*Movimiento pro la Justicia rechazan el dictamen que se someterá en el pleno.
02/2022/ 27 Xalapa, Ver.- En la sesión extraordinaria del Congreso de Veracruz de este domingo, se prevé se dictamine la derogación de dos fracciones del articulo 331 del Código Penal del delito de ultrajes a la autoridad, derivado de cuatro propuestas y dos solicitudes plantadas ante la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la actual Legislatura
El pasado viernes la Diputación Permanente del Congreso de Veracruz convocó a una sesión extraordinaria para que este domingo 27 de febrero se apruebe, luego de escuchar también a abogados.
El Movimiento por la Justicia, conformado por actores políticos, civiles, organizaciones y abogados, refirieron que las reformas que se pretenden realizar son “tramposas e insuficientes”.
Acusan que la sesión extraordinaria no obedece a resolver el problema que tiene a más de mil personas injustamente recluidas, sino será para retrasar la sesión de la SCJN, emitió una recomendación en la que se urge al Estado de Veracruz que este delito sea eliminado del Código Penal del Estado, sesión del pleno de la SCJN prevista para el este próximo lunes 28, para presuntamente declarar la inconstitucionalidad de los actos del Poder Legislativo local.
Al rechazar el dictamen que será sometido al pleno, donde la mayoría es de Morena, el Movimiento nacido de las y los Senadores que en diciembre conformaron una comisión legislativa para investigar los expedientes de pesos recluidos injustamente, solicitan a las y los legisladores locales, dejen impartir justicia con independencia a la Suprema Corte, puesto que aseguran que el congreso solo busca entorpecerla haciendo “uso fraudulento de sus atribuciones”.
La exigencia de la derogación de este delito
Previo a que la CNDH determinara que elementos policiacos violaron los derechos humanos de seis jóvenes que fueron detenidos en la plaza El Tejar en Xalapa, por presuntos Ultrajes a la autoridad, por lo que estuvieron recluidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, por más de tres meses., ya había voces de familias que denunciaban este tipo de instrumentos para mantener recluidos a políticos y a quien estorbaba en algún negocio turbio.
La Comisión Nacional de Derechos humanos ordenó indemnizar a los seis jóvenes y aplicar un curso de capacitación a policías y ministeriales, además de recomendar la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.
Por su parte, Ricardo Monreal, Senador y abogado que intervino por los jovenes a petición de los familiares, que rechazaron que los muchachos hubieran agredido a policías se dijo pendiente de la sesión de mañana en el congreso del Estado, donde se pretenden reformas a párrafos II y IV del articulo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz.
Para el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez, el derogar el delito significaría abrirle la puerta a los presuntos integrantes de la delincuencia organizada sujetos a proceso en Veracruz.
Para el Gobernador, detrás del Movimiento Por la Justicia hay abogados que buscan liberar a delincuentes, lo que la barra y algunos abogados han rechazado.
La polemica surge cuando en maro del 2021 Morena aprobó una reforma al artículo 331 del Código Penal, donde ya no se consideraba un delito menor, lo cual cambió.
La reforma determinó en el segundo párrafo de l articulo 331 del Codigo penal veracruzano, establece que se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a 40 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
Y se determina que la sanción se aplicará al responsable del delito en cualquiera de los supuestos siguientes: Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja
