ruta, la hace transitable y hasta aspiracional. Tenemos que ser capaces de dar un vuelco a estas distorsiones. Que valga más quien más sabe, piensa y trabaja, quien más ayuda al prójimo y crea, quien más dialoga y soluciona.
Que valgan más los que actúan dentro de la ley qué al margen.
Que se reconozca más el esfuerzo generoso que la riqueza ilegal. Que se enaltezca más al que ayuda que al que roba. Estamos a tiempo.
La paz pública se tambalea, pero sigue en pie.
En otro contexto por tratarse de servidores públicos de alto nivel, deben quedar sujetos al escrutinio social; es necesario conocer si cuentan con las habilidades que les permitan cumplir con su mandato.
Hace unas semanas, el Pleno del INAI instruyó a la UNAM, a entregar la versión pública de los títulos profesionales y actas de titulación de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Jorge Alcocer Varela secretario de Salud y Hugo López Gatell, subsecretario Prevención y Promoción de la Salud.
Lo anterior, después de que la UNAM clasificara como confidencial la información, pues se trata de datos personales que, en principio, no necesitan ser publicados, ya que darían cuenta de la vida privada de tres personas plenamente identificados.
Es importante explicar este caso por tres razones: primero, porque esta instrucción se da derivado de que una persona presentó una solicitud en la que requirió la información, es decir, alguien que no nos importa quién ni por qué pidió esta información a la UNAM y es gracias a este tipo de solicitudes que el INAI funciona, pues nos permiten pronunciarnos respecto a si se debe o no entregar la información que las instituciones niegan.
En segundo lugar, porque la información que se solicita pertenece a tres personas servidoras públicas, y quien se dedica al servicio público tiene una protección menor en sus datos personales que una persona privada; es decir, quienes asumimos un cargo aceptamos, directa o indirectamente, ser sujetos del escrutinio público ya que nuestras acciones, decisiones e incluso omisiones pueden tener impacto en el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y en la adopción e implementación de políticas públicas.
Como tercera razón para describir este caso, y ligado con lo anterior, es que, en resoluciones como ésta, es que podemos observar cómo es que ningún derecho puede ser absoluto, ya que existen circunstancias particulares que pueden disminuirlos o limitarlos.
Así, las actas de titulación y títulos profesionales, a nivel licenciatura, que se analizaron pertenecen a tres personas servidoras públicas de alto rango, que dan cuenta de la formación profesional que influye en su desempeño, ya que derivado del impacto y trascendencia que estos encargos tienen en la vida pública del país, resulta necesario conocer si cuentan con las habilidades, académicas que les permitan cumplir con un mandato ejecutivo en beneficio de la sociedad.
Y recuerde mientras que en el mundo se están construyendo nuevos paradigmas de desarrollo, en México los empresarios y el gobierno han dejado caer sus inversiones y algunos sectores mantienen enorme distancia con las autoridades.
El Grupo de Expertos G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón) sobre Resilencia Económica, suscribió el “Consenso de Cornwall” que le presentará a los líderes del G20 cuando se reúnan el 30 y 31 de octubre para discutir los extraordinarios desafíos actuales, nada menos que la pandemia, el cambio climático, la creciente desigualdad y la ineludible reorientación de la economía.
El consenso del Cornwall, según reseña Mariana Mazzucato, representante de Italia en ese grupo, “exige una relación radicalmente distinta entre los sectores público y privado para crear una economía sostenible, equitativa y resilente”. ¡A ver cómo le hacen para lidiar con la incertidumbre que todo cambio genera y con los reclamos de seguridad y confianza!
La opción ante los desafíos es simple; seguir apoyando un sistema económico fracasado, por reemplazar el Consenso de Washington con un nuevo contrato social que deje de considerar el desarrollo económico en función del PIB o de la rentabilidad financiera, y lo haga por “la supervivencia de la humanidad en este planeta”.
Desde la perspectiva de este grupo del G7, la recuperación económica postpandemia hará necesaria una mayor inversión estatal, que no sólo vea por los beneficios privados a corto plazo, como ha ocurrido durante el neoliberalismo, sino que persigue una economía “verde” y un desarrollo socialmente equitativo.
El problema bien conocido del desarrollo es hacer concurrentes la política favorable a las inversiones privadas y la atención a los rezagos sociales. Son dos enfoques que deberían ser complementarios, lo que no es fácil de lograr porque no son meras cuestiones técnicas las que hay que resolver, sino de orden político, peor aún cuando el poder económico en pocas manos acumula excesivo poder político, como bien lo sabemos en México.
Sin inversiones, privadas y públicas, no hay desarrollo posible.
La inversión privada cayó en 3.2% en 2019 y 19.8% en año de la pandemia; la explicación de la baja crónica de inversiones radica en la debilidad del mercado interno. Miles de cadenas de producción más o menos integradas, se perdieron.
Gracias al T-MEC crecerá en México la inversión transnacional de alta densidad de capital, promotora de cambios tecnológicos pero que no genera suficientes empleos; una adecuación del desarrollo para evitar mayor pobreza y desigualdades en México, sería lo que debió hacerse hace 40 años: promover decididamente la integración de las MIPYMES, 99.8% de los negocios, generadoras de más de 52% del PIB y del 73% de los empleos a las cadenas de valor que genere el T-MEC. Sería un buen amarre de la política económica y la política social.
