FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO
DESDE A JANELA
La semana pasada se describió en este espacio el saqueo que se está realizando bajo el pretexto de llevar a cabo una “reingeniería” en el poder judicial de Veracruz, la cual consiste en desaparecer juzgados a lo largo y ancho del estado con la finalidad de no gastar dinero y podérselo llevar para aplicarlo en los gastos electorales o sea los programas clientelares con fachada de asistenciales que promueve el gobierno.
Siendo tan descarada tal medida, lógicamente provocó que más de una persona, sobretodo abogados, alzara la voz y se denunciara públicamente la destrucción que como consecuencia de ese saqueo se está produciendo en la impartición de justicia en la entidad y es que no es para menos, ya que usando una lógica elemental es fácil darse cuenta que si en una ciudad había dos juzgados los cuales trabajaban lentamente, ahora con uno sólo la cosa se va a poner peor.
Más ante la cantidad de críticas y reproches respecto a esa pésima decisión tomada por el gobierno y ejecutada por sus marionetas en el Consejo de la Judicatura, siendo la principal de ellas su ilegítima magistrada presidente, el poder judicial inició una campaña mediática en la que trató de defender lo indefendible, cayendo en una serie de disparates que lo único que hicieron fue hundir más en el fango a los títeres que ahí despachan.
Pero antes de entrar en esas justificaciones realizadas por los títeres del poder judicial, veamos lo que dijo su principal titiritero y resulta que según declaraciones hechas por el gobernador del estado, quien tras comenzar negando que la supresión de juzgados se debiera a una situación de déficit de presupuesto, terminó diciendo que se reunió con la presidente del Tribunal Superior de Justicia y le “sugirió” que revisara el actuar de sus juzgados, porque si traían una situación presupuestal, lo mejor era cuidar los pocos recursos que tenían.
A confesión de parte, relevo de pruebas y así es como se movieron los hilos para llegar a tal determinación y claro, el buen Cuitláhuac siguió enredándose en sus declaraciones y repitiendo como disco rayado lo mismo que su patrón dice todos los días, pero aplicándolo a este caso en concreto y así dijo que revisaran esos juzgados que se crearon en administraciones del pasado y que eran ineficientes, llenos de amigos de anteriores presidentes y que eran fruto de la corrupción.
Y pues ni tardos ni perezosos, sus esbirros en la judicatura se pusieron manos a la obra y de un plumazo cerraron definitivamente las puertas de 29 juzgados y mandaron literalmente al limbo los asuntos que estaban radicados en los mismos, pues los expedientes perdieron continuidad ya que los jueces que estaban a su cargo de un día para otro dejaron de serlo y los que los deben de recibir no tienen ni idea cómo van a retomarlos debido a que de la nada se les duplicó el trabajo y como ya se dijo en la ocasión anterior, tienen su propia agenda llena.
Mas ese argumento característico de los gobiernos emanados de MRN no se sostiene por sí mismo ya que, si en verdad algunos de los juzgados cerrados estaban ocupados por amistades de anteriores presidentes que además no hacían su trabajo, lo correcto hubiera sido revisar su actuación y evaluar si el elemento funcionaba o no y en su caso remplazarlo, más nunca cerrar el órgano jurisdiccional.
Además, el rezago judicial puede tener muchas causas y es ahí en donde deben de actuar los órganos de auditoría interna de la judicatura, quienes deben de determinar si ese rezago se debe a causas jurídicas como el ejercicio de recursos jurídicos o de juicios de amparo, a factores externos como lo fue la catástrofe generada por el cierre absoluto e injustificable derivado de la pandemia o la negligencia de los funcionarios judiciales de confianza y/o sindicalizados.
Pero no, como lo que se requiere es el dinero para destinarlo para fines políticos claramente distintos de lo que es la impartición de justicia, la solución es la misma que han venido aplicando desde que en 2018 tomaron el poder y esta consiste en gritar a los cuatro vientos que se cierran dependencias públicas, los juzgados también lo son, porque fueron creadas por administraciones pasadas y están infestadas de corrupción.
Y sí, ese discurso suena bonito y más por el resentimiento que se generó debido al cierre injustificado derivado de la pandemia, en el cual justamente los funcionarios judiciales de confianza y sindicalizados se ganaron críticas por cobrar sin trabajar durante meses y dejar al garete los asuntos que estaban a su cargo y por ello muchos dicen que fue una buena medida el que los hayan cerrado.
Nada más que ese argumento basado en el resentimiento es simplista y pasa por alto un par de detalles de no poca importancia y es que si hubo juzgados que se quedaron de guardia durante ese aciago periodo, esos fueron precisamente los familiares que han cerrado y el otro detalle es que ahora las pensiones alimenticias, las resoluciones de la convivencia de los menores entre otras cosas urgentes tardarán el doble de tiempo en resolverse, así como mucha gente tendrá que trasladarse a lugares lejanos para buscar justicia y no olvidemos a quienes tienen asuntos en los juzgados receptores de asuntos, quienes a partir de ahora verán entorpecidos sus asuntos.
En conclusión, por más que traten de justificar la decisión tomada resulta injustificable haber cerrado juzgados en un estado cuya población crece y con ella los asuntos que requieren sus servicios; ya que cerrar un juzgado es como cerrar una clínica o una escuela dejando a sus usuarios sin los servicios elementales que debe proporcionar el Estado.
¡Ah! pero a los gobiernos emanados de la autollamada 4t nada de eso les importa y cierran al parejo juzgados, clínicas y escuelas sin importarles en absoluto sus usuarios, ya que lo único que les interesa es quedarse con su presupuesto.
Como una nota final hago notar que cuando en este texto me referí a los funcionarios judiciales, los mencioné como de confianza y sindicalizados sin hacer excepciones y esto se debe a que otra de las justificaciones para el cierre de los juzgados fue que en todo momento se va a respetar los derechos de los que son sindicalizados, ya que estos son excelentes trabajadores y son los que cargan con todo el trabajo; lo que no es del todo cierto, ya que al igual que los de confianza, muchos son muy buenos en su trabajo pero también los hay que provienen del compadrazgo y que tienen todo menos vocación y ganas de desempeñar bien su labor; en pocas palabras en ambas categorías de empleados hay los mismos vicios y virtudes y por ello no se debe de hacer distinciones.
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