/ María Elena Morera /
Durante años, el 1º de septiembre los mexicanos hemos escuchamos irremediablemente a los presidentes presumir los logros de su gobierno y guardar en el cajón aquello que no han cumplido. Nunca fue un ejercicio de rendición de cuentas y en la actual administración menos.
El presidente ha institucionalizado el engaño como una política de Estado. Todos los días en las mañanas dedica de dos a tres horas a repetir frases, a disfrazar sus mentiras con la frase “yo tengo otros datos”, a despotricar contra los órganos autónomos o contra cualquiera que piense distinto. También utiliza sus conferencias en destapar y apoyar candidatos, echarle culpas al pasado y girar instrucciones a su gabinete, sin que ni siquiera importe si están o no dentro en sus atribuciones.
Además de tener este espacio privilegiado que se repite en los medios de comunicación y en las redes sociales a lo largo del día, en las semanas previas a su 4to informe, la presidencia inició la difusión de 215 mil spots publicitarios para promoción de medias verdades a mentiras completas, repitiendo hasta el cansancio “no somos iguales”. Con lo que por cierto coincido, son peores.
Recordemos que el presidente ganó las elecciones en 2018 porque tenía un buen diagnóstico de los problemas de México, con el que millones coincidían. Basicamente que la corrupción, la inseguridad y la desigualdad estaban acabando con el país.
Sin embargo, al gobernar ha mostrado que tener un diagnóstico no es suficiente y que con palabras (cada día más huecas) no se modifica la dolorosa realidad de millones de personas. A 758 días de que termine su mandato, no le ha cumplido a los mexicanos.
Entre las muchas frases y promesas que el mandatario ha pronunciado, hago un recuento de engaños y mentiras, que a 4 años de iniciado el gobierno, dan cuenta que el presidente vive una realidad alterna.
Antes de llegar a la presidencia decía que “se tiene que profesionalizar la policía, tenemos que tener una policía federal, porque tenemos que ir sacando al Ejército de las calles” (sic). Sin embargo, una vez que llegó al gobierno destruyó a la Policía Federal; envió al Congreso una iniciativa constitucional, la Ley de la Guardia Nacional, para crear una nueva institución de carácter civil que estaría formada por expolicías federales y fuerzas armadas. Sin embargo, contrario a la ley y a lo sostenido por años, la instrucción fue que la operación estuviera a mando de los militares, que eliminaran a los policías federales y que se construyera “por la puerta de atrás” una cuarta fuerza castrense. Lo que al principio fue disfrazado, se terminó descarando y en días pasados el presidente envío una nueva iniciativa (inconstitucional) al Congreso para que la Guardia pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Respecto a los homicidios dolosos López Obrador había dicho “esto va a ir mejorando mucho en la medida que se consoliden los programas sociales, creo que en seis meses”. De diciembre de 2018 a julio de 2022 se han cometido 126, 595 asesinatos. A estos números de por si escandalosos, debemos agregar el apartado que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como “otros delitos contra la vida” y los más de 30 mil desaparecidos.
“Vamos a atender ese triste y grave asunto de los desaparecidos, es una demanda pendiente. El compromiso es que va a haber justicia”, fue otra de sus promesas. El contraste con la realidad, no obstante, es trágico: a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que entre otras muchisimas responsabilidades tiene la encomienda de atender a familiares de desaparecidos para darles apoyos económicos y la reparación del daño, le recortaron en 2020 el presupuesto en un 75%, lo que provocó una parálisis de actividades esenciales. Para 2022, la CEAV opera con un déficit presupuestal de más de 1 mil 600 millones de pesos.
“la Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía, no recibirá consigna del presidente de la república”, aseguró. Respecto al caso de Vallarta, que está en prisión acusado de varios secuestros, el presidente instruyó a la secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodriguez que (si había elementos suficientes) pidiera a la Fiscalía que se desista, además insistió que cuando existe voluntad de hacerlo es un procedimiento que se resuelve en 24 horas. Nada de esto ha pasado.
En lo que sí ha sido constante es en los ataques contra los jueces: “el Poder Judicial está intacto, a los jueces no les importa el pueblo, defienden intereses de grupos”. Esto se ha recrudecido ahora que intenta defender la figura inconstitucional de prisión preventiva oficiosa. Insiste en mantener en la cárcel sin juicio a cuatro de cada 10 presos. Sin importarle esta grave afectación a quienes no tienen la posibilidad económica de defenderse. Es claro que el presidente quiere mantener esta figura porque es una forma de extorsión que le resulta de utilidad para que, sin probar nada, pueda enviar a la cárcel a quien decide.
Cuando prometió que “…se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimento de México” hubo una verdadera esperanza de la gente. La realidad no puede ser más distintas. Los escándalos de posible corrupción de familiares como su hermano Pío o su hijo José Ramón y de funcionarios de su administración como Bartlett o el mismo fiscal Gertz Manero han sido constantes, sin embargo, sin que le corresponda y sin juicio alguno desde la tribuna presidencial los exonera.
El jueves en su informe el presidente le dedicó escasos 6 minutos al tema que más preocupa a los mexicanos, la inseguridad. Engañó como es su costumbre, no hizo una sola mención a las víctimas y dejó lo suficientemente claro que no cederá ni una coma en su estrategia de militarización y militarismo.
