** Bajo Sospecha .
/ Bibiana Belsasso /
Con Reforma Electoral o sin ella, los cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE) son seguros. La pregunta es, ¿cuáles serán los cambios y cómo se harán?
De lo que sí tenemos certeza es que en abril del 2023 concluirán su encargo cuatro de los once consejeros del INE: Lorenzo Córdova Vianello, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón.
Ellos, al igual que sus pares Claudia Zavala, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Uuc-Kib Espadas y Martín Faz, fueron electos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años.
Córdova, Favela, Ruiz y Murayama para el periodo comprendido del 3 de abril del 2014 al 4 de abril del 2023; Ravel, Zavala y Rivera, del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026, y Humphrey, De la Cruz, Espadas y Faz, del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029.
Al término de cada periodo, compete a la Cámara de Diputados emitir una convocatoria pública para cubrir las vacantes y dos terceras partes tendrán que aprobar a los nuevos consejeros.
Ahí es donde seguro se tendrán los cambios al INE, y se tendrán que renovar a estos consejeros. ¿Qué perfil tendrán los nuevos consejeros que pudieran llegar al INE?
Mientras tanto y desde hace tiempo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la Reforma Electoral que proponía y que finalmente no va a pasar era para “limpiar” tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para garantizar que no haya jueces, magistrados o consejeros sin “vocación democrática y de inobjetable honestidad”.
Para la aprobación de la Reforma Electoral, enviada por el Ejecutivo federal, ayer el dictamen pasó al pleno de la Cámara de Diputados para ser aprobado. Para que pasara se necesitaba una mayoría calificada, que consiste en los votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el salón de sesiones, lo que no alcanzó porque le faltaron los votos de la oposición.
De acuerdo con varios legisladores, este proyecto sólo contiene los deseos del mandatario sin tomar en cuenta las propuestas de ciudadanos o de los partidos políticos, a pesar del parlamento abierto que se hizo.
En Palacio ya tenían previsto que este dictamen así no pasaría y el mismo López Obrador anunció hace semanas que irá por un plan “B”, que consiste en modificar siete leyes secundarias, sin tocar la Constitución, buscando la mayoría simple con la que en estos momentos cuenta.
Se trata de cambios a: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Federal de Consulta Popular y la Ley General de Comunicación Social.
¿Un desequilibrio para el árbitro electoral del país?
Esta estrategia de hacer cambios sin tocar la Carta Magna ya la implementó cuando hubo negativa de la oposición para negociar reformas al sistema eléctrico y a la Guardia Nacional, para que ésta formara parte de las fuerzas castrenses exactamente en los términos en que el Presidente quería.
Con el tema electoral, Morena busca hacer modificaciones que podría realizar por la vía de las leyes secundarias, entre ellas está la reducción en la estructura del INE a nivel nacional, bajar el gasto operativo del organismo, así como el establecimiento de órganos desconcentrados, llamados consejos estatales no permanentes.
Por lo pronto, la reducción al presupuesto del INE ha sido ya de millones de pesos. Reducirá el porcentaje de participación para que las consultas ciudadanas sean vinculantes con 35% y no el 40% que actualmente tiene, así como obligar a la instalación del mismo número de casillas que en un proceso ordinario. Busca quitar al INE la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas electorales.
Conforme al reglamento de la Cámara de Diputados, el nuevo dictamen deberá circular cinco días antes de sesionar. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Reforma Política-Electoral, se estima, volverán a ser citadas el martes 29 de noviembre para la aprobación del dictamen y su envío a la mesa directiva, con la finalidad de programar su presentación al pleno, que se estima podría ser el miércoles 30 de noviembre o jueves 1 de diciembre. Después pasará al Senado de la República, para su análisis y aprobación.
Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que, de aprobarse el plan “B”, tanto los diputados como los senadores de oposición, promoverán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidarlo. Incluso llamó a los ciudadanos a realizar la misma acción, en caso de que vean vulnerados sus derechos constitucionales en materia electoral.
Recordemos que la propuesta original del mandatario consiste en reducir el número de consejeros a siete de los 11 que actualmente hay, y que tengan menos tiempo en el cargo de los nueve años que actualmente tienen, pasarlos a seis, además disminuir la asignación de los recursos al organismo, cambiar el nombre para pasar a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinaría las acciones de desincorporación y transferencia de activos del INE al INEC, desaparecerían los organismos públicos locales electorales de los estados y los tribunales locales conocidos como Oples.
También buscaba la reducción de la Cámara de Diputados de 500 a 300 integrantes, quienes serán electos mediante listas estatales. Asimismo, el Senado pasaría de 28 a 96 integrantes, de tres por entidad federativa, bajo el mismo esquema de listas. Los congresos locales tendrían como tope hasta 45 diputados y en las alcaldías hasta 9 regidores.
Actualmente, el proceso para renovar a los consejeros consta de un registro abierto, que debe iniciar el 15 de diciembre y termina en enero de 2023, para que cualquier ciudadano que aspire a ser consejero se inscriba.
Después, se constituye un Comité Técnico de Evaluación (CTE), designado por los organismos autónomos, el cual enviará cuatro quintetas a la Cámara de Diputados.
Serán elegidos aquellos que sean votados por dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados; sin embargo, de no haber consenso, se recurriría a una insaculación, es decir, una tómbola.
Este último paso es el que Morena quiere dejar como único método para elegir a los nuevos consejeros, propone que sean los ciudadanos quienes elijan a los nuevos consejeros y magistrados electorales, pese a no tener experiencia en la materia, y que se adelante para febrero del 2023. ¿Usted tiene alguna duda que en caso de pasar esta propuesta, estos “ciudadanos” serán afines a Morena?
Imagine la propuesta que busca que los candidatos salgan de una lista de 20 postulados por el Ejecutivo federal, 20 por el Congreso de la Unión, que actualmente lidera Morena, y otros 20 por el Poder Judicial, los elegidos sustituirían al actual Consejo General del INE y a la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Y así están las cosas, pero de lo que sí se tiene certeza es que en abril cambiarán los equilibrios del INE.
