/ Por Rafael Arias Hernández /
Ni más, ni menos. Hay que consolidar y fortalecer el combate y la erradicación de las insistentes y crecientes irresponsabilidad y complicidad, corrupción y delincuencia. La impunidad no debe prevalecer, ni tener continuidad.
Sin excusas, ni pretextos. En todo lo gubernamental, todos a las puntuales, verdaderas y permanentes: transparencia, rendición de cuentas, evaluación y retroalimentación.
Pueden decir lo que quieran, están en libertad de hacerlo; pero lo que no pueden es no cumplir con su obligación de informar en tiempo y forma, sobre su ineludible responsabilidad como gobernantes, funcionarios o simples servidores públicos.
Es más, hay que recordarles que no cumplir con esta responsabilidad es violar la ley y puede traer sanciones y consecuencias delictivas.
De ahí que, en un sistema democrático, es obligatorio participar y evaluar siempre a todos y cada uno de los gobiernos; hacerlo, en forma objetiva y sistemática, basados en los hechos, en su funcionamiento y resultados.
No hacerlo es permitir y facilitar el daño y el engaño, provocando perdidas, retrocesos y otras consecuencias. Y, además, es convertirse en encubridor y cómplice, e incluso responsable y culpable de lo que sucede.
El derecho individual y social a elegir, es solo parte de la obligación de gobernar al gobierno. Imprescindible participar y evaluar, para hacer lo que se debe hacer. Esto es, apoyar o despedir; tanto colocar como quitar, tanto nombrar como revocar.
Nadie está obligado a sostener limitaciones y sacrificios, resultado de mediocridad e incapacidad, o de perversidad ventajosa. Mucho menos se está condenado, a padecer y sostener delincuencia y corrupción, encubrimiento e impunidad.
Preciso recordar siempre, que todo ello y más, está asegurado y fomentado por la falta de información, por la opacidad que induce y fomenta la rapacidad.
En la verdadera democracia, participar es la clave, para asegurar que la mayoría decida informada y en forma apropiada, con efectividad y pertinencia.
En cuestión de política, de administración pública y de gobierno hay que exigir, bien y a tiempo, a los detentadores de la representación y el poder legal, el cumplimiento cabal de obligaciones y el logro verdadero de objetivos y metas. Sin excepción, deben entregar cuentas claras, a partir de la verdadera transparencia, difusión y acceso a la información.
Los que se van y los que llegan, deben someterse y poner a disposición pública, la información oportuna y confiable, para evaluar y distinguir el acierto del error, el logro del pendiente. Así se forma y fortalece la democracia.
Se tiene y se debe distinguir, con claridad y oportunidad, el dicho del hecho, la intención de la acción, el propósito del resultado. Hay que corroborar, en todo caso y en todo momento, lo que se dice con lo que se hace. Preciso separar demagogia y mentira, de objetividad y verdad. Diferenciar realidad de fantasía, verdad de engaño, precisión de exageración.
Entender que a los múltiples problemas los agravan ineficiencia, irresponsabilidad y complicidad; y que la ineptitud convive con la impunidad y se repiten o continúan las conocidas historias.
Imprescindible insistir e insistir, que el ejercicio del poder público se basa y mejora con base en la congruencia entre el decir y el hacer, en cada uno de los actos de gobierno y por todos los servidores públicos. Y que se sostiene a base de entregar buenas cuentas, logros y avances, resultados comprobables. Probado está, que sin credibilidad y confianza no es posible gobernar. La realidad se hace presente y se encarga de poner la basura en su lugar.
Indolencia e impunidad, alientan y protegen ineptos, corruptos y delincuentes en los gobiernos. De una y muchas formas ocasionan y reproducen todo tipo de crisis, destacándose las de la economía, de las finanzas públicas, del estado de derecho, de credibilidad y confianza gubernamental y otras.
Muchas estimuladas y profundizadas por la poca o nula participación y evaluación ciudadana y social.
PRIORIDAD DE ATENCIÓN Y CONTROL
Imposible ignorar o minimizar que responsabilidades y obligaciones gubernamentales no son las mismas, ni iguales para todos. Para su correcto funcionamiento, hay áreas, niveles y encomiendas específicas.
De ahí que hay que señalar, que se debe dar la debida importancia y prioridad al manejo de las finanzas y los recursos públicos, simplemente porque en ella se concentran todas las capacidades y habilidades tanto constructivas y de fortalecimiento, como destructivas y delictivas, que favorecen a unos cuantos.
No dar a las finanzas públicas la importancia que merecen, está probado y comprobado que, tarde o temprano, sin duda afecta, condiciona y limita, tanto el presente como el futuro inmediato. Legando incluso, hasta eliminar o reducir, alternativas, oportunidades y potencialidades,
Así, por ejemplo, hay que poner un alto a irresponsable y hasta delictivo manejo y atención gubernamental de la deuda pública que, por irresponsabilidad y negligencia, complicidad y delincuencia, o manejo ventajoso para unos cuantos, se convierte en presente negado y futuro cancelado de innumerables generaciones.
Y, sin duda, hay que atender también la falta de transparencia y rendición de cuentas, puntual, completa y objetiva, de quienes tienen la obligación y el privilegio de administrar las finanzas públicas.
