*“No nos podemos morir sin denunciar esto”
Uruguay, Marzo 2021.- Ex presas políticas de Uruguay denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento en la reparación integral a las violaciones de derechos humanos que sufrieron durante el terrorismo de Estado. Hace una década, 28 de ellas denunciaron a 100 militares, policías, médicos y civiles por ejercer violencia sexual como parte de las torturas sistemáticas; hasta hoy ninguno fue condenado.
Desde la Sala Maggiolo, en el rectorado de la Universidad Nacional de la República del Uruguay, Jacqueline Gurruchaga dice que “la práctica de la violación forma parte de un nivel de torturas que aseguraba un daño que nos dejó secuelas difíciles de superar”. No está sola. Ella, junto a otras 27 mujeres, denunciaron el 28 de octubre de 2011 a un centenar de represores por la violencia sexual que sufrieron como parte de las torturas sistemáticas sobre las presas políticas durante el terrorismo de Estado uruguayo entre 1973 y 1985.
Uruguay ha hecho poco o nada en cuanto a acabar con la impunidad después de 48 años y reparar a sobrevivientes de la dictadura cívico-militar. En la actualidad, el 70 por ciento de las denuncias por crímenes de lesa humanidad se encuentran en la etapa inicial de presumario, incluyendo las de tortura sexual.
Este tipo de violencia específica fue “planificada para la destrucción como seres pensantes, como seres políticos y sobre todo por ser mujeres”, dijo este viernes 19 de marzo Anahit Aharonian, otra de las denunciantes, un día después de que 14 de ellas peticionaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Como no hay respuesta del Estado, nos sentimos obligadas a ir a la CIDH para hacer visible en espacios internacionales que el Estado está en falta”, agregó Aharonian, en declaraciones a TV Ciudad.
En la audiencia realizada en forma virtual el jueves 18 para exigir “acceso a la verdad, justicia y reparación con perspectiva de género en Uruguay”, Jacqueline y su compañera Blanca Luz Menéndez recordaron -en representación de todas las denunciantes- que a medida que han pasado los años “hemos sido revictimizadas”. En esta década la causa tuvo tres jueces, debieron soportar careos con los pocos denunciados llamados a declarar, fueron interrogadas por los abogados defensores de los militares, las sometieron a pericias siquiátricas, “y nada”, dice Blanca.
Como parece que hace falta, aclara ante las representantes de la CIDH y los del Estado que los delitos que han denunciado “no prescriben” y enfatiza: “Queremos que se sepa la verdad y que sea pública. No nos podemos morir sin denunciar esto”.
Género y memoria
Hace diez años, la denuncia colectiva presentada por ex presas políticas fue un cimbronazo en la lucha por memoria, verdad y justicia en Uruguay: “Por primera vez en el país, un grupo de mujeres nos presentamos ante la Justicia para denunciar ‘crímenes de lesa humanidad’”, contó Mirta Macedo -una de las tres denunciantes ya fallecidas a lo largo de esta espera-, en el informe sobre Derechos Humanos de SERPAJ Uruguay publicado en 2011.
Preparar la denuncia colectiva les llevó un año. En ese tiempo pudieron elaborar que la violencia sexual era parte de las torturas sistemáticas recibidas durante la prisionización prolongada característcia de la dictadura en este país, pero también un tipo de violencia específica por la condición de género. Decidieron llevar a cabo una acción judicial masiva como parte de “un camino de reparación y sanación para el grupo”.
No era la primera vez que las ex presas políticas se reunían para construir en colectivo: desde el 97, con el primer encuentro que convocaron en Arteatro –como recupera esta crónica de María Esther Gilio en Brecha-, que derivaría en los tres libros de Memoria para Armar, han mostrado la capacidad para crear memoria feminista -por ende, colectiva-, con relatos alejados de una historia individual de carácter martirológico. La experiencia del grupo de “Género y Memoria”, que convocó a un concurso de relatos sobre la dictadura para que todas las mujeres que quisieran brindaran su testimonio sobre lo que vivieron y sintieron durante esos años, es analizada en este artículo de las historiadoras Jimena Alonso y Carla Larrobla.
Pero este paso era diferente porque el grupo “se proponía hacer una denuncia sobre problemas de los que nunca habíamos hablado -escribía Macedo en 2011-, los habíamos vivido de jóvenes y hoy, mujeres adultas, a más de 35 años de aquel horror, queríamos poner en palabras lo vivido”.
Mirta reconocía que no encontraban “ni el lenguaje adecuado, ni la forma, ni el momento de poder decirlo”, pero de a poco, en el trabajo exhaustivo por entender entre ellas para “hacer visible una realidad desconocida para una parte importante de la sociedad uruguaya” [incluyendo sus propios familiares, por ejemplo] pasaron de sentirse “yo sola” o de preguntarse “¿por qué a mí?”, a “continentar angustias” en colectivo y a comprender “que todas habíamos pasado por lo mismo”.
Acompañadas por un equipo psicosocial, las 28 pudieron analizar como esos actos de violencia sexual les habían marcado “un antes y un después”, con consecuencias en la sexualidad y en la salud física y psicológica, que permanecían en ellas.
“Muchas sentíamos que habían roto nuestra dignidad, que no solo se habían apropiado del cuerpo sino de nuestras vidas, de nuestros derechos, de nuestras subjetividades, que no nos habían permitido construir proyectos de vida como hubiéramos querido. Que nos habíamos instrumentado para silenciar el dolor y poder sobrevivir. Solamente sobrevivir”, explicó Mirta.
Además de la sanción social a los culpables, buscaban que el Estado reconociera su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad y las reparara en forma integral. Sin embargo, en la audiencia ante la CIDH la semana pasada quedó en evidencia la impunidad estructural.
Las denunciantes no solo remarcaron las situaciones revictimizantes por las que han pasado en esta década y el hecho de que hasta el viernes pasado solo un militar denunciado, Asencio Lucero -ya fallecido-, había sido procesado, no por torturas ni violencia sexual -que confesó en el marco del proceso-, sino por reiterados delitos de privación de libertad. También recordaron que desde 2018 se espera que se llame a declarar a dos militares (eran cuatro, pero dos ya fallecieron), como solicitó la Fiscalía Especializada en estos delitos.
También enfatizaron que desde marzo de 2020, entre la reducción de acceso a la salud durante la pandemia y el desfinanciamiento de todos los servicios públicos por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, se han discontinuado servicios de atención psicológica y psiquiátrica que recibían ex presxs políticxs, sus hijxs y nietxs, establecidos el artículo 10 de la Ley 18.596 de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.
La respuesta del Estado
Los representantes del Estado dejaron un sabor amargo en la audiencia ante la CIDH. Reconocieron, condenaron y repudiaron “los abusos” cometidos durante el período dictatorial entre 1973-1985, como dijo la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marina Sande, expresaron comprensión y solidaridad a las víctimas, pero no asumieron la responsabilidad en la dilación en la justicia o por la ausencia de políticas en materia de verdad, justicia y reparación. Tampoco manifestaron compromisos o propuestas específicas para dar respuesta a los reclamos de las víctimas. “Las dilaciones procesales, muchas veces consecuencia de los múltiples recursos presentados por las defensas [como recursos de inconstitucionalidad a la ley interpretativa de la Ley de Caducidad], fueron justificadas por el Estado como el ejercicio de derechos y formalidades procesales que deben respetarse, aún cuando coincidieron que perseguían generalmente fines manifiestamente dilatorios”, sintetizaron desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que representa a las denunciantes.
Al escuchar a Sande, casi parecía sugerir que las denunciantes tenían la culpa de la demora por hacer una denuncia contra tantas personas que estuvieron presentes en distintos establecimientos de detención: “Esto conlleva una importante dificultad; el universo a perseguir alcanzaría a gran cantidad de represores y provoca la imposibilidad de actuar en tiempo y forma”, dijo la funcionaria de Cancillería.
Respecto a esa audiencia indagatoria a dos militares que se esperaba desde 2018, las autoridades informaron en la audiencia que (justo) el día anterior los habían llamado para declarar al día siguiente.
“No se nos escapa la coincidencia de que se llame a indagatoria un día antes”, respondió a su turno la abogada de CEJIL, María Noel Leoni. “Lo que el Estado les dice a las denunciantes es que lo que les queda es esperar y seguir teniendo paciencia, mientras sus abusadores abusan de figuras procesales que el propio Estado entiende que tienen fines dilatorios”, agregó.
Finalmente, este viernes 19 de marzo el Poder Judicial informó que los militares retirados Antranig Ohannessian y Jorge “Pajarito” Silveira fueron procesados con prisión por abuso de autoridad contra detenidos, privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor. Ambos integraron el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). A Ohannessian Anahit Aharonian lo recuerda en este artículo, por conocerlo desde la infancia al compartir actividades en la comunidad armenia uruguaya y por secuestrarla en 1973. Silveira es tristemente célebre por sus múltiples condenas: como partícipe del Plan Cóndor recibió penas en Uruguay (por el secuestro, torturas, asesinato y desaparición de 28 ciudadanas y ciudadanos uruguayos en Argentina en 1976) e Italia, y fue condenado por el homicidio de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, entre otros delitos.
Desde CEJIL solicitaron a la CIDH una visita virtual de las comisionadas al país para relevar “los obstáculos para el acceso a la justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, con especial énfasis en las mujeres víctimas de la tortura sexual” y apoyo técnico para las denunciantes en el acompañamiento del proceso judicial. La Comisión Interamericana acogió ambos pedidos y solicitó al Estado que informe a la brevedad si acepta que la CIDH intervenga.
Como dijo Blanca Luz Menéndez, en la búsqueda colectiva por derribar el silencio de la impunidad: “cada día que pasa sin justicia nuestra dignidad se ve afectada”.
