/ Francisco Ortiz Pinchetti /
Transcurren los días, las semanas y los meses sin que la oposición sea capaz de ofrecer una alternativa frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos, ni siquiera han logrado fijar una posición ante los problemas torales del país, o articular una crítica organizada y eficaz. Mucho menos presentar una opción electoral coherente. Y faltan sólo 22 meses para las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024.
Todos los días, el propio régimen, el Presidente mismo, ofrecen una rica variedad de temas. Abundan las debilidades, las mentiras, las pifias, los fracasos del gobierno federal. Un amplio menú.
Y la oposición, como momia.
La respuesta de los opositores se limita a declaraciones aisladas, a menudo poco fundamentadas, de legisladores o dirigentes. No hay una presencia permanente y formal de la alianza Va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD. Tampoco por parte del Movimiento Ciudadano. La propuesta reciente del apenas formalizado Frente Cívico Nacional, que urgió a la selección de un candidato de unidad, no ha sido hasta ahora secundada. Debieran estar conscientes de que posicionar a un candidato en este extenso país de 92 millones de electores puede requerir dos y hasta tres años.
Ni siquiera se dan cuenta, parece, de que según las encuestas recientes prácticamente la mitad del electorado mexicano estaría dispuesto ahora mismo a votar por ellos, por lo que una derrota del lopezobradorismo en 2024 es absolutamente posible, como lo sabe el propio tabasqueño.
Tampoco reaccionan ante las descalificaciones o las campañas de desprestigio orquestadas desde Palacio Nacional con objeto de sabotear la alianza opositora. Ni se deslindan y defienden. Dejan pasar, como si no pasara nada. Y pasa, claro.
No hay capacidad para contrarrestar los argumentos centrales de las campañas paraelectorales de las “corcholatas” que quedan en la reducida lista presidencial de posibles candidatos. Uno de ellos es particularmente delicado, además de falso: si llega otro gobierno –les dicen a los beneficiarios– les van a quitar las pensiones, las becas y demás apoyos de los programas sociales.
Y la oposición, como momia.
Parecieran ignorar los opositores, sus asesores, que ese es el tema central de la estrategia electoral de López Obrador. La entrega de dádivas en efectivo, particularmente a las personas de la tercera edad, le funcionó desde que fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal. Es el secreto mismo de su popularidad imbatible.
El propio gobierno presume que sus programas sociales, en los que eroga alrededor de 3.4 billones de pesos anuales (la mitad del presupuesto nacional total), atiende a unos 23 millones de beneficiaros. Y, ojo: eso representa el 65 por ciento de los hogares del país.
Se estima que 22 por ciento del electorado nacional se beneficia, directa o indirectamente, de algún programa social federal. Esto representa casi un cuarto de los votos que se pueden conseguir en las urnas, lo que podría ser determinante para cualquier tipo de comicios.
En el caso de la pensión bimestral para los viejitos, que alcanza ya a unos 10 millones en el país, hay que considerar que tiene además un efecto multiplicador: al menos tres familiares por cada uno de los beneficiaros, en promedio, se ven aliviados indirectamente de sus obligaciones por esa ayuda. De ahí la insistencia de los candidatos y dirigentes de Morena en advertir que una victoria opositora significaría la pérdida de esos beneficios.
Y la oposición, como momia.
No han sido capaces los partidos en lo individual, ni la alianza en su conjunto, articular una campaña nacional de información (utilizando también los tiempos en medios electrónicos a que les dan derecho las prerrogativas), para combatir esa falacia… absolutamente eficaz por lo demás.
Debieran difundir masivamente el mensaje de que los programas sociales no pueden ser cancelados. Son ya un derecho constitucional. En mayo de 2020, a iniciativa del propio Presidente, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 4o. de la Carta Magna para garantizar “la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad”.
El precepto establece que el Estado garantizará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de 18 años, indígenas, afromexicanas, y aquellas en condición de pobreza. Incluye el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años en adelante. (Esa edad se redujo a 65 años a iniciativa del propio AMLO, en vísperas de los comicios intermedios de 2021).
De la misma manera, se formaliza la obligatoriedad de crear un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando los que viven en familias en condiciones de pobreza. Esta medida pretende garantizar el derecho a la educación con equidad.
El uso y en este caso promoción electoral de los programas sociales está por supuesto prohibido. Pero los morenistas han aprendido de su jefe aquello de que “no me vengan ahora con que la ley es la ley”.
Y la oposición, como momia. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
LA PEDRADA. La piedra que una mano anónima arrojó contra Luis Echeverría Álvarez la tarde del 14 de marzo de 1975 y que golpeó la frente del entonces Presidente de la República en el campus de Ciudad Universitaria, es un símbolo de la ignominia que representa ese hombre fallecido hace una semana a la edad de 100 años. En un acto de desvergüenza absoluta, acudió ese día a la UNAM para el ciclo escolar. Él tenía ya en la conciencia la represión de 1968 y la matanza atroz del 10 de junio de 1971, que el mismo ordenó, entre otras infamias. Murió sin embargo en la impunidad. Aquella pedrada, sin embargo, quedó como evidencia imborrable del repudio de toda una Nación.
@fopinchetti
