*Toda muerte es injusta, pero es más injusta la muerte de quienes se preparan toda su vida para sanar el cuerpo de una sociedad que en muchos sentidos parece que agoniza, acusan.
* Exigen protección al personal médico y terminar con esa práctica esclavista del servicio social.
19/07/2022/ México.-Luego de que un joven de 24 años, médico que hacia su servicio social en Durango, fuera asesinado por dos sujetos que atendía por presentar un elevado grado de intoxicación por consumo de drogas en un Hospital, Doctoras, médicos, asociaciones, colegios, colectivas y personal de salud reclamaron este martes al gobierno de México su omisión para garantizar la seguridad, integridad física y en general la vida de las personas que se dedican al Sector Salud en zonas de alta inseguridad.
“Y que para el ejercicio de sus funciones laborales o académicas —para el caso de estudiantes residentes o de internado— deban hacerlo en comunidades con una alta incidencia delictiva, presencia y/o conflicto entre grupos del crimen organizado, autodefensa comunitaria o de difícil acceso para las autoridades por sus condiciones de seguridad o geográficas” señalan.
En ese marco, en una carta dirigida al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Asociaciones y colegios en la medicina mexicana, demandan sean atendidas una serie de propuestas en beneficio de las personas del sector salud y como medida relevante para atender el fenómeno de violencia que vive este sector a nivel nacional.
“Se institucionalice un mecanismo nacional de protección para personas dedicadas al sector salud, asimilable a las denominadas “alertas por violencia de género”.
En ese sentido el Dr. Antonio Juárez Navarro, presidente del organismo Blindaje Médico Jurídico y a nombre de otras organizaciones que aglutina a especialistas de la salud y abogados, realizaron la petición a la Secretaría de Gobernación para elaborar un Protocolo Especializado de Actuación para Prevenir posibles actos de violencia y control de riesgos en materia de seguridad para el personal del Sector Salud.
Este protocolo debería involucrar a las autoridades médicas de las distintas instituciones que integran el Subsistema Nacional de Salud Pública y Seguridad Social, a las y los médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo, para que estos aprendan a identificar posibles situaciones de riesgo y activen la actuación preventiva por parte de las autoridades para su protección y disolución del riesgo.
También se propone la elaboración de un mapa nacional de territorios en riesgo para el personal de salud, donde independientemente del origen del riesgo (crimen organizado, narcotráfico, conflictos armados, alertas de género, alta incidencia delictiva y de violencia social y comunitaria) se apliquen medidas compensatorias de carácter económico al salario de las personas del sector salud incluyendo a las que son estudiantes y se encuentran realizando internados médicos, servicio social o residencias de especialización.
En la petición entregada se detalla que actualmente, no existe mandamiento legal que reconozca mecanismos para garantizar la seguridad, integridad física y en general la vida de las personas que se dedican al Sector Salud y que para el ejercicio de sus funciones laborales o académicas —para el caso de estudiantes residentes o de internado— deban hacerlo en comunidades con una alta incidencia delictiva, presencia y/o conflicto entre grupos del crimen organizado, autodefensa comunitaria o de difícil acceso para las autoridades por sus condiciones de seguridad o geográficas. Como sí existe para el caso del personal dedicado a funciones de seguridad ciudadana, investigación de delitos e impartición de justicia con los denominados “bonos por riesgo laboral” incluidos dentro de sus salarios o prestaciones específicas como seguros de vida en amplia cobertura para compensar el riesgo que corren al ejercer sus responsabilidades laborales.
Lo anterior es derivado de la situación que están atravesando los médicos actualmente, donde no son pocos los casos de violencia y homicidios “están asesinando a los médicos: en sus consultorios, mientras operan en salas de urgencias, dentro de los hospitales, en las calles, resguardando a sus pacientes y la gran mayoría en la sierras”.
El detonante.
El viernes pasado fue asesinado con arma de fuego el médico pasante Érick David Andrade Ramírez, de 24 años, en el Hospital Integral del ejido El Brillante, en el municipio Pueblo Nuevo, Durango. a manos de dos jovenes de 21 años uno de los detenidos quienes le vaciaron las pistolas que portaban en la cabeza del pasante que estaba a un 15 días de terminar con su servicio social.
El doctor Erick Andrade fue atacado, mientras atendía a un joven con adicción a las drogas. De acuerdo al informe preliminar el acompañante del paciente sacó un arma y disparó en varias ocasiones contra Erick Andrade, quien recibió los impactos en la cabeza. Sin embargo forenses encuentran dos tipos de balas en la humanidad del infortunado joven estudiante de medicina.
El hecho ha generado no sólo una indignación social sino protestas de colegios médicos y personal de salud contra la ola de criminalidad en contra de este sector y la omisión del gobierno de Morena ante el fenómeno de inseguridad.
La Universidad Juárez del Estado y la Universidad Autónoma de Durango anunciaron que retirarán a los médicos pasantes del servicio social en los lugares que no se cumpla con lo establecido en la Norma Oficial sobre servicio social y campos clínicos.
CARTA A SEGOB
Ciudad de México a 19 de julio de 2022.
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
MTRO. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ.
P R E S E N T E
Están asesinando a los médicos: en sus consultorios, mientras operan en
salas de urgencias, dentro de los hospitales, en las calles, resguardando a
sus pacientes y la gran mayoría en la sierras.
Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y
casi todos los hermosos estados de este país han sido testigo del
asesinato de doctoras y doctores que dedican su vida a salvar otras vidas;
después de su muerte, vienen las condolencias, le sigue el olvido y la
historia termina en impunidad. Toda muerte es injusta, pero es más injusta
la muerte de quienes se preparan toda su vida para sanar el cuerpo de
una sociedad que en muchos sentidos parece que agoniza.
Actualmente, no existe mandamiento legal que reconozca mecanismos
para garantizar la seguridad, integridad física y en general la vida de las
personas que se dedican al Sector Salud y que para el ejercicio de sus
funciones laborales o académicas —para el caso de estudiantes
residentes o de internado— deban hacerlo en comunidades con una alta
incidencia delictiva, presencia y/o conflicto entre grupos del crimen
organizado, autodefensa comunitaria o de difícil acceso para las
autoridades por sus condiciones de seguridad o geográficas. Como sí
existe para el caso del personal dedicado a funciones de seguridad
ciudadana, investigación de delitos e impartición de justicia con los
denominados “bonos por riesgo laboral” incluidos dentro de sus salarios
o prestaciones específicas como seguros de vida en amplia cobertura
para compensar el riesgo que corren al ejercer sus responsabilidades
laborales.
Si bien es cierto que estos mecanismos implementados para el caso de
personal judicial y de seguridad son insuficientes para garantizar su
integridad física y la propia vida, sí sientan una base de protección mínima
por parte del Estado para compensar los riesgos que corren en el ejercicio
de sus funciones. Por lo que se considera debieran replicarse al personal
del Sector Salud dada la alta concurrencia de violencia cometida en su
contra, además de otras medidas de carácter ejecutivo a cargo de las
autoridades de los tres niveles de gobierno para reducir y prevenir de
forma integral estos actos desproporcionales de violencia como lo son:
1. La integración de un informe público y especializado sobre
violencias en contra del personal médico y del sector salud elaborado
bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación, con representantes de
las distintas instituciones de fiscalización e impartición de justicia en las
treinta y dos entidades federativas, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y expertos representantes de la sociedad civil y del gremio de
la salud para contar con información precisa sobre el número de casos de
afectación, los lugares en los que concurren estos, las principales causas
detonadoras de la violencia y si estas están relacionadas o no con otras
variables de seguridad nacional y ciudadana.
2. Derivado de lo anterior, se elabore un Protocolo Especializado de
Actuación para Prevenir posibles actos de violencia y control de riesgos
en materia de seguridad para el personal del Sector Salud. Que involucre
a las autoridades médicas de las distintas instituciones que integran el
Subsistema Nacional de Salud Pública y Seguridad Social, a las y los
médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo, para que estos
aprendan a identificar posibles situaciones de riesgo y activen la
actuación preventiva por parte de las autoridades para su protección y
disolución del riesgo.
3. Del mismo ejercicio, se elabore un mapa nacional de territorios en
riesgo para el personal de salud, donde independientemente del origen
del riesgo (crimen organizado, narcotráfico, conflictos armados, alertas de
género, alta incidencia delictiva y de violencia social y comunitaria) se
apliquen medidas compensatorias de carácter económico al salario de las
personas del sector salud incluyendo a las que son estudiantes y se
encuentran realizando internados médicos, servicio social o residencias
de especialización.
4. Se institucionalice un mecanismo nacional de protección para
personas dedicadas al sector salud, asimilable a las denominadas “alertas
por violencia de género” para que las autoridades federales, estatales y
municipales incluyendo las que dependen de la Secretaría de la Defensa
Nacional implementen estrategias de inteligencia en materia de
seguridad ciudadana en los territorios calificados como de mayor riesgo
para el personal médico. (Con objetivos de contención y prevención de la
violencia y la delincuencia).
Por lo antes expuesto, solicitamos sean atendidas dichas propuestas en
beneficio de las personas del sector salud y como medida relevante para
atender el fenómeno de violencia que vive este sector a nivel nacional.
2 de 3
ATENTAMENTE:
PRESIDENTE DR. ANTONIO JUÁREZ NAVARRO
BLINDAJE MÉDICO JURÍDICO
PRESIDENTE DR. VÍCTOR GUTIÉRREZ OLIVÁREZ
COLEGIO FEDERAL DE PERITOS
PRESIDENTE DR. JOSÉ MANUEL FAJARDO GONZÁLEZ
FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, A.C.
PRESIDENTE DR. ANTONIO JUÁREZ NAVARRO
COMISIÓN DE DERECHO MÉDICO Y SANITARIO DE LA FEMECA
PRESIDENTE DR. LUIS DANIEL SÁNCHEZ ARREOLA
SOCIEDAD MEXICANA DE MEDICINA DE EMERGENCIAS
DR. ANDREA CASTRO SÁNCHEZ
MAMÁS DOCTORAS A.C.
