A juicio de Amparo.
MARÍA AMPARO CASAR
La actual Legislatura dejará de existir el 31 de agosto de este año. Hasta ese día, Morena y sus aliados tendrán en la Cámara de Diputados la mayoría calificada para aprobar cualquier reforma constitucional o legal. Tienen 334 diputados (66.8%), aunque todos esos partidos juntos sólo sacaron el 48.3 por ciento. Una sobrerrepresentación inexplicable de 18.5 por ciento.
En el Senado, su posición no es tan cómoda y persistirá hasta que López Obrador deje la Presidencia: 61 legisladores más 17 de sus aliados para obtener un total de 78 senadores. Suficiente para pasar cualquier ley secundaria, pero corto para la mayoría calificada.
Una simple operación aritmética explica la importancia de que en este periodo se aprueben las leyes que el Presidente tiene en la buchaca en caso de que el voto no le favorezca en 2021. El resultado de las elecciones intermedias es siempre una incógnita, pero la experiencia reciente muestra que el partido del Presidente disminuye su fuerza a la mitad del sexenio. Zedillo perdió 61 diputados en su elección intermedia; Fox, 58; Calderón, 63, y Peña Nieto, 11.
Es por ello que es dable esperar que el Presidente intente que se aprueben antes del 31 de agosto todos los cambios legales que considera necesarios para asentar las bases de la “cuarta transformación” y hacerla “irreversible”. Irreversible, dice AMLO, porque en estos tiempos es difícil que un solo partido se alce con mayorías como las del 2018. Irreversible, también, porque supongo que no se volverá a permitir una sobrerrepresentación como la que ocurrió en 2018.
El récord legislativo del Presidente es excelente. Ha logrado la aprobación de prácticamente todas su iniciativas. Constitucionalizó algunos de sus programas sociales, cambió leyes para revertir la reforma educativa, para hacerse de instrumentos con los cuales perseguir a sus adversarios (extinción de dominio, equiparación de fraude fiscal con crimen organizado y ampliación de delitos exigen prisión preventiva), legalizó y amplió la intervención del Ejército en tareas que en una democracia no le corresponden, impuso una Ley de Remuneraciones del Sector Público que interfiere con la independencia de los órganos constitucionales y desapareció los fideicomisos con gran discrecionalidad, pues dejó vigentes los que le podrían traer problemas, como los del Ejército.
Muchas de éstas, por cierto, aguardan la definición de la Suprema Corte, que tendrá que pronunciarse sobre su constitucionalidad, pues se encuentran en litigio (Ma. Amparo Casar y Saúl López Noriega. Los pendientes de la Corte).
A Morena le corre prisa y ya ha anticipado parte de su agenda. Figuran la Ley de Energía Eléctrica, como forma de anular la reforma energética del sexenio pasado; la del outsourcing, cuyo proyecto original es desaparecer la práctica de subcontratación en lugar de regularla; la del Banco de México, que lo obligaría a recibir los dólares que no puede colocar la banca privada; la de las comisiones bancarias; la de desaparecer algunos órganos de autonomía constitucional y comisiones independientes de las empresas productivas del Estado; la de reducir el financiamiento a los partidos y la de las redes sociales. Todo esto, además de expedir las leyes que se derivan de la reforma constitucional al Poder Judicial.
Hasta el momento, las reformas han causado preocupación en diversos sectores (y no sólo entre los privilegiados de siempre) porque revelan ciertas tendencias: mayor concentración del poder, mayor discrecionalidad, una visión punitiva, inseguridad jurídica e incertidumbre en los mercados, desmantelamiento de la burocracia profesionalizada, desprecio por la ciencia y el conocimiento y disminución de los contrapesos. Salvo el haber convertido en constitucional el apoyo a los adultos mayores y algunas becas, la agenda de la igualdad no aparece por ningún lado.
Dice el ahora líder del partido —Mario Delgado— que “en Morena tenemos mucha claridad de que no somos como los otros partidos, no hemos modificado la ley para beneficiarnos… no somos como las otras mayorías que hacían trajes a la medida”, externó. No está claro. Si las reformas concentran el poder en el Ejecutivo y lo vuelven más discrecional, sí hay un traje a la medida. El problema es que ese traje lo vestirá alguien más en el 2024 y, en efecto, será difícil revertir estas reformas si no es por la vía de declararlas inconstitucionales.
Los temas que ha puesto el Presidente en el debate público y sobre la mesa legislativa son todos relevantes y ameritan ser discutidos, pero lo que no veo es un ánimo de apertura al debate y la negociación.
Lo que tampoco veo es lo verdaderamente indispensable: la estrategia en el manejo de la pandemia y la reactivación de la economía. Estos dos son los temas que deberían ocupar prioritariamente al Poder Legislativo.
