Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro.
“Gran descanso es estar libre de culpa.” – Marco Tulio Ciceron.
El pasado miércoles 10 de junio la zona conurbada de Veracruz – Boca del Río era un caos, ciudadanos a través de redes sociales informaban de una balacera en la zona del bulevar frente a la zona hotelera.
Los primeros datos apuntaban a un ajuste de cuentas entre grupos criminales.
Minutos después del incidente, el twitt del periodista Víctor Hugo Artega daban cuenta clara de lo sucedido.
Los sujetos involucrados en la persecución y balacera eran empresarios que habrían denunciado minutos antes a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara.
La historia de ese incidente habría dejado ya un rastro periodístico en el que se incluía a una ex alcaldesa de Xalapa y a una serie de funcionarios del Gobierno del Estado, los cuales habrían actuado como intermediarios para el cobró de moches y extorsiones.
La empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), habría recibido un contrato por 16.5 millones de pesos por la que les exigieron un “moche” del 15 por ciento de parte de la exvelocista sonorense Ana Gabriela Guevara.
Para el cobró del mismo, la ex medallista olímpica habría empleado a su comadre Armida Ramírez Corral, quien junto con su actual pareja sentimental y con el apoyo de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) se dio a la tarea de hacerlo efectivo.
El periodista Raymundo Jiménez el pasado jueves 11 de junio crónico los hechos y los antecedentes del conflicto, todo tras el atentado en contra de los empresarios Rafael Sánchez Cano y el empresario Jesús Chaín.
En dicha entrega, el periodista devela como la propia Ana Guevara, habría simulado la asignación del “Contrato de Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores”, que tendría la vigencia del mes de julio a diciembre del año 2019. Y que CIMSA “ganó” el servicio con el número AA-011L6I001-E51-2019, con vigencia del 14 de agosto al 31 de diciembre de 2019.
Según revelaron, la solicitud de los “moches” fue hecha en la Ciudad de México en el restaurante Los Naranjos del Hotel Sevilla Palace en julio de 2019 entre las 19:00 y las 20:00 horas, hasta donde arribaron Guevara, Sergio Monroy, subdirector de la CONADE, Omar Hernández, funcionario de la dependencia, y Armida Ramírez Corral, quien hace casi 20 años trabó relación personal con la actual fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns, cuando ambas coincidieron como funcionarias en el Ayuntamiento de Xalapa, apunto el periodista.
Pero ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Xalapa, este lunes 15 de junio, la actual Fiscal General del Estado, Verónica Hernández pretende entregarle una tarjeta informativa del caso, el cual ya fue hecho de su conocimiento en la conferencia de prensa matutina del pasado 11 de junio.
En donde inclusive el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto habría reconocido que se le ha abierto una investigación a la sonorense por estos hechos.
En dicha tarjeta informativa, la hoy fiscal, busca cambiar todos los hechos pretendiendo inculpar a los empresarios acusándoles incluso de estar vinculados en lavado de dinero y de auto infringirse el atentado, a fin de borrar de un plumazo todos sus nexos con el caso.
En lo que no reparó la funcionaria es que estos empresarios no pertenecen a esa clase de sujetos a los que el poder efímero puede intimidar, siendo algunos de ellos, ex funcionarios federales y estatales, cuentan con la experiencia para hacer frente a esta clase de delincuentes.
Además de contar con vídeos, fotografías y evidencias documentales del caso, que echarán por tierra los intentos amañados por cambiar los hechos.
Lo que el presidente López Obrador debe saber, es la clase de funcionarios que, ligados a cierto secretario del Gobierno de Veracruz, han empantanado al Gobernador Cuitláhuac García y lo mantienen encapsulado, para contarles su versión de los hechos; provocándole constantes hierros en lo que va de su administración.
La mafia que rodea este caso, es de verdadero escándalo, tanto que la propia Fiscal Hernández Giadáns ordenó cambiar la copia de la declaración de los empresarios para borrar el nombre de su colaboradora Marcela Aguilera Landeta, acusada por los empresarios de extorsión.
La bomba de tiempo que el propio Presidente López Obrador quizá vino desactivar, es el reflejo de un régimen que tuvo que montar, tomando lo peor de los pasados gobiernos para poder hacer frente a su responsabilidad.
Bueno sería que de golpe y porrazo pusiera orden en Veracruz, pues estos funcionarios no le han ayudado en nada a la continuidad de su proyecto, y lo peor, es que la sociedad veracruzana ya lo sabe y espera el momento para cobrársela.
Por cierto, de la balacera los testigos presenciales denunciaron que uno de los atacantes resulto herido, hasta el momento, nadie sabe dónde está el lesionado, cosa que le deberían preguntar a la Fiscal afirman los denunciantes.
Al tiempo.
