- Existen más de 15 millones de indígenas en el país.
- Los gobiernos mantienen una política de exterminio.
- Los pueblos originarios se han desarrollado apegado a las costumbres milenarias.
24/01/2022/ El confinamiento ante la cuarta oleada de la pandemia por Covid-19 agudiza la marginación de las personas que integran las comunidades indígenas de México, así lo consideró el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
José Antonio Lara Duque, abogado del colectivo, explicó que en nuestro país existen más de 15 millones de personas que integran comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, pero que con la situación de confinamiento, son, mayormente marginadas.
La historia de México ubica que, “los gobiernos —de los tres niveles– desde el siglo XIX mantienen una política de exterminio en contra de las comunidades indígenas, que impiden acciones de manifestación a pesar de formar parte importante de la sociedad nacional”.
“Por decenas de años los pueblos originarios se han desarrollado en la mayor parte por usos y costumbres, eligen su forma de gobierno apegado a las costumbres milenarias de las raíces mexicanas; sus líderes, forma de vida y desarrollo político y social”, recordó.
Mantienen rasgos culturales muy particulares – como su lenguaje, o sus tradiciones— que han sido olvidados por el Estado mexicano, y que, a su vez, generan necesidades y derechos diferenciados con el resto de la población, explicó.
Lara Duque recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce la constitución de más de cinco mil grupos distintos en unos 90 países, que hablan –en conjunto– aproximadamente siete mil lenguas del mundo.
Las comunidades indígenas del orbe están formadas por alrededor de 370 millones de personas, es decir, más del cinco por ciento de la población total, pero se encuentran entre las más desfavorecidas y vulnerables: representan 15 por ciento de los más pobres.
El también cofundador del colectivo recordó la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para que los países de América Latina y el Caribe reformen sus políticas fiscales con una inclinación inclusiva, tras el avance de la pobreza en la región como resultado de la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus.
“Estamos hablando de más de 20 millones de personas que han caído en la pobreza, es un retroceso a nivel de ingresos, pero también a nivel social; más aquellas personas que forman parte de comunidades indígenas”, explicó Lara Duque.
