/Escrito por Berenice Chavarría Tenorio/
24.05.2023- Cimac Noticias.com / Ciudad de México.- Este 24 de mayo se presentará en el Senado de la República una iniciativa que tiene por objetivo reconocer la violencia ácida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sancionarla a nivel nacional en el Código Penal Federal y modificar la Ley General de Víctimas para garantizar a las sobrevivientes acceso a la reparación integral, como cirugías, atención jurídica, entre otros derechs.
La senadora Citalli Hernández Mora y el senador César Cravioto Romero, del grupo parlamentario Morena, proponen una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la adición del Capítulo I Bis “Lesiones inferidas con ácido o sustancias similares”.
De acuerdo con la iniciativa (a la que tuvo acceso Cimacnoticias) con las reformas solicitadas, el artículo 6 de la Ley quedaría de la siguiente forma:
Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I.
II. Violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto O SUSTANCIA.
También se incluiría la definición de violencia ácida, la cual sería considerada: “toda aquella que se infrinja causando daño emocional, psicológico o físico provocado por la acción de arrojar cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, caústica, irritante, tóxica, inflamable, líquidos a altas temperaturas, álcalis, ácidos y sustancias químicas similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar, o cualquier otra que pueda o no provocar daño irreparable, enfermedad incurable o la afectación o pérdida de una extremidad u órgano”.
En la misma Ley también se busca que la Secretaría de Salud realice una base de datos que permita distinguir y generar estadísticas precisas sobre los tipos de violencia que se perpetran contra las mujeres.
Por otro lado, en lo que refiere al Código Penal Federal, la iniciativa contempla la adición del Capítulo I BIS “Lesiones inferidas con ácido o sustancias similares”, a través del cual se impodrían penas de siete a 15 años de prisión y de trescientos a setecientos días de multa a quien lesione a otra persona utilizando cualquier sustancia.
Se destaca que la pena aumentará hasta un tercio cuando la lesión cause deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano.
Por otro lado, la pena se incrementará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, persona con discapacidad, menor de edad o adulta mayor. Es decir, las sanciones por este delito podrían alcanzar los 20 años de prisión.
En cuanto a las reformas a la Ley General de Víctimas, la iniciativa plantea modificar el artículo 36, para garantizar que “toda víctima de violencia ácida, entendida esta conforme a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tendrá garantizado el acceso a servicios de curación, cirugía reconstructiva, rehabilitación, atención psicológica y asistencia jurídica”.
Además, destaca que periódicamente se le practicarán exámenes y tratamiento especializado durante el tiempo necesario para su completa recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado. Todo ello de forma gratuita a través de organismos y dependencias de salud pública de cada entidad.
El documento también indica que, en caso de que la institución médica no cumpla con lo señalado y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima, la autoridad competente deberá reembolsar de manera completa y expedita.
De acuerdo con la senadora Citalli Hernández Mora, se espera que esta iniciativa sea aprobada a inicios del próximo periodo. Es decir, en septiembre debería ser una realidad, señaló en conferencia de prensa previo a la presentación.
Cabe recordar que no es la primera vez que una iniciativa de este tipo se presenta en el Senado, en total han sido al menos una docena de proyectos enfocados en la materia durante esta legislatura, destaca el documento realizado por Hernández Mora y Cravioto Romero.
Pese a ello, al día de hoy a nivel federal no hay una legislación que sancione la violencia ácida y que además proteja a las sobrevivientes de este delito. Actualmente en los estados se han realizado esfuerzos por parte de las mujeres para que estas agresiones sean castigadas.
El pasado mes de marzo el Congreso de Puebla aprobó modificaciones al Código Penal para sancionar como tentativa de feminicidio la violencia ácida, convirtiéndose en el primer estado que cataloga las agresiones con sustancias químicas de esta forma.
Oaxaca es otro estado que sanciona la violencia ácida, pero lo hace por medio del delito Alteraciones a la Salud por Razón de Género, el cual comprende daños por medio del uso de un agente físico, químico o sustancia corrosiva, para sancionarse con una pena de 20 a 30 años de prisión.
Los estados donde se sancionan los ataques con ácidos o sustancias corrosivas como agravante del delito de lesiones son: Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México.
No son lesiones, es tentativa de feminicidio: sobrevivientes de violencia ácida
Previo a la presentación de la iniciativa, mujeres sobrevivientes se congregaron en el Senado para señalar que la violencia perpetrada por medio de ácido y otras sustancias, no son “simples lesiones”, por ello, María Elena Ríos Ortiz, saxofonista agredida en 2019 en su natal Oaxaca, aseguró que es urgente escuchar a las víctimas.
“Jamás van a comprender qué conlleva este tipo de ataques. Es necesario que se llegue a la comprensión de que no se tratan de lesiones, no son rasguños, son lesiones que te dejan marcadas de por vida. El ataque con sustancias químicas son prueba del borrado de la mujer, nos borran de la vida cuando nos carcome la piel”.
Por ello, aseguró, el Estado debe garantizar políticas públicas que sean efectivas y garantizar el acceso a la salud a las mujeres, pues “sobrevivir no es un delito y el gobierno debe garantizar una buena calidad de vida”.
En lo anterior coincidió Carmen Márquez, a quien en 2020 intentaron asesinar con sosa cáustica en Veracruz. Al día de hoy, continúa sin obtener justicia.
“Me ha costado conseguir justicia, conseguir salud. Estamos tocando puertas para que nos escuchen. Previo al ataque dui a la Fiscalía a denunciar amenazas, pero lo minimizaron y no hicieron nada. Ahora cambiaron mi ruta de vida. Quiero vivir, no sobrevivir, quiero recuperar mi salud y dignidad”, afirmó.
Otra mujer que estuvo presente fue Blanca, habitante de la Ciudad de México, a quien hace apenas unos días “le quitaron la paz”, como ella asegura, pues arrojaron ácido a su auto desde una azotea, esperando que esta sustancia llegara hasta ella.
“He tratado de denunciar, pero nadie me escucha. No entiendo qué necesitan las autoridades para actuar. La violencia con ácido existe”.
Como ellas, más de 30 mujeres en México han sido agredidas con ácido u otras sustancias químicas, de acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez. Más del 90 por ciento de estos casos continúan en la impunidad.
El 60 por ciento de estos ataques fueron cometidos por quienes en ese momento o en el pasado habían mantenido una relación sentimental con la víctima. Del total de agresores, 85 por ciento fueron hombres, destaca la Fundación.
