Jorge Fco. Cabral Bravo.
Con solidaridad y respeto a Ricardo Ahued Bardahuil
Estimado lector, si por leyes no paramos en México, el punto es que se pongan en práctica, se respeten y se apliquen.
Viene ahora la lucha por cada estado, por distritos federales, locales, alcaldías, por cada rincón, por cada curul.
Las decisiones de los gobiernos suelen ser capturados por grupos de interés que disfrutan hoy de privilegios y ventajas, cuyos costos son pagados por la sociedad en su conjunto en el futuro.
Las democracias no funcionan para pensar en el largo plazo. Los ciclos políticos electorales y la inmediatez noticiosa de las redes sociales impiden que los gobiernos tomen decisiones viendo hacia el futuro; reina la preferencia por la cercanía en el tiempo, por el relumbrón del golpe inmediato y la viciosa transparencia de Los costos de las políticas de hoy a las generaciones del mañana.
Se han hechos recurrentes en la discusión sobre el futuro de la democracia las menciones a las amenazas que ésta enfrenta por parte de movimientos y líderes políticos iliberales y populistas, pero dedicamos relativamente poco tiempo a hablar sobre los problemas propios de la democracia electoral y en específico, a sus limitaciones para resolver los problemas de largo plazo, como el cambio climático, el manejo de la contaminación con plásticos, la reforma de pensiones, el desarrollo de la Inteligencia artificial, el mantenimiento de la infraestructura y la elaboración de planes para enfrentar emergencias, como una pandemia inesperada.
Desde luego, muchos gobiernos democráticos han logrado plantearse metas de largo plazo y las han conseguido con éxito, pero también es verdad que esas han sido excepciones y que las democracias no han sido capaces de resolver otros problemas cuya solución implica una profunda visión de futuro. Una de las razones por las cuales las democracias han resultado ser ineficaces para atender problemas de largo plazo son los incentivos que generan los ciclos electorales.
Para los ciclos electorales el futuro no existe y los intereses de las generaciones futuras no cuentan; todo problema que se pudo plantear hacia adelante es un problema resuelto.
Un ejemplo es el ofrecimiento de programas sociales cuya fuente de financiamiento no se encuentra asegurada; para fondearlo, se incurre en endeudamiento qué habrá que pagar en el futuro para gastar el día de hoy.
Pero de nuevo, para las democracias el futuro y las generaciones futuras no existen.
Un segundo motivo por el cual las democracias tienen vista corta es que las decisiones de los gobiernos suelen ser capturadas por grupos de interés que disfrutan hoy privilegios y ventajas específicas, cuyos costos son pagados por la sociedad en su conjunto en el futuro.
Un tercer fenómeno que impide a las democracias tener una visión más amplia es que los partidos políticos han dejado de ser intermediarios entre los intereses del ciudadano y el Estado. Los partidos se han convertido más bien en parte del Estado, se han conformado administrar sus prerrogativas públicas y servir de agencia de colocación de posiciones burocráticas y al final, vínculos de comunicación con la sociedad, por lo que son insensibles a sus intereses. Eso hace que la tendencia de las democracias ignorar el futuro y a las generaciones de mañana se amplíe.
Resulta paradójico que la incapacidad de una democracia para atender sus problemas de largo plazo genera condiciones para las llegada de sistemas de gobierno autoritarios y populistas, con líderes que no cuentan con la capacidad de entender y atender las necesidades de política pública, por lo que los problemas que en democracia no pudieron atenderse, terminan empeorando.
Cambio de tema, por cierto, hay que comentarlo el 6 de junio, las FAM habrán de colaborar en la vigilancia del proceso electoral.
Siempre lo han hecho. La diferencia es la confrontación del Ejecutivo Federal con autoridades electorales.
En su campaña, el Ejecutivo Federal prometió devolver a los militares a sus cuarteles.
Los acusó de violar Derechos Humanos, de ser represores, ineficientes, que el Estado Mayor Presidencial era inútil, en fin.
El discurso del General Carlos Gaytán, en respuesta, fue duro y directo. Seguramente puso a pensar al Ejecutivo Federal en una nueva estrategia, pues las FAM son de gran prestigio y representan una institución poderosa.
Vino un cambio.
Primero, para legislar en materia de Seguridad Pública, y poco a poco, para que los militares tomarán más funciones. Hoy tienen 22 adicionales que realizar. Son constructores, administradores portuarios, operadores aeroportuarios, guardianes y vigilantes, hacen obra pública, responsables de la seguridad presidencial, tendrán ingresos propios de los proyectos de infraestructura que se les autoricen, en fin, ha salido mucho muy fortalecidos con una nueva alianza con el Ejecutivo Federal.
El 6 de junio, las FAM habrán de colaborar en vigilancia del proceso electoral. Siempre lo han hecho. La diferencia es la confrontación del Ejecutivo Federal con las autoridades electorales.
La descalificación que hace de estas instituciones autónomas a su imparcialidad y responsabilidad como árbitros del proceso y su organización, pone un escenario diferente. ¿ Porqué el Ejecutivo Federal quiere descalificar al INE y al TEPJF?
Yo creo que busca volver a negar los resultados de las elecciones con sus discursos de fraude electoral.
Sobre todo, si pierde varias gubernaturas y llega a estar en desventaja en la conformación de la nueva Cámara de Diputados.
La SCJN no resuelve controversias, ni avanza en juzgar inconstitucionalidad de diversas leyes. El retraso favorece al Ejecutivo Federal. No son procedimientos sencillos, ni rápidos, pero se acumulan. Y si se quedan sin resolver, siguen de alguna manera la vigencia, aunque no la aplicación de ciertas leyes. AMLO ya coquetea con su reelección. Se la pidieron sus paisanos en Dos Bocas, en mítin por el organizado, hilo cuenta muy ufano. Un camino puede ser el de alargar el mandato.
Depende de lo que se decida en la SCJN sobre su propia Presidencia, que por un transitorio se amplía por 2 años adicionales lo que contraviene la ley.
Las encuestas muestran una caída en las preferencias por Morena, aun cuando la popularidad del Ejecutivo Federal que presume sigue vigente. Por eso usa la mañanera para actividades electorales, disfrazadas de legalidad por una supuesta defensa de la democracia, haciendo denuncias contra candidatos y partidos que supuestamente violan la ley impunemente. El INE y el TEPJF vive en momentos difíciles. Caer en la confrontación y fortalecer acusaciones contra sus funciones e imparcialidad es un camino peligroso. Pero tolerar la impunidad de AMLO por su intervención en el proceso electoral igual es dañino para su credibilidad y sus funciones. Deben ser muy cuidadosos en su manejo.
Apegarse a la ley en cuanta decisión adopten, más allá de críticas, normales en contra de su arbitraje.
La crítica del Ejecutivo Federal a la elección de los Consejeros del INE y Magistrados del TEPJF, por alianzas partidistas, nada tiene que ver con su desempeño.
Que le molesta que en 2006 algún Consejero firmó para negar el fraude electoral demuestra su rencor hacia muchos personajes de la vida política por nimiedades. Ni hubo fraude, sí se puede coartar la libertad de expresión. Debe reconocer que el propio Consejo del INE le válido su triunfo electoral en el 2018, es decir, salvo renovaciones, los mismos Consejeros a los que descalifica.
Volver a dejar en la Presidencia de la República los procesos electorales, que hemos definido por y transparencia, con certeza, legalidad y equidad, sería un retroceso terrible. Eso es lo que el Ejecutivo Federal busca al polarizar y confrontar. La duda es si se atreverá a descalificar los resultados electorales si le son adversos. O si habrá de nuevo rufianes electorales presionando votantes y violentando el proceso.
O si la compra de votos seguirá en total impunidad por los siervos de la nación que “alquilan” credenciales electorales según narran activistas en campo. En este escenario el ejército habrá de tener una actividad de gran responsabilidad al mantener el orden y garantizar la paz de los comicios. Su prestigio y responsabilidad debe estar con los mexicanos. Lo demás sería traicionar a la democracia.
