*En 2020 Morena aportó al INE dinero para la adquisición y remodelación de sus Comités Estatales en diversas entidades.
*Ahora, la instancia presidida por Lorenzo Córdova, se niega a devolver el dinero que no se utilizó para tal fin
*El Consejero Ciro Murayama salió a explicar “con peras y manzanas” el presupuesto que necesitó la revocación de mandato y el que necesita el nuevo ejercicio democrático.
/ Juan Bermúdez /
Ante las críticas por el presupuesto que necesita el Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo la Revocación de Mandato, el consejero Ciro Murayama salió a explicar “con peras y manzanas” el presupuesto que necesitó la consulta popular y el que necesita el nuevo ejercicio democrático.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario señaló que la consulta popular fue menos costosa porque los ciudadanos se capacitaron con recursos de la elección federal del 2021, con un gasto adicional de 528 millones de pesos.
En cambio, al no realizar elecciones federales este 2022, se debe capacitar a las personas “desde cero”, es decir, visitar en su domicilio al 13% del padrón electoral.
“En 2021 eso se hizo con recursos de la elección federal, que financió la mayor parte del costo de la consulta popular. En 2022 todo el costo va directo a la Revocación de Mandato”.
Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios arremetieron contra el consejero electoral y se “anotaron” como voluntarios para participar en la Revocación sin que se les pague.
“Si ese es el pedo yo me anoto como funcionario de casilla y me costeo mi capacitación, viáticos y lo que sea. Yo si tengo deber democrático”, “Salí sorteado para estar en casilla, conozco al capacitador asistente electoral y ha participado en todos los últimos procesos. Ya no se requirió capacitación. ¿De que nos hablas Ciro? Te lo compruebo” y “¿Por qué no volvieron a contactar a esas personas que ya han sido capacitadas? Es decir ¿por qué hacer un gasto doble? Yo creo que acaba de meterse en otro problema”, fueron algunos de los comentarios.
Y es que el pasado 24 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que el INE destinó mil 692 millones de pesos para instalar 57 mil casillas, mientras que en 2021 pusieron el mismo número en la consulta para juzgar a los ex presidentes utilizando 502 millones de pesos.
“Van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada, pero además, les costó 500 millones la colocación de las casillas para la consulta de la vez pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones ya son mil 700, mil 800 millones, entonces ¿Cómo están las cuentas? Va a costar dos, tres veces más. Eso lo voy a dar a conocer, imagínense, va a ver municipios en donde no van a instalar una casilla. ¿Qué no es eso una afrenta a la democracia?”, sentenció.
Horas después, el Instituto Nacional Electoral sostuvo que las actividades de este año no son comparables con la consulta popular, ya que para la Revocación de Mandato se inició el proceso desde cero, en cambio, para la organización de la consulta del pasado primero de agosto el INE contó con la inercia de varias actividades para organizar la elección federal.
“En ese entonces, por ejemplo, fueron convocados los mismos funcionarios y funcionarias de casillas que habían recibido y contado los votos de sus vecinos en dichos comicios”.
En cambio, detalló que para la Revocación se realiza un nuevo sorteo de ciudadanos; se debe efectuar las gestiones y levantamientos de recursos necesarios para la instalación de casillas y adquirir de nueva cuenta materiales, como la tinta indeleble o insumos sanitarios ante la pandemia del COVID-19.
Adicional a lo anterior, el órgano electoral indicó que se deben instalar 32 consejeros locales y 300 consejeros distritales, conforme establece la ley, “a diferencia de lo que ocurrió en la consulta popular”, finalizó.
En la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) efectuada durante la jornada del viernes,
se discutieron y aprobaron los informes anuales de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2020.
En dicha sesión, el Consejo General aprobó sanciones por $242.41 millones de pesos a los partidos políticos en el ámbito federal, y a nivel local se impusieron sanciones por un total de $446.76 de millones de pesos.
Asimismo, los consejeros durante la sesión abordaron el tema de la creación de un fideicomiso que Morena constituyó en 2020 para la adquisición y remodelación de sus Comités Estatales en diversas entidades. En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó que los recursos con los cuales se fondeó el fideicomiso -transferencias provenientes de los Comités Ejecutivos Estatales de este partido- transgredieron el artículo 150 del Reglamento de Fiscalización.
De la misma manera, la instancia fiscalizadora del INE consideró que los recursos que fueron aportados por los Comités Ejecutivos Estatales de Morena a su Comité Ejecutivo Nacional, debían devolverse para que fueran éstos quienes pudieran adquirir -por sí mismos- sus respectivos inmuebles.
El consejero Ciro Murayama en su intervención manifestó que el fideicomiso era ilegal porque no se podía aceptar que los recursos provenientes del financiamiento local fondearan al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para la compra de inmuebles. Por lo que, señaló que el dinero no utilizado de los fideicomisos se debe regresar, no obstante, se ha negado a regresar a la Federación el dinero del fideicomiso del propio INE.
Mientras que las consejeras Adriana Favela y Carla Humphrey comentaron que la devolución de los recursos que se ordena en el Dictamen Consolidado de Morena es una decisión contraria a derecho, porque no existe base legal para ordenar esa devolución ni existe algún fundamento jurídico para sostener tal determinación. Lo que deja entre ver que la oposición, a través de sus consejeros aliados Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, busca dejar al partido de Andrés Manuel López Obrador sin dinero usando este tipo de artimañas.
Por último, vale la pena recordar que, durante el año 2021, MORENA intentó reintegrar parte de su financiamiento público para apoyar al Gobierno en la compra de vacunas y el INE nunca lo permitió. Sin embargo, ahora con la reforma que se hizo a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, MORENA ya podrá reintegrar a la Federación de forma directa tales recursos.
Ante este panorama, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arremetió, una vez más, en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por ordenar bajar algunas publicaciones de su red social por considerarlas propaganda política.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre el monto de inversión para instalar el Gabinete de Agua en Cuajimalpa, en respuesta, Sheinbaum ironizó en que los montos serán anunciados después del 10 de abril, una vez se lleve a cabo la Revocación de Mandato.
En su intervención, la jefa de Gobierno recordó que el pasado 24 de febrero el órgano electoral le ordenó bajar de su cuenta de Twitter unas publicaciones por contener información sobre los logros de su administración.
“Ya que pase el 10 de abril damos los montos de inversión, porque ayer (24 de febrero) por el monto de inversión que pusimos en un tuit, el INE nos dijo que no podemos hablar de lo que ellos tampoco hablan”
Y es que el pasado jueves, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral dio un plazo de tres horas para que la mandataria capitalina retire varios mensajes que violan la veda de Revocación de Mandato.
De acuerdo con el órgano, en una de las publicaciones dio a conocer posibles logros de gobierno y en la segunda escribió: “Buenas noches. Les invito a participar en eso que me prohibieron hablar”, lo que, indicó el organismo, vulnera la prohibición que tienen los servidores públicos de promover el ejercicio de democracia directa.
Respecto del primer mensaje donde se dan a conocer acciones del gobierno de la Ciudad de México, la Comisión declaró procedente la medida cautelar toda vez que la publicación destaca, realza y exalta logros de gobierno de la Ciudad de México, lo que podría encuadrar dentro de la categoría de propaganda gubernamental que está prohibida durante el periodo comprendido entre la emisión de la convocatoria ocurrida el pasado 4 de febrero y la jornada de la Revocación.
“La funcionaria emitió propaganda gubernamental en periodo prohibido, por lo que se considera que existe un riesgo actual y real, de que la servidora pública incurra nuevamente en posibles vulneraciones a los principios constitucionales y legales, en el contexto de la revocación de mandato en curso”
Por ello, el INE ordenó a Sheinbaum Pardo que realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación alojada en su cuenta de red social, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración.
Poco después de la sanción, en su conferencia de prensa, la jefa de Gobierno informó que buscará interponer medidas jurídicas ante la solicitud del INE, pues aseguró que el órgano se preocupa más por revisar sus publicaciones que en promover la consulta de Revocación de Mandato.
“Lo vamos a bajar, pero vamos a interponer medidas jurídicas indispensables porque no estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo con que estén más preocupados por andar bajando tuits que por hacer una promoción de la democracia participativa”
En su rueda de prensa, reprochó que los consejeros no sean árbitros de la democracia, y utilicen la Constitución en beneficio de “otros”.
“No hay árbitro, están de un lado, ese es el problema de los consejeros electorales, utilizan como argumento que la Constitución determina las características de la veda, pero ellos están actuando contra la veda”, arremetió.
