Por Carla Erika Ureña
En días pasados, 70 diputadas de Morena, encabezadas por Andrea Chávez Treviño, presentaron una queja por violencia política de género en contra de diversos actores del acontecer político mexicano, entre ellos, la analista Denise Dresser y el dirigente del PAN, Marko Cortés, por declaraciones que esos actores realizaron públicamente respecto de la expresidenta municipal, exsecretaria de Educación y muy probable futura candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez.
Específicamente, tales actores hicieron referencia a los delitos electorales cometidos por Gómez durante su tiempo al frente del ayuntamiento de Texcoco, delitos que, a pesar de haber sido determinados en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dio origen al pago de una multa como sanción a Morena, para el caso del deslinde de la responsabilidad individual de Delfina, se encuentran pendientes de investigación, judicialización y resolución por la inacción de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, encabezada por Agustín Ortiz Pinchetti, quien abiertamente se ha proclamado amloísta. Cabe recordar que Delfina Gómez solicitó a sus subordinados aportaciones de dinero consistentes en el descuento de 10% del salario que le era retenido a los trabajadores municipales para luego destinarlo a Morena como “aportaciones voluntarias”, lo que está definido como delito en el artículo 11 fracción V de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Pero, ¿es violencia política de género que actores políticos llamen “delincuente electoral” o cualquier otro alusivo a la presunta responsabilidad de Gómez o es sanción social, justo reclamo ante la impunidad de la que goza Delfina desde la protección del grupo en el poder?
La violencia política de género se define como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.
Sin embargo, en el caso de Delfina, ni Marko Cortés, Dresser o ningún otro la alude por ser mujer, sino por la conducta antijurídica abusiva de poder que realizó como presidenta municipal a favor de Morena. Y, por el contrario, lo que se denuncia es el trato diferenciado traducido en impunidad que recibe por ser parte del grupo en el poder. No se impide a Delfina ejercer sus derechos políticos o electorales. De hecho, en todo caso, ha sido ella misma con sus acciones quien, en un sistema de procuración de justicia que respetara el Estado de derecho, se habría atraído esa inhabilitación, conforme al artículo 5 de la Ley General en materia de Delitos Electorales y el artículo 338 del Código Penal para el Estado de México, que también define a los actos cometidos por Delfina como delitos de abuso de autoridad con contenido patrimonial, lo que en conjunto, además de la inhabilitación, debía generar una sentencia de tres a ocho años de prisión, 500 a mil días multa, inhabilitación para ejercer cualquier cargo público desde el ámbito penal más 200 a 400 días multa y de dos a nueve años de prisión desde lo electoral, ya que por ley la conducta antijurídica de Delfina debe ser penalizada en ambos aspectos.
La queja de las diputadas de Morena intenta amordazar la exigencia de justicia a la que ciudadanos y ciudadanas mexicanos tienen derecho desde la protección constitucional. Las expresiones que denuncian las conductas criminales y los abusos de poder forman parte de la sanción social que queda a una nación burlada continuamente por la aplicación selectiva de la justicia y la impunidad.
@CarlaEUrenaA
