El problema de la falta de procuración de justicia y la política pública que se sigue en Veracruz de dejar, extorsionar, robar, asesinar, y agresión sistemática a las familias veracruzanas, es que la delincuencia con cuello blanco, o sin el, particularmente los cooptados por el crimen organizado, hacen crecer a la delincuencia organizada como un negocio, tal como ocurre en Veracruz.
Además de la pandemia que se vive en el sur de la entidad, la población veracruzana padece la política imperante de la impunidad, ya que no se detienen ni a principiantes de sicarios que han sido denunciados ante las instancias competentes, menos a quienes se dedican al robo a las casas y eso que presumen en discursos que ha bajado la incidencia de delitos.
En los últimos días en el tramo de tierra sin ley, de Coatzacoalcos a Acayucan, delincuentes en moto han ejecutados a mujeres y hombres, en sus casas, en el transporte publico o en la vía publica en total impunidad, mientras crecientes bandas de delincuentes atracan casas habitación.
Todo indica que se trata de la misma célula delictiva la que ha cometido los asesinatos al amparo de la inacción gubernamental, ya que no hay autoridad alguna que intervenga para cumplir con su deber de resguardar la integridad física y patrimonial de la población civil.
A todas luces una falta al deber legal que no parece tener resolución y las omisiones de las autoridades veracruzanas seguramente serán calificadas en las urnas en el 2021, aunque en las encuestas electoreras de AMLO y MORENA, la ciudadanía por temor a la venganza que los caracteriza, contesten otra cosa que los hace creer que tienen comprados los cargos.
