**Números Rojos-
/ Brenda Caballero /
Hablar
de acoso sexual puede ser fácil; sentirlo en carne propia es demoledor. Más cuando el acosador o la acosadora (porque también hay mujeres que lo ejercen, como en la Subdelegación Administrativa del Issste) se encuentran presentes en el mismo espacio laboral,
en el espacio público.
Tener
que levantarse y asistir todos los días al área de trabajo donde ya se te acecha, se te espera para ofenderte, humillarte e intimidarte con contacto físico innecesario, miradas lascivas, comentarios, bromas, gestos, todos de índole sexual y hasta petición
de favores sexuales hacen que sean violados nuestros derechos fundamentales como trabajadoras y trabajadores, seamos violentadas o violentados, constituyendo un problema de salud y seguridad en el trabajo, además de una inaceptable situación social.
¿Quiénes
lo ejercen? Los y las que se sienten protegidos, con poder y por supuesto quienes ignoran que la ley garantiza la igualdad y sanciona la violencia o a quienes aun sabiéndolo, creen que gozan de impunidad.
Las
comparecencias de las Dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz ante el Congreso del Estado, aparte de mostrar el buen o mal trabajo desempeñado por sus titulares, han servido para desnudar los 9 presuntos casos de acoso sexual en el interior del Gobierno
Estatal.
Sí,
9 casos, a pesar de tener implementado el Protocolo de Atención y Prevención contra el Acoso y el Hostigamiento en la Administración Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2020 que dentro de sus considerandos dice: “…establece
que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a éstos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, además de declarar que la mujer y el hombre son iguales ante la ley…”
En el
mismo Considerando el sexto párrafo dice: “Que el 25 de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendó al Estado mexicano, en sus Observaciones Finales sobre el Noveno Informe Periódico de México, alentar a las
mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, y asegurarse de que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y se garanticen que todos los casos de violencia de género se investiguen eficazmente, así como
que los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda…”
Las
mujeres han denunciado, tal como lo marca el protocolo, pero ¿Qué esperan las autoridades para enjuiciar y castigar al acosador? ¿De verdad gozan de tanta protección e impunidad? ¿Por qué?
Lo más
preocupante es que esos acosos sexuales y laborales se están dando en la Secretaría de Gobierno, tal y como lo diera a conocer la diputada Anilú Ingram Vallines durante la comparecencia del Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, el que por cierto no
ha dicho mucho al respecto a pesar de ser el encargado de las políticas públicas en favor de las mujeres veracruzanas. No olvidemos que el Instituto Veracruzano de las Mujeres depende de la misma Secretaría de Gobierno.
Dijera
el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador: Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. ¿Entonces, qué pasa allí?
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