La Pluma
/ Ricardo Monreal /
El próximo jueves 31 de marzo se cumplen exactamente 100 días de la detención arbitraria e ilegal de José Manuel del Río Virgen, llevada a cabo por autoridades locales del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Vale la pena hacer un recuento de lo que desde entonces ha sucedido, con el objetivo de entender el origen de este atropello a la justicia, y la resistencia que jueces, fiscales y personas funcionarias del estado han ejercido para evitar que se resarzan los agravios en los que se incurrió.
Prólogo de una injusticia más en Veracruz
Existen verdades tan evidentes que, por sabidas, se callan. En México, una de éstas es que el sistema de justicia se torció desde hace décadas, generando niveles de impunidad tan altos que el país se colocó en los últimos y lastimosos lugares de calidad en la administración de justicia. Sólo como muestra podemos referir que en 2018, año en que inició la transición política en México, únicamente se denunció el 10 por ciento del total de los delitos cometidos, de los cuales, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación solamente para el 63.9 por ciento de los casos. Es decir, en 2018, sólo el 6.8 por ciento de los ilícitos reportados fue investigado por las autoridades.
Éste es uno de los males que el movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado erradicar dentro de los límites de su actuación. Y, aunque ha habido avances, aún existen bastiones de resistencia que se niegan a ceder, y en los cuales, el poderío del Ejecutivo de ciertos estados es ejercido de manera metaconstitucional e ilegal, impidiendo que la justicia se aplique de manera pronta, objetiva y expedita, al convertirla en un instrumento de persecución, control y opresión.
Tal es una de las verdades que durante el régimen pasado fueron tan constantes y sabidas, pero que muy pocas voces se atrevieron a enunciar. No obstante, como parte de la nueva vida pública de nuestro país, es necesario que este tipo de abusos se denuncien y se combatan, especialmente por quienes provenimos del movimiento que encabeza el hoy presidente de México, que tiene como uno de sus pilares la defensa de las personas marginadas, agraviadas y perseguidas por el poder.
Por ello, desde el año pasado señalé los errores y abusos que el Poder Judicial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave estaba cometiendo. Entre los casos que la gente me hizo llegar, resaltó el de seis jóvenes encarcelados injustamente por supuestos agravios a la autoridad, un delito que, además de ser inconstitucional, no había sido cometido por los muchachos.
La injusticia en su contra me llevó a señalar públicamente lo que estaba pasando en Veracruz, pues, al acercarme al caso de aquellos jóvenes, cada vez más personas acudieron a mí para exponerme un número considerable de sucesos similares. Ante esta situación, el 18 de diciembre de 2021, en mi calidad de senador de la República, envié al Congreso del estado la fundamentación jurídica del porqué la reforma que ese mismo parlamento aprobó en marzo de 2021, ampliando las causas y laxitud de la aplicación del delito de ultrajes a la autoridad, resultaba inconstitucional. Además hice un llamado a las legisladoras y los legisladores locales para derogarlo.
Al día siguiente, el 19 de diciembre de 2021, los seis jóvenes fueron liberados. Dos días después, el 21 de diciembre de ese año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó una recomendación con base en este caso, dirigida al gobernador y a la fiscal del estado (https://cutt.ly/5DEqMYp). Entre los puntos más importantes contenidos en el documento, la CNDH sugirió derogar el delito de ultrajes contra la autoridad[1].
Tras un día de que la recomendación fuera publicada, y a pocos de la liberación de los seis jóvenes —hechos que fueron entendidos como una falla en el sistema de justicia y en el Gobierno de Veracruz—, las autoridades estatales detuvieron de manera arbitraria a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien, además de ser mi colaborador y amigo, ha tenido una trayectoria política intachable, tanto a nivel nacional como local, pues él es veracruzano.
En su momento, esa acción fue entendida como una respuesta del Gobierno estatal a lo sucedido en torno al tema de ultrajes de autoridad, pues al no contar con ningún elemento válido para la detención de José Manuel, ésta fue mediatizada como una vendetta personal y no como un proceso que legítimamente buscara hacer justicia.
El tiempo y los procesos judiciales se han encargado de demostrar una y otra vez la inocencia de este funcionario de la Cámara Alta, pero la necedad, la corrupción, y los excesos del Gobierno local, así como de su Poder Judicial, se han empecinado en mantenerlo preso de manera ilegal.
Cien días esperando justicia
De acuerdo con el Séptimo Informe de Violencia Política en México 2021, elaborado por Etellekt consultores, entre el 7 de septiembre de 2021 y el 6 de junio del mismo año, se registraron 152 crímenes políticos en Veracruz, convirtiéndose en la entidad federativa con la mayor ocurrencia de este tipo de fenómenos, por encima de Puebla (con 100) y el Estado de México (con 87). Pero además fue el estado con el segundo mayor incremento porcentual en este índice, con una variación del 204 por ciento, sólo después de Campeche, cuya variación fue del 280 por ciento, con la enorme diferencia de que los números reales de Campeche fluctuaron de 5 a 19 agresiones, y las de Veracruz pasaron de 50 a 152.
En este contexto de violencia en el estado ocurrió el lamentable homicidio de Remigio Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Cazones de Herrera. Este crimen, como todos los delitos que se cometen en México, impactó en la vida pública e indignó a propios y extraños. Es fundamental hacer hincapié en el reclamo constante de toda la población por mejores condiciones de seguridad, al cual ninguna persona puede sentirse ajena, así como tampoco al dolor de los deudos y de la ciudadanía que había posicionado a René como candidato a presidente municipal. En este caso, como en cualquier otro, el castigo a las personas responsables es imperioso, para acabar con la enorme impunidad.
La impartición de justicia no implica solamente la captura y sentencia de presuntos responsables, sino el seguimiento minucioso del proceso judicial. Sin embargo, la actuación de las autoridades veracruzanas parece inclinarse más por la presentación de culpables que por construir fehacientemente una verdad jurídica. Así lo muestra la actuación de la fiscal general del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Verónica Hernández Giadáns, quien sin ningún elemento de ley ordenó la detención de José Manuel del Río Virgen, por su supuesta responsabilidad en el lamentable homicidio de Remigio Tovar Tovar.
De manera inmediata, desde la Junta de Coordinación Política del Senado, todas y todos los coordinadores parlamentarios emitimos un pronunciamiento en el que subrayamos que la carpeta de investigación dio paso a una infundada aprehensión, la cual fue solicitada por escrito, incurriéndose así en otra irregularidad, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las órdenes de aprehensión deben ser solicitadas en audiencia ante el juez de control, por lo que aquélla carecía de validez; es decir, se trató de una orden de captura ilegal, que no contaba con fundamentación ni motivación, pues no existía (ni existe) prueba alguna que relacione a José Manuel de manera directa o indirecta con los hechos que se le imputan, dejándolo en estado de indefensión, en contraversión con las garantías del artículo 16 constitucional.
La detención fue tan aberrante que, a los pocos días, el 27 de diciembre de 2021, la CNDH atrajo el caso (https://cutt.ly/kDEodDA). Desde la privación de la libertad de José Manuel hasta la fecha, su defensa ha presentado argumentos legales contundentes que apuntan a su inocencia y que resaltan las irregularidades que las autoridades (la fiscal general; el fiscal octavo adscrito a la Fiscalía ce Investigaciones Ministeriales, Luis Antonio Domínguez, y el titular del Ejecutivo del estado) han cometido.
La primera audiencia se llevó a cabo el día de la detención, el 22 de diciembre. Sin embargo, ante la falta de conocimiento de la carpeta de investigación, la defensa de José Manuel solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas. La audiencia continuó el 27 de diciembre, con una duración aproximada de 27 horas.
Como resultado, el juez reconoció que el Ministerio Público no le aportó elementos suficientes para vincular a José Manuel a proceso. Sin embargo, el juez de control, Francisco Reyes Contreras, presentó 11 datos de prueba, con la intención de imputarlo. Las teorías no tiene ni pies ni cabeza: su conclusión es que debido a que Del Río Virgen tiene un nivel alto de estudios, que milita en un partido político y que tiene un cargo relevante en el Senado de la República, entonces pudo haber tenido interés en el homicidio de René Tovar Tovar. De esta infundada manera fue vinculado a proceso.
El 17 de enero de 2022, la defensa presentó un amparo ante el juez decimoséptimo de distrito en Xalapa, Veracruz, Jesús Cuéllar Díaz. Es pertinente destacar que el agente del Ministerio Público federal, Daniel Gilberto Cornejo, adscrito al juzgado de distrito, emitió una opinión ministerial en sentido positivo a favor de José Manuel, en el sentido de concederle el amparo, ante la falta de datos de prueba mínimos que pudieran presumir su probable participación en el ilícito.
El 27 de enero se realizó la audiencia incidental, en la cual el juez otorgó la suspensión definitiva, y la audiencia constitucional se llevó a cabo el 9 de marzo. En ésta, el juez de distrito concedió el amparo, señalando que los 11 datos de prueba que fueron presentados por el juez de control, en su conjunto, no representaban fundamento alguno para poder vincular a José Manuel, ordenando que se dictara un nuevo acto de no vinculación a proceso en un plazo que no excediera los 10 días hábiles, durante los cuales el juez de control debería llamarlo a audiencia y otorgarle su libertad de manera inmediata.
Como era de esperarse, la Fiscalía General del Estado de Veracruz impugnó el amparo, mediante el recurso de revisión en contra, oficializado el 25 de marzo de este año; sí, en su legítimo derecho, pero también como un acto para intentar frenar lo inminente y ocultar que el proceso fue llevado a cabo de manera irregular.
La impugnación implica que el proceso ahora tendrá que ser llevado a un tribunal colegiado de circuito, lo cual podría extenderse hasta tres meses. No se debe dejar de mencionar que la Fiscalía estatal no presentó la documentación completa, por lo que el juez de control otorgó un plazo de tres días para hacerlo; de no cumplir con él, la impugnación no procederá.
La recomendación de la CNDH sobre el caso
Las resistencias para que la justicia prevalezca y las fallas en el proceso en contra de José Manuel son claras, y son también la materia que compone la recomendación de la CNDH realizada en torno al caso a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a su titular, publicada el 24 de marzo de este año (https://cutt.ly/zDEaHri), en la que se confirman los elementos que la defensa había sostenido como violatorios del debido proceso y de los derechos humanos del funcionario de la Cámara de Senadores.
En la resolución, la CNDH otorgó la calidad de víctima a José Manuel del Río Virgen e instruyó que le sea reparado el daño; también determinó que se presentaron violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad, así como al acceso a la justicia en su contra, al acreditar que su detención fue arbitraria; la imputación de hechos, indebida, y el debido proceso, vulnerado.
Asimismo, el órgano defensor se pronunció respecto a la violación a los derechos humanos de las personas que viajaban junto con Del Río Virgen en el momento de su detención, entre ellas, una menor de edad, para quienes también se exige la reparación de los daños.
La CNDH documentó que José Manuel fue aprehendido en territorio veracruzano el 22 de diciembre por un grupo de ocho personas que, en pleno uso de la fuerza, apuntaban con armas largas al vehículo en el que se trasladaba y no le notificaron a tiempo el motivo de su detención.
Igualmente, la Comisión acreditó que la autoridad de justicia local informó que la orden de aprehensión fue solicitada luego de que investigaciones realizadas del 19 de junio al 9 de diciembre de 2021 aportaran “nuevos elementos de prueba” en contra de Del Río, por probable participación en el homicidio.
No obstante, de acuerdo con la propia CNDH, esos “nuevos elementos de prueba” no fueron más que ampliaciones de declaraciones de testigos, mismas que se rindieron el 20 de octubre de 2021, pero entre la fecha de esos testimonios y la solicitud de la orden de aprehensión, en ningún momento se citó a comparecer a José Manuel, para que pudiera ejercer su derecho a una defensa adecuada dentro del proceso penal, lo cual representó otra violación a sus derechos humanos.
Fue hasta el día de su detención que él tuvo conocimiento de los delitos que se le imputaban, por lo que además de que la autoridad de justicia local no realizó una valoración objetiva de las evidencias que alegó, “en ningún momento se desprende la participación de José Manuel del Río Virgen en la comisión de un delito, por lo que resulta en una flagrante imputación indebida de hechos”, apuntó la Comisión.
En este sentido, la CNDH determinó que “hay evidencias suficientes para establecer que en el caso hubo violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia”. El organismo establece también que la actuación de la justicia local “vulneró el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, al realizar una deficiente valoración de pruebas, desestimando la verdad de los hechos y pretendiendo crear una variante paralela de la realidad abusando de sus facultades y del ejercicio del poder”.
Con base en lo anterior, la institución defensora de los derechos humanos recomendó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a su titular Verónica Hernández Giadáns que se proceda a la reparación del daño a José Manuel y a las personas que presenciaron y han padecido la detención arbitraria de éste, mediante una compensación justa y suficiente, por lo que se les otorga la calidad de víctimas y deberán ser inscritos en el Registro Estatal de Víctimas.
La Fiscalía de Veracruz tiene quince días hábiles, a partir de la notificación, para responder públicamente sobre la aceptación de la recomendación 59/2022, que se resolvió el 24 de marzo por la CNDH, misma que ha dado seguimiento a los casos de abusos de autoridad cometidos por el gobierno de Cuitláhuac García en ese estado.
El contenido de la recomendación mencionada demuestra con claridad que la detención de José Manuel fue arbitraria, ilegal y violatoria de sus derechos humanos. Que el proceso, más que obedecer a la búsqueda de la justicia es el resultado de las consignas de un gobernador que utiliza a su antojo las instituciones judiciales del estado, en detrimento no solamente de ellas mismas, sino de la sociedad veracruzana en su conjunto.
El fin de la barbarie
Las erradas decisiones de jueces y fiscales locales, la elaboración de pruebas ficticias para incrementar a José Manuel y la persistencia del Ejecutivo estatal, incluida la Fiscalía General del Estado, por evitar que los agravios sean corregidos forman, en su conjunto, un proceso de barbarie judicial que se debe corregir.
Todos los elementos y argumentos que han surgido a lo largo del proceso ocasionarían que cualquier juez o fiscal corrigiera el rumbo de la investigación, pero a pesar de que jurídicamente el caso carece de sustento, se prevé que su proceso se alargue, en caso de que la Fiscalía solvente las deficiencias de su recurso de revisión, lo que preocupa sobremanera, dadas las intervenciones públicas del gobernador Cuitláhuac García.
Debe dejarse claro que el amparo que recientemente le fue negado a José Manuel corresponde tan sólo a lo relativo a la medida cautelar, y es distinto del concedido por la justicia federal contra el auto de vinculación, por lo que la decisión de dejar sin efectos la medida cautelar de prisión continúa firme. Con base en la recomendación de la CNDH y la decisión de la justicia federal, la Fiscalía General del Estado de Veracruz debería desistirse del recurso de revisión, para evitar que se sigan afectando los derechos humanos de Del Río Virgen.
Por fortuna, existen estos órganos jurisdiccionales federales, independientes, autónomos y objetivos, pues, aunque las chicanadas del Gobierno estatal, de sus jueces y fiscales locales puedan prosperar de manera temporal y raquítica, la verdad y la justicia aflorarán, y la barbarie terminará. Aunque el daño causado es enorme y permanente, tarde o temprano habrá efectos justicieros, pero ¿hasta cuándo?
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
Fuentes
[1] Hasta el momento, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (https://cutt.ly/sDEw9ev) declaró la invalidez de este tipo penal, el Gobierno de Veracruz ha buscado la manera de que siga vigente, inmiscuyéndose de manera burda e indebida en las decisiones judiciales.
