*Ma. Luisa Núñez Barojas y Laura Romero.
México atraviesa una crisis de desapariciones de dimensiones históricas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó recientemente que existen más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país, además de más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. El propio informe reconoce que se trata de una crisis humanitaria sostenida por impunidad estructural, debilidad institucional y graves fallas en los procesos de búsqueda e investigación.
Dentro de esa enorme cifra nacional existen miles de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Según la CIDH, hasta agosto de 2025 había 18,192 menores desaparecidos en México. El informe también advierte que las adolescentes constituyen uno de los grupos de mayor vulnerabilidad y que, actualmente, desaparecen más niñas que niños.
Sin embargo, hay una pregunta que aparece apenas de manera marginal en las estadísticas oficiales y en la discusión pública: ¿qué ocurre cuando quien desaparece es un niño indígena?
La propia CIDH reconoce la escasa información existente sobre desapariciones de personas indígenas y afromexicanas. No se trata solamente de un vacío técnico. La ausencia de registros suficientes revela una forma persistente de invisibilización institucional donde ciertas desapariciones quedan más lejos de las prioridades políticas, de la cobertura mediática y de las capacidades efectivas de procuración de justicia.
En ese contexto, el informe de la CIDH menciona un caso paradigmático: el de Alexis Sánchez Cabanzo, niño nahua de tres años desaparecido el 2 de diciembre de 2021 en la comunidad nahua de Izhuapa en el municipio de Zoquitlán, al sureste de Puebla cerca de la frontera con Zongolica, en Veracruz. Al momento de su desaparición, Alexis tenía tres años, era monolingüe y aún no estaba escolarizado. Parte importante de su entorno familiar también está conformado por mujeres de la tercera edad y niños monolingües en náhuatl.
A partir del peritaje psicosocial elaborado a solicitud de su asesoría jurídica, ha sido posible documentar cómo la desaparición no sólo afecta a su familia, sino que ha transformado profundamente la vida comunitaria. La incertidumbre prolongada, la presión institucional, la circulación de rumores y la ausencia de resultados han impactado las formas locales de confianza, reciprocidad y convivencia comunitaria.
La desaparición no ocurrió en un vacío social. Zoquitlán forma parte de una región atravesada desde hace años por conflictividad territorial, violencia regional y disputas vinculadas a megaproyectos extractivos. En el mismo municipio desapareció en 2018 Sergio Rivera Hernández, defensor nahua opositor al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan quien continúa desaparecido y su caso sigue sin esclarecerse plenamente. El propio informe de la CIDH advierte sobre el incremento de agresiones y desapariciones contra defensores ambientales e indígenas en contextos asociados a megaproyectos y conflictos territoriales. La Comisión señala que la imposición de proyectos extractivos sin legitimidad comunitaria ha generado ataques y desapariciones contra quienes defienden su territorio.
La coexistencia de desapariciones de defensores territoriales y de niñeces indígenas dentro de una misma región obliga a observar algo más profundo que la suma de casos aislados. En regiones como la Sierra Negra poblana, la violencia se entrecruza con desigualdades históricas, disputas por el territorio y formas persistentes de exclusión que facilitan escenarios de impunidad y violencia.
Las fallas institucionales observadas durante el proceso reflejan varios de los problemas que la propia CIDH identifica como estructurales: demoras en las investigaciones, dificultades de coordinación, revictimización de las familias, falta de intérpretes idóneos y ausencia de mecanismos culturalmente pertinentes para la atención de personas, comunidades y pueblos indígenas.
Las primeras horas posteriores a la desaparición estuvieron marcadas por la omisión frente a la gravedad del caso. Conforme avanzaron las diligencias, la comunidad comenzó a experimentar un desgaste colectivo derivado de interrogatorios reiterados y dinámicas de presión institucional que no incorporaron adecuadamente una perspectiva diferenciada para atender a una comunidad indígena con población monolingüe.
La revictimización no ocurrió únicamente en el plano emocional. También se expresó en la incapacidad institucional para garantizar procesos de búsqueda, comunicación y acceso a la justicia acordes con las obligaciones del propio Estado mexicano en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.
La CIDH ha advertido precisamente sobre el “déficit importante de confianza” entre familias y autoridades encargadas de investigar desapariciones. También documenta cómo, ante la ineficacia institucional, las propias familias terminan asumiendo tareas de búsqueda e investigación que deberían corresponder al Estado. El caso de Alexis no es diferente.
Así, mientras el país discute las enormes cifras nacionales de desaparición, casos como el de Alexis muestran que algunas vidas continúan siendo menos visibles que otras. La desaparición de niñas y niños indígenas permanece frecuentemente atrapada entre el silencio estadístico, la demora institucional y la insuficiente capacidad del Estado para responder con eficacia y perspectiva diferenciada.
Alexis sigue desaparecido.
¡Hasta encontrarte! ¡Hasta encontrarles!
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Fuente: Desinformémonos