**LINOTIPIA.
/ Peniley Ramírez /
La villa donde el empresario Alexis Weinberg se asentó con su familia es una casona de dos pisos, con acabados de mármol, que imita las construcciones italianas del siglo XIX. Está ubicada en una isla de la bahía de Aventura, en Miami. Quienes viven allí pueden disfrutar de una vista panorámica al mar mientras trabajan en el estudio, juegan billar, ven un partido en el salón social, se bañan en la tina de hidromasaje, nadan en la piscina, o asan carnes en una de las terrazas. La residencia tiene una sala de cine y un ropero para más de dos mil camisas. Costó 4.4 millones de dólares en 2014 y hoy tiene un precio similar, pero no puede venderse.
Weinberg, su dueño, está acusado en Miami de conspirar con Genaro García Luna para robarse más de 250 millones de dólares del gobierno mexicano e invertirlos en bienes raíces en Florida. Desde septiembre, la villa y otras propiedades no pueden venderse, ni comprarse. Fueron congeladas cuando los abogados que representan a México alegaron que son parte de un litigio en curso.
El litigio comenzó el año pasado y tuvo avances importantes esta semana, los más recientes en una cadena de decisiones judiciales que permiten una mejor lectura del caso García Luna. Obtuve los documentos vía transparencia en el sistema judicial de Miami.
En septiembre los abogados demandantes, que representan a la UIF de Hacienda de México, pidieron que se congelaran bienes de la familia Weinberg en Florida. Los empresarios Alexis y su padre Samuel compraron las casas y departamentos desde 2009, mientras ganaban contratos de gobierno en México y aprovechaban los bajos precios en el sistema inmobiliario de EU, después de la crisis de 2008.
La petición dice que el dinero para comprarlos se obtuvo de fraudes al gobierno mexicano, enriquecimiento ilícito y otras prácticas criminales. Los bienes son departamentos en varios de los condominios más lujosos de Miami, con vistas espectaculares a la bahía, al mar y al río, spas, gimnasios y piscinas olímpicas. Hay dos en el complejo Jade Ocean, uno en Alaqua, tres en Península, otros tres en Icon Brickell y algunos más en otros edificios.
La compra no es nueva, pues la prensa la reportó durante años. En una base de datos que elaboré con mis colegas Roxana Aguirre y Martín Rosales para mi libro Los millonarios de la guerra, revisamos cómo se compraron estas propiedades, incluida la villa de Alexis Weinberg. Lo novedoso ahora son las entrelíneas en las respuestas de los demandados, en mociones para que se desestime el juicio, que se registraron ante el juzgado entre el 20 de diciembre y el 2 de enero.
Los demandados son la familia Weinberg, la familia García Luna, el exfuncionario federal Francisco Niembro, su esposa, el socio de los Weinberg y operador de sus negocios Natan Wancier y más de 20 compañías que crearon entre 2009 y 2018. En sus alegatos, dijeron que los delitos se habrían cometido en México y la corte de Miami no debería analizarlos, que no se explica a cuáles oficiales de gobiernos habrían sobornado, que los servicios sí se realizaron y que las acusaciones son vagas. Esto es verdad, en parte. Algunas auditorías encontraron que equipos de esos contratos no se entregaron, o se firmaron como entregados y nunca aparecieron. Otros testimonios indican que los servicios se usaron para fines personales, no para mejorar la seguridad pública. Si se pagaron sobornos, el dinero terminó en Miami, y con un solo dólar que pasara por allí, las autoridades judiciales locales podrían revisar el caso.
Lo más interesante ahora es que en las mociones Alexis Weinberg se asume como dueño de Gull y Nunvav, dos empresas investigadas por corrupción en México, y que aparecían solo como parte de un entramado corporativo, no a su nombre. También se incluyen tres fideicomisos, Sunshine Trust, Wancier 2017 Family Trust y Ruby Dynasty Trust, como parte de los intereses de la familia Weinberg. Cuando publiqué la existencia de estos fideicomisos, ellos nunca habían aceptado que formaban parte de su capital. Estos detalles abren la puerta para que se investigue si en esos fideicomisos y empresas acabaron otros 150 millones de dólares, de negocios que se presumen entre los Weinberg y García Luna.
Esta semana, se nombró a un nuevo juez en el caso. Concedió a los abogados del gobierno mexicano un plazo para responder, el 17 de febrero. Solo con la decisión del juez tras esa fecha, sabremos si el caso termina en juicio o en un intento sin éxito.
