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10/12/2021.- En el marco de los 16 días de activismo y de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre, ONU Mujeres presentó el documento Mujeres con discapacidad: por una vida libre de violencia. Una mirada inclusiva y transversal en un intercambio virtual con expertas internacionales, representantes de gobiernos y de la sociedad civil comprometidas con los derechos de las personas con discapacidad.
Durante la presentación del documento, María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, afirmó: “Lo que mata es la violencia, no la discapacidad. La situación de discapacidad de una sobreviviente a la VBG no tiene que desviar el foco de la situación de violencia. Garantizar una atención adecuada a todas las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género significa atenderlas con un enfoque inclusivo y de calidad y no atender(solo) su discapacidad.” En la misma línea y reclamando garantías en el acceso a información para las mujeres y niñas con discapacidad, a la vez que identificar y visibilizar las barreras que enfrentan, expresó: “Reconocer la intersección violencia-género-discapacidad y las consecuentes múltiples formas de violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad, erradicando el aislamiento de las mujeres con discapacidad con intervenciones transversales y estructurales, es fundamental para poder adoptar estrategias de respuesta inclusivas.”
Por su parte, la Enviada Especial del Secretario General sobre Discapacidad y Accesibilidad de Naciones Unidas desde el año 2017, María Soledad Cisternas, intervino y celebró la publicación que pone el foco en la intersección entre discapacidad, género y violencia: “Es un hito importante la visibilización de la problemática por parte de ONU Mujeres, que toma los lineamientos de diferentes normativas (CEDAW, Belém do Pará, etc.) y pone de relieve las obligaciones de los Estados en torno las múltiples discriminaciones que viven las mujeres con discapacidad”. Además, Cisternas puso el foco en el derecho de las mujeres con discapacidad en ejercer la maternidad: “Tampoco existe una comprensión de ciertas violencias como “violencia contra las mujeres”, especialmente en torno a la maternidad de las mujeres con discapacidad. Un grave ejemplo es las esterilizaciones sin consentimiento, que son una forma grave de violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, así como asumir que si una mujer con discapacidad transita un embarazo debe abortar, o si tiene un bebé es incapaz de ejercer su crianza.”
Según el Informe Mundial sobre Discapacidad, aproximadamente el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Este porcentaje es ligeramente inferior en América Latina y el Caribe, con aproximadamente un 12,5% (CEPAL, 2014). Si bien en algunas fuentes, como el citado informe, señala que “la prevalencia de la discapacidad moderada y grave son un 11% más altas en mujeres que en hombres, mientras que las estimaciones de la Encuesta Mundial de Salud indican que la prevalencia de la discapacidad en mujeres es casi un 60% más alta que en hombres” en una revisión reciente de los datos recogidos en los censos de 2010 de la región de América Latina y el Caribe (ALC) no ha detectado una diferencia sistemática por género en la tasa de prevalencia.
Sin embargo, la evidencia empírica sí señala que la experiencia de la discapacidad es diferente para las mujeres y los hombres. Las mujeres con discapacidad suelen ser objeto de una doble discriminación debido a su género y a su condición de discapacidad y siguen estando en desventaja en la mayoría de las esferas de la sociedad y el desarrollo. Los datos disponibles sugieren que, entre otras violencias, las mujeres con discapacidad corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual. Fundadora y presidenta del Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) y miembro de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS), Cristina Francisco expresó: “Existe un menor acceso a la justicia por parte de las mujeres con discapacidad. Esto se ve profundizado con la falta de protocolos y procedimientos que permitan a las mujeres demandar y denunciar, así como recibir orientación, apoyo, cuidado y protección por parte del Estado.
Por su parte, la consejera encargada de la Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad de Colombia, Morelca María Giraldo, subrayó la falta de información sobre tipos de violencias y a dónde acudir, así como una falta de acceso a la educación por parte de la población con discapacidad. Destacó entre las medidas a tomar: “reconocer la realidad de las mujeres con discapacidad, la educación básica, la construcción de espacios seguros y el desarrollo de estadísticas que contemplen la interseccionalidad, el alcance de las violencias y los espacios donde se desarrollan (…)”. A su vez, Ana Peláez, vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y del Comité CEDAW, expresó: “(…) es necesario identificar la dependencia vital que las mujeres con discapacidad tienen de sus agresores, que muchas veces no son sus parejas sino sus mismas familias o personas cuidadoras o asistentes. La situación de pobreza o el aislamiento recrudecen las situaciones de dependencia.”
La diversidad de las mujeres con discapacidad incluye a las que tienen identidades múltiples e interrelacionadas, así como a las personas con discapacidad que pertenecen a los pueblos indígenas o afrodescendientes, están en movilidad humana o forman parte de la comunidad LGTBIQ+, entre otros. Esto supone aún un mayor riesgo de ser objeto de discriminación y a enfrentar mayores niveles de desigualdad. Antonia Irazábal, integrante de la División de Regulación de la Dirección de Discapacidad de Uruguay, trajo al intercambio la importancia de la identificación: “El primer desafío es reconocerse como mujeres, y si se quieren ejercer o no determinados roles de género, cuando muchas veces las familias son quienes definen estos alcances. Las mujeres con discapacidad recurren más a las políticas públicas en torno a discapacidad que a las políticas de género. Por lo tanto, el primer desafío es reconocer la propia identidad de género, cuando por lo general se pone la discapacidad por delante en la construcción identitaria, y ello tiene un impacto distinto.”
En esta misma línea, Olga Montúfar, presidenta de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad y de la fundación Paso a Paso, afirmó que las mujeres indígenas con discapacidad tienen pocas oportunidades de estar en este tipo de intercambios y subrayó la invisibilidad que sufren: “Es importante que exista una sensibilización, y que las comunidades incorporen la perspectiva de la discapacidad. Los gobiernos no saben trabajar con los instrumentos internacionales para que los derechos sean efectivos. No se ha brindado conectividad y hay una ausencia de las mujeres indígenas con discapacidad en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones respecto a ellas.” También con énfasis en las políticas públicas, ● la activista Sabrina Pachón, integrante de la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dijo: “Un artículo dentro de la convención no es suficiente para atender la interseccionalidad. Las personas con discapacidad no están presentes en la formulación de presupuestos, y estos no son el único aspecto que requiere ser atendido, sino que debe contemplarse la temática de manera transversal”. Y prosiguió: “La atención de las personas con discapacidad tiene que ser reconocida a través de programas que realmente cuenten con la participación de las mismas mujeres que viven esa violencia, que atiendan sus necesidades reales y no lo que se cree que esas personas han vivido.”
En su intervención, la consultora Tatiana Vasconcelos, Integrante de la Alianza de organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Uruguay, puso el foco también en que la sinergia “entre los tres actores principales –Estado, sociedad civil y ONU- es clave para avanzar en una respuesta inclusiva y eficaz para la atención de las mujeres con discapacidad“ y agregó “(…) se vuelve imperativo avanzar hacia una reestructuración sistémica de los servicios de prevención y atención a la violencia contra las mujeres desde una perspectiva interseccionales y basada en un enfoque de derechos.
“Las mujeres y niñas con discapacidad no son un mundo aparte, son parte del mundo” es una de las afirmaciones que recoge el documento, cuya elaboración estuvo a cargo de la consultora Chiara Oriti Niosi, con el apoyo de la Oficina Regional de ONU Mujeres y la Oficina de ONU Mujeres en Uruguay, y que se desarrolló en el marco del Programa Global de apoyo a la Respuesta y la Recuperación del COVID-19 con inclusión de la discapacidad a nivel nacional, avalado por el Fondo de Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNPRPD, por sus siglas en inglés.).
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue establecido por las Naciones Unidas en 1992 y tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como la sensibilización de la sociedad sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
Hay mucho camino por recorrer para garantizar los derechos de las mujeres y en la interseccionalidad de las mujeres con discapacidad. De ahí la importancia de dar visibilidad, de abogar por la perspectiva de género, por la perspectiva de los derechos y de las personas con discapacidad, para promover más y mejores políticas públicas y no dejar a nadie atrás.
El evento contó con interpretación al inglés y a la lengua de señas internacional
