*Escrito por Diana Hernández Gómez .
28/09/2022/ México.- Como cada año, este 28 de septiembre conmemoramos el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe. En las últimas décadas, México ha tenido varios avances al respecto: las mujeres del país contamos con la protección de un dictamen que impide que el aborto sea castigado en cualquiera de las 32 entidades de la República. Además, nueve de estos territorios han reformado sus códigos penales para legalizar esta práctica médica y establecer los lineamientos necesarios según los cuales las mujeres pueden interrumpir su embarazo con apoyo del personal de salud pública.
De cara al 28S vale la pena recordar que, pese a estos avances, todavía son 23 los estados donde las mujeres no pueden acceder a un aborto seguro, lo que pone en riesgo su salud pero también su protección jurídica. Y es que, pese al dictamen que despenaliza el aborto, aún hay casos en estados como Michoacán o Guanajuato donde se siguen reportando encarcelamientos contra mujeres por haber abortado.
Además, ha habido recortes en el presupuesto destinado a la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres, lo que ha impactado en los programas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los estados donde ya hay regulaciones al respecto. Nuevamente, esto pone en riesgo la salud de quienes —por lo menos en el discurso— tienen derecho a realizarse un aborto.
Pero no dejemos decaer los ánimos. El 28S es también una buena oportunidad para recordar la lucha que, con todo y sus bemoles, nos ha puesto en el lugar donde estamos en el tema del aborto.
Los inicios de la discusión del aborto en México
De acuerdo con la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Olga Islas de González Mariscal, el aborto ya estaba penalizado en México desde el siglo XIX. El Código Penal para el Distrito y Territorios Federales vigente en el país entre 1871 y 1924 penaba la interrupción del embarazo en cualquier momento del mismo, excepto cuando existía riesgo de muerte para la mujer o, en todo caso, ella quedaba libre de culpa cuando alguien más le practicara un aborto sin su consentimiento.
No fue sino hasta el siglo siguiente, en la década de 1910, cuando esto empezó a ponerse en cuestión de la mano de un naciente movimiento feminista, el cual comenzó a abogar por la libertad sexual de las mujeres y la anticoncepción, entre otros temas que se cristalizaron en figuras como la de Elvia Carrillo Puerto y Hermila Galindo. Pero la legalización del aborto comenzó a tener un impulso importante hasta 1931, cuando la psiquiatra Matilde Rodríguez Cabo comenzó a hablar del aborto por motivos socioeconómicos de las mujeres embarazadas.
Rodríguez Cabo también propuso que la interrupción del embarazo fuera despenalizada si se realizaba durante el primer trimestre y con la asistencia de personal médico capacitado. Además, propuso que esta medida estuviera acompañada por el acceso a métodos anticonceptivos para mujeres de bajos niveles socioeconómicos, así como por campañas de información sobre los posibles daños que podía generar el aborto en el cuerpo de la mujer.
Cinco años después, en 1946, la abogada cubana radicada en México Ofelia Domínguez Navarro retomó la discusión frente a la Convención de Unificación del Código Penal. Sin embargo, ni este discurso ni el de Matilde Rodríguez encontraron eco a nivel nacional. Tampoco fue suficiente el hecho de que en 1935 se fundara el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, el cual pugnaba por los derechos civiles y electorales de las mexicanas.
La gran diferencia durante la primera mitad del siglo XX la marcó el estado de Yucatán, que en 1938 modificó su código penal para agregar dos causas más por las que el aborto no podía ser castigado en el estado: la malformación del producto y las dificultades económicas de la familia para mantener al hijo o hija producto del embarazo. Fuera de eso, tuvieron que pasar poco más de 30 años para que en la década de los 70 se retomara el debate sobre la legalización de la interrupción del embarazo.
La antesala de las grandes reformas
Entre 1970 y la llegada de nuestro milenio, el debate sobre el aborto en México comenzó a resonar en más lugares. En los 70, organizaciones como el Comité Nacional de Mortalidad Materna y el grupo socialista Mujeres en Acción Solidaria comenzaron a hablar sobre maternidad voluntaria, aborto legal y acceso a anticonceptivos.
En 1976 se realiza la Primera Jornada Nacional sobre Aborto y la Coalición de Mujeres Feministas (CMF) presenta una propuesta legislativa que, no obstante, fue ignorada por la Cámara de Diputados. Sin embargo hubo un avance importante: la creación del Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México, el cual llegó a la conclusión de que la interrupción del embarazo debía despenalizarse y México tenía que cambiar su normatividad al respecto (un consejo que tampoco fue acatado por el gobierno).
Tres años más adelante, en 1979, la CMF y el recién fundado Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres presentaron otra propuesta legislativa junto con el Partido Comunista Mexicano, su primer aliado dentro del Congreso. Pese a esto, el final de la década se acercaba sin avances relevantes en el tema. Como consecuencia de ello, las organizaciones feministas comienzan a desanimarse.
Hasta 1991 y 1992 volvió a haber movimiento con la fundación del Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) respectivamente. Y unos años después, con el inicio del nuevo milenio, el tema del aborto regresó con fuerza para marcar la pauta de las futuras despenalizaciones en diversas entidades de la República Mexicana.
El caso Paulina y la Ley Robles: parteaguas para la ILE en México
En 1999, la adolescente de 13 años Paulina del Carmen Ramírez Jacinto —originaria de Baja California— presentó un embarazo luego de que un desconocido entrara a su hogar para abusar sexualmente de ella. Aunque en su estado podía solicitar el aborto de manera legal, las autoridades (junto con la iglesia) hicieron de todo para detenerla… y lo consiguieron.
Paulina tuvo a su bebé en el 2000 y dos años después, en 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó su caso para luego determinar que el Estado mexicano había violado las garantías de la adolescente.
Antes de eso, también en el 2000, Rosario Robles Berlanga (quien en ese entonces era jefa de gobierno interina de la Ciudad de México) publica la llamada Ley Robles, la cual amplió las razones por las que no podía penalizarse el aborto en el entonces Distrito Federal.
Así, el código penal de la entidad estableció que la interrupción del embarazo no podía castigarse en casos de violación, por acciones imprudenciales de la mujer, cuando la salud de la madre estuviera en riesgo sin que hubiera peligro de muerte, por malformaciones en el producto o cuando el embarazo fuera consecuencia de una inseminación artificial no consentida. Además de esto, con la Ley Robles se estableció de manera clara cómo debían actuar las autoridades de salud y de justicia cuando una mujer solicitara el aborto por casos de violación.
Siete años después, en 2007, la Ciudad de México se convertiría en la primera entidad de México en despenalizar el aborto. Después de eso, la discusión siguió multiplicándose en diferentes estados hasta llegar a las nueve entidades donde las mujeres ya pueden recurrir a la ILE. Y entre una y otra legislación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un dictamen que despenalizó el aborto en todo el país en 2021.
En este recuento hay muchas historias y personajas que omitimos pero que respaldan la decisión de cada una mujer que decide abortar en México. El camino que falta puede parecer mucho y muy cansado, pero mientras la organización persista, el lema seguirá siendo el mismo: «Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir«. Por un México feminista, alcemos la voz este 28S.
