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/ Darío Pale /
16.06.2023 Veracruz.- El abogado penalista Fidel Ordoñez ha revelado una serie de irregularidades en el caso de la detención de la jueza Angélica “N” en Veracruz, lo que ha generado preocupación en relación a los procedimientos legales y el debido proceso.
Según Ordoñez, la jueza contaba con un amparo que podría tener vigencia, lo cual plantea dudas sobre la legalidad de su arresto y abre la posibilidad de que el caso llegue a la atención de organismos internacionales como Amnistía Internacional.
Durante una entrevista concedida a la radiodifusora XEU , el abogado dijo: “Ella tiene un amparo y, al tener una suspensión contra cualquier orden de aprehensión en la cual no sea oída previamente, en México ya no se puede, -bueno, en este momento hemos visto que sí se pudo-, pero no se puede detener a ninguna persona sin haberla escuchado, porque no se trata de un delito de infame o grave”.
Asimismo, destacó que las personas tienen el derecho de defenderse en términos de los artículos 1, 14 y 15 de la Constitución, y disfrutar de todos los beneficios del derecho penal, como el debido proceso y la presentación de pruebas que pueden eximirlos de responsabilidad penal .
A juicio de Ordoñez, el debido proceso se ha visto violado en el caso de la jueza.
El abogado también se apresuró a comentar que los delitos imputados a la jueza son contra la fe pública y tráfico de influencias, ambos no considerados graves y, por lo tanto, podrían seguirse en libertad.
En cuanto al delito contra la fe pública, Ordoñez explicó que este es cometido por civiles y está relacionado con la falsificación de títulos o cédulas profesionales, la fabricación de fianzas o licencias de falsa gestión, o la emisión de certificaciones de hechos fraudulentos.
Estos están destinados a particulares y no a funcionarios o servidores públicos, como es el caso de la jueza. El abogado aclaró que existen excepciones, pero solo si se certifica un título falso u otro delito similar.
En cuanto al tráfico de influencias, que se castiga con una pena de 1 a 4 años de prisión, Ordoñez enfatizó que si fue la Guardia Nacional quien detuvo a la jueza, como se informa en la ficha de detención, sería otra irregularidad, ya que no fue aprehendida en un operativo en la calle o mientras ejercía sus funciones como miembro de la GN.
Estas revelaciones plantean serias dudas sobre la actuación de la Fiscalía de Veracruz en este caso y la necesidad de garantizar el debido proceso y los derechos constitucionales de la jueza.
La comunidad legal y los defensores de los derechos humanos esperan que se investiguen a fondo estas irregularidades y se tomen las medidas adecuadas para salvar el estado de derecho y la imparcialidad en el sistema de justicia. ha opinado la comunidad de abogados , jueces y magistrados, desde la primera detención que se evidenció como arbitraria incluso con fabricación de pruebas para justificar el levantón por parte de la SSP el pasado 5 de junio del año en curso. .
