**”Debemos privilegiar el respeto a la dignidad humana, declaró este día el diputado local petista.
* Se debe hacer prevalecer penas justas a trasgresores de la ley, señala.
09/12/2021/ Xalapa, Ver.- “Los tiempos actuales exigen de los gobernantes congruencia entre el decir y actuar” sentenció el diputado local petista Ramón Díaz Ávila en la tribuna del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados al presentar una modificación al Artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. que norma las penas establecidas para los delitos en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.
En su exposición de motivos en tribuna destacó que “el actuar de toda autoridad o representante popular debe
ser en el marco jurídico de respeto y, tolerancia hacia los representados”.
La Iniciativa que estoy presentando para Derogar el párrafo segundo y adiciones al primer párrafo del artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene mucho que ver con la aplicación justa de la Ley, aseveró.
“La aplicación de la disposición en comento, ha sido desde un principio criticada y cuestionada por diferentes sectores sociales. Una de las razones por lo que esto pasa, es la desconfianza ciudadana en nuestro sistema de justicia”, señaló .
Al referir que a la sociedad se le debe debemos rendirle cuentas, dijo, a mejor manera de hacerlo es actuando. Si realmente se aspira y lucha por una nueva sociedad, más democrática y justa, hoy se tiene una oportunidad de hacerlo e impedir que más ciudadanos sigan padeciendo la opresión de esta ley, pero al mismo tiempo que cualquier funcionario pueda ser o convertirse en opresor.
Al hacer uso de la voz, el representante del Partido del Trabajo (PT) expuso que “la reforma a este artículo ha provocado abusos de las autoridades, quienes, con los mínimos elementos jurídicos, ponen a disposición de la autoridad a ciudadanos indefensos que tienen como único medio de prueba su palabra”.
Además, dijo el Diputado, la parte acusadora o autoridad en este tipo de delitos, la parte investigadora y el juzgador pueden tener interpretaciones a libre albedrío, lo que pone al acusado prácticamente en indefensión al pasar por tres instancias distintas; además, debe prevalecer una penalidad acorde con la gravedad de los delitos que se cometen, haciendo valer la aplicación justa de la ley.
Insistió en que debe preservarse el estado de derecho de las y los ciudadanos e impedir que subsistan preceptos que limiten sus libertades, por lo que puede evitarse la criminalización de las personas a través de actos interpretativos y racionales, que motivan y alientan la fabricación de delitos.
Para su estudio y análisis, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) y la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán.
