A Juicio de Amparo.
María Amparo Casar.
Las alianzas son parte sustancial de la democracia en el plano electoral y en el parlamentario. En los sistemas parlamentarios son indispensables no sólo para legislar sino, antes que nada, para formar gobierno. Si un partido no tiene la mayoría de 50% más 1 necesita aliarse con otro u otros para poder nombrar al primer ministro. Su sobrevivencia como jefe de gobierno depende de que esa mayoría se mantenga.
En los presidencialismos, un Presidente puede sobrevivir todo el periodo sin mayoría en el Congreso. No le hace falta que su partido controle el Congreso para mantenerse en el poder. La ausencia de mayoría simplemente le complica el trabajo. Así le pasó a Zedillo, a Fox, a Calderón y, en menor medida, a Peña Nieto. López Obrador la tuvo más fácil que los anteriores presidentes en sus primeros tres años. Con el voto que alcanzó en 2018, más la sobrerrepresentación que se le otorgó en ese mismo año y el chapulineo que propició a lo largo de la Legislatura, logró allegarse 337 diputados, poco más que la mayoría calificada de dos terceras partes que se requieren para aprobar las reformas constitucionales.
En el Senado no tiene esa mayoría y no la tendrá en lo que resta del sexenio. Ahí no queda más que negociar o extorsionar a los legisladores de oposición para alcanzarla.
El segundo tramo del sexenio será más complicado. Para Morena, las alianzas parlamentarias serán necesarias. Para sus aliados, serán rentables en el sentido más crudo de la palabra. El PT y sobre todo el PVEM, que tiene aún más legisladores, pueden extraer una interesante ganancia al venderse al mejor postor. Para sus adversarios (PAN-PRI-PRD) no representan la posibilidad de pasar una reforma constitucional, ni siquiera una legal, pero sí representan la posibilidad de ser el dique de contención. De ser el verdadero contrapeso. Juntos Haremos Historia (incluido el PV) tiene en estos momentos 337 diputados y Morena —solito— 253. El votante acabó con ambas mayorías. La coalición obtuvo 279 legisladores y Morena, por sí sólo, 197. El elector le quitó 58 diputados a la coalición y 56 a Morena.
Con esta decisión, Morena necesita a sus dos aliados electorales para aprobar el Presupuesto, cualquier iniciativa y varios nombramientos. Es rehén, pues, tanto del PV como del PT o de una parte de sus integrantes. Peor, necesita, además, de alguno de sus adversarios —conservadores, fifís, corruptos, neoliberales— para pasar las tres reformas constitucionales que, según él, faltan para terminar los cimientos de su proyecto de transformación: a) la del sector eléctrico, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las empresas particulares; b) la electoral, de la que, hasta ahora, sólo sabemos que consistirá en bajar el costo de las elecciones, disminuir a 300 el número de diputados y cambiar el mecanismo de designación de los consejeros electorales y; c) la de la Guardia Nacional, para que ésta quede dentro de la estructura administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional y no ocurra que, al pasarla a la Secretaría de Gobernación, “en seis años esté echada a perder”.
No empieza con el pie derecho la indispensable negociación. Comienza diciendo que si la Cámara de Diputados no aprueba las iniciativas que él mande, entonces “quedará de manifiesto que no son representantes populares” que, “aunque se hagan llamar representantes populares, son representantes de grupos de intereses creados”.
La esperanza con el mayor equilibrio en la Cámara de Diputados era que las políticas fueran más debatidas y, de preferencia, más consensuadas. Que de la diversidad de partidos surgiera una agenda más plural. Creo que más bien tendremos dos cosas, una buena y una mala. La buena, que casi no había ocurrido y que ahora es una posibilidad permanente, es que la oposición puede frenar los excesos en el ejercicio del poder. La mala es que las puertas están abiertas para la política de la extorsión, que casi siempre es ejercida por el partido en el poder por el simple hecho de que la inteligencia y la información lo mismo que la procuración y administración de justicia están en manos de quien ocupa la Presidencia. Morena es rehén del PV y del PT. Ambos tienen el poder de vetar cualquier acción legislativa. Pero Morena no es un partido que esté manco frente a quien quiera someterlo. También puede ser su verdugo. Ambos partidos tienen en su haber escándalos de corrupción que les resta poder y saben que López Obrador no se anda a tientas cuando de politizar la justicia o judicializar la política se trata.
