Héctor Yunes Landa
A punto de vencerse el plazo, el Gobierno Federal entregó a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el que se supone debería ser el documento rector de la vida nacional para esta nueva administración.
Sin embargo, en sus 255 páginas está plagado de contradicciones y compromisos sin sustento, lo que nos hace suponer que los años venideros iremos sin brújula ni rumbo, principalmente en tres rubros que son indispensables para el desarrollo de cualquier nación: economía, salud y seguridad.
La economía se encuentra en desaceleración. Entre el cuarto trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019 el PIB cayó 0.2 por ciento, el peor trimestre desde 1995, esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo la perspectiva de crecimiento para México a 1.6 por ciento, pero en el Plan Nacional de Desarrollo se afirma que creceremos al 4 por ciento en los próximos 5 años y cerrará con 6 por ciento en su último año.
Para alcanzar lo dicho por el Ejecutivo Federal, tendría que tomar decisiones económicas radicales que permitan recuperar la confianza en la inversión y el consumo, y en consecuencia, elevar la proyección de crecimiento al 4 por ciento. El desarrollo de un país no se logra por decreto ni insistiendo en ello cada mañana.
Alcanzar tal cifra de crecimiento no sólo es halagüeño y exagerado, sino hasta fantasioso, sobre todo cuando Petróleos Mexicanos (Pemex), a decir de los expertos financieros, arriesga la estabilidad macroeconómica del país; si revisamos los números de la industria, ésta cayó, no hay inversión privada, la generación de empleo está estancada, las economías estatales están paralizadas, no tenemos los insumos para crecer ni al 6 ni al 4 por ciento. Usando los propios términos de la Transformación de Cuarta: ¡vamos requetemal!
En el mismo sentido está el rubro de la seguridad que es el que más nos duele a todos los mexicanos. En el apartado político del documento eje –página 21-, la nueva autoridad federal nos dice que al final del sexenio, es decir para 2024, los delitos de alto impacto se habrán reducido en 50 por ciento, pero en la parte técnica, que son los anexos, la meta es apenas de 15.6 por ciento. Otra contradicción está en la página 23, cuando se critica a otros gobiernos por el uso de las fuerzas armadas para el combate a la inseguridad, pero renglones más adelante reconoce que las necesitarán como una parte toral para alcanzar su objetivo de emprender la construcción de la paz.
Prometieron y siguen prometiendo al amparo de una legitimidad que se desvanece. Dicen que al final del sexenio ya no habrá ni un sólo delito de cuello blanco y, dejan la puerta abierta, de par en par, a la legalización de las drogas, como una parte de la solución al combate a la delincuencia.
En materia de salud la imaginación no tiene límites. El presidente ha dicho que en tres años, México tendrá un sistema como el de Suecia, Canadá o los países nórdicos; este compromiso no está plasmado en el PND, ni se establecen políticas públicas para lograrlo. El sistema de salud de esas naciones llevó décadas construirlo, gracias a un sólido modelo de educación y desarrollo de la ciencia. La cobertura universal y el abasto de medicinas es el verdadero reto de esta administración.
Por eso pareciera que este Plan Nacional de Desarrollo, son dos documentos distintos, que no fue elaborado por un mismo equipo, con una sola visión de país, ni de la mano de los especialistas. Por el contrario, deja en evidencia que se hizo al vapor, que hay posturas encontradas entre lo dogmático y lo técnico lo cual, sin duda, es una muy mala noticia para las familias de México.
