* Aumenta el delito en Veracruz.
* Es el segundo delito con mayor incidencia, sólo por abajo del robo en transporte público o asalto.
* Buscan además que se aumente penalidad por robo de información digital.
Redacción
29 abril 2019.- La Comisión de Justicia, que preside Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN), aprobó 13 dictámenes. El primero busca reformar y adicionar los artículos 390 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de considerar a la extorsión como delito que amerita prisión preventiva oficiosa.
Además se incrementa de tres a diez años de prisión y de cien a quinientos días multa la pena al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.
En el documento se sostiene que el delito de extorsión es de los de mayor impacto social y el que más aumentó en los últimos años. Estadísticamente es el segundo con mayor incidencia, sólo por abajo del robo en el transporte público y asalto.
Menciona el dictamen que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, se cometieron 31.10 millones de delitos en 2016. De esta cantidad, 7.50 millones, o sea, el 24.16 por ciento fueron extorsiones y sólo 129 mil 588 casos delictivos se denunciaron integrándose la correspondiente carpeta de investigación.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SESNSP) refiere que, hasta mayo de 2017, los casos de extorsión aumentaron en 19 de las 32 entidades federativas principalmente en las siguientes:
Veracruz, Baja California Sur, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Estado de México, Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua; Durango, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala y Yucatán.
Trabajo penitenciario
Se aprobó el dictamen que reforma los artículos 9, 91, 92 y 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer que las personas privadas de la libertad tengan acceso a seguros, prestaciones y servicios de seguridad social por el trabajo desarrollado en centros penitenciarios.
En el documento, se advierte que los esquemas jornaleros prevalecientes en los centros de reinserción social no ofrecen las mínimas prestaciones de ley y de seguridad social a las personas privadas de la libertad, lo que ha ocasionado que la familia de las y los internos subsidie su estadía, apoyándoles con comida, ropa y medicinas.
Destaca que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en el país, durante el 2016, se encontraban en los centros penitenciarios un total de 188 mil 262 personas, de estas el 59 por ciento; es decir, 111 mil 214, practicaban alguna actividad ocupacional.
Aumentar penalidad por robo de información digital
Los integrantes de la Comisión también avalaron reformar el artículo 211Bis 1 del Código Penal Federal con el propósito de aumentar la penalidad en los casos de modificación o destrucción que deriven en pérdida de información, así como copia de la misma, contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, sin autorización.
Este dictamen sostiene que a quien cometa el ilícito se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días multa, con la intención de desincentivar la recurrencia de estas actividades.
